Sofía tiene cuatro años, rizos oscuros y una mochila negra a la espalda. Ahí lleva la alimentación intravenosa de la que depende a diario, a causa de su síndrome del intestino corto, una condición que le impide absorber los nutrientes y la diferencia del resto de los niños. Su vida, ha contado su madre Deysi Vargas, es mucho mejor ahora que antes. Nació en México, donde se pasó dos años de hospital en hospital. Fue operada en seis ocasiones, tuvo infecciones sanguíneas, estuvo a punto de morir varias veces. En 2023, a través de una cita del CBP One, su familia cruzó de Tijuana a San Diego (Estados Unidos). Se establecieron de forma legal, con asilo humanitario, en California, donde Sofía recibió el tratamiento que necesitaba y pudo salir del hospital, conocer los parques, la escuela, el supermercado. Habían conseguido una estabilidad, pensó su madre. Hasta ahora. La obsesiva persecución de Donald Trump contra los migrantes ha llegado hasta Sofía. La familia ha recibido un aviso de deportación. La consecuencia de esto, han avisado los doctores, puede ser la vida de la niña.
En Estados Unidos se ha instalado el miedo. Desde que Donald Trump tomó posesión este enero, el Gobierno se ha convertido en cazador. Al principio, el republicano aseguró que estaban buscando a los migrantes que habían entrado en el país sin los documentos apropiados, para expulsarlos. Pero desde entonces, hombres inocentes han sido enviados de forma ilegal a las cárceles de El Salvador, y se han registrado redadas en iglesias y escuelas, detenciones que parecen secuestros, embarazadas a las que quieren separar de sus bebés. Muchos de los deportados tenían permiso legal para estar en Estados Unidos, algunos eran incluso ciudadanos estadounidenses. De esta brutal cruzada tampoco se salvan los niños.
De madre oaxaqueña y padre colombiano, Sofía nació en Playa del Carmen, en las costas del Caribe mexicano. Durante dos años, su familia buscó opciones médicas en el país para salvarle la vida, ha contado Deysi Vargas a Los Angeles Times. Se trasladaron a Ciudad de México y aunque la niña seguía viva, no mejoraba. El CBP One les dio la esperanza que necesitaban. La aplicación —que fue deshabilitada por Trump en el primer día de su mandato— permitía a los migrantes pedir cita con las autoridades fronterizas de Estados Unidos, exponer su caso y solicitar asilo. La familia Vargas lo consiguió en julio de 2023 ingresaron en California.
Poco más de un año después, la niña logró salir del hospital y se mudó con sus padres a Bakersfield, al oeste del Estado, donde Deysi trabajaba limpiando en un restaurante. Ahí, Sofía podía hacer “la vida más normal posible”, según relató su madre al medio estadounidense. Aún tenía que estar cada noche 14 horas conectada a una alimentación —llamada Nutrición Parenteral Total—, que pasa directo a su estómago los nutrientes que necesita, pero no tenía que estar confinada en un centro médico.
En abril, la familia recibió el mismo aviso que recibieron cientos de migrantes con protección de asilo: su estatus legal había terminado y lo mejor que podían hacer era abandonar Estados Unidos por sus medios, antes de que fueran perseguidos y deportados por las autoridades migratorias. Poco después, Deysi se quedó sin autorización para trabajar. La desesperación les llevó a contactar a Public Counsel —un bufete de abogados pro bono— y su proyecto de Derechos de los Inmigrantes. Con ellos han solicitado la continuación de su permiso humanitario por la condición médica de la niña. Los abogados explicaron en una rueda de prensa esta semana que el permiso de la familia había sido cancelado por error.
Los médicos de Sofía, del Hospital Infantil de Los Ángeles —donde la niña estuvo más de un año ingresada y ahora recibe asistencia cada mes—, dejaron por escrito en una carta: “A los pacientes que reciben Nutrición Parenteral Total en casa no se les permite salir del país porque la infraestructura para proporcionarlo o hacer una intervención inmediata si hay un problema con el acceso depende de los recursos sanitarios con sede en Estados Unidos y no se transfiere a través de las fronteras”. El doctor John Arsenault incluye que una interrupción de esa alimentación “sería letal en cuestión de días” para la niña.
El caso ha acaparado los focos en un país lleno ahora de tragedias similares. Este jueves, 38 congresistas demócratas han firmado una carta dirigida a la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, en la que le piden que reconsidere la decisión de expulsar a la familia: “Creemos que la situación de esta familia responde claramente a la necesidad de ayuda humanitaria. Es nuestro deber proteger a los enfermos, vulnerables e indefensos”. La Secretaría de Exteriores mexicana también se ha posicionado sobre el caso y ha recordado que la familia no había “incumplido las condiciones de su estancia”. La cancillería se ha puesto a disposición para acompañar a la familia y a sus abogados que están intercediendo ante los legisladores para evitar la deportación.
La directora de Public Counsel, Gina Amato, ha sido clara en su petición: “Deportar a esta familia en estas condiciones no solo es ilegal, sino que constituye un fracaso moral que viola los principios básicos de la humanidad y la decencia. Son personas que acuden a nosotros en busca de protección y en lugar de eso las enviamos a morir”.
