La Comisión Europea y el Gobierno de Viktor Orbán suman un nuevo contencioso. El Ejecutivo comunitario ha informado este miércoles de que llevará a Hungría ante la justicia europea por liberar a más de 1.000 traficantes de personas en 2023. Con el pretexto de que no podía hacerse cargo de la estancia de estas personas en prisión ―detenidas por facilitar la entrada ilegal de migrantes en el país―, Budapest les sacó de la cárcel y les dio 72 horas para abandonar su territorio.
El movimiento del Ejecutivo ultraconservador húngaro fue un clásico en su manual de presión a Bruselas. Después de que la Comisión le cortase el grifo de los fondos comunitarios por la corrupción y sus incumplimientos del Estado de derecho —sigue teniendo congelados 21.000 millones de euros—, el Gobierno de Orbán aprobó el polémico decreto que contradecía su discurso oficial de mano dura contra la migración.
El jefe de Gabinete de Orbán, Gergely Gulyas, afirmó en mayo de 2023 que Hungría no se podía permitir mantener a los traficantes de personas en la cárcel con el dinero de los contribuyentes húngaros, como recogió la prensa local. “Bruselas no colabora para sufragar los gastos de protección de las fronteras, pero castiga a Hungría si sus cárceles están superpobladas”, añadió Bence Retvari, secretario de Estado del Ministerio del Interior.
En agosto, cuatro meses después de que se adoptara la medida, Budapest le había abierto la puerta de la cárcel y del país a más de 1.400 extranjeros. Austria, su vecino occidental, reforzó los controles en la frontera ante el temor de la llegada masiva de los traficantes liberados.
La Comisión ha decidido llevar a Hungría ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por incumplir la directiva europea que establece su obligación de “imponer sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias por el delito de ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares en la UE (tráfico ilícito de migrantes)”. También por saltarse la decisión del Consejo por la que se establecen sanciones penales para estos delitos.
Reinserción
El decreto de 2023 convertía de forma general las penas privativas de libertad relacionadas con delitos de tráfico ilícito de migrantes en “detención de reinserción”, con la condición de que esa reinserción se hiciera en los países de antigua residencia habitual o de nacionalidad del condenado. Para la Comisión, la decisión “socava el objetivo de abordar eficazmente el tráfico ilícito de migrantes, el factor disuasorio de la legislación de la UE sobre los facilitadores y los esfuerzos conjuntos de la UE en la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes”. En un comunicado, el Ejecutivo comunitario subraya también que el decreto “no ofrece garantías adecuadas en cuanto a las condiciones, la supervisión y la ejecución” de esa forma de reinserción fuera de Hungría.
Bruselas envió una carta a Budapest en julio de 2023 para informarle de estos incumplimientos. Después de varios intercambios por escrito, la Comisión considera que las respuestas proporcionadas no han sido suficientes y ha decidido llevar de nuevo a Hungría ante la justicia europea.
El Gobierno nacionalpopulista de Orbán acumula varios expedientes en el TJUE. En octubre de 2024, la Comisión le denunció por la polémica ley de defensa de la soberanía nacional, que otorga poderes a una agencia gubernamental creada para este efecto para perseguir a organizaciones que reciben financiación del exterior.
En 2023, en un movimiento sin precedentes, una quincena de Estados miembros se unieron a la demanda del Ejecutivo comunitario contra Hungría por una ley que, con el pretexto de la supuesta protección de la infancia, prohíbe la expresión o difusión de contenido LGTBI. Libros, series, películas, y hasta exposiciones son objeto de censura para evitar que los menores tengan acceso a ellos.
Budapest acumula también una deuda millonaria tras la sentencia del TJUE de 2024 que le condenó por no cumplir un fallo anterior sobre la protección de solicitantes de asilo. El caso se remonta a la crisis de los refugiados de 2015 y 2016, cuando Hungría se negó a acogerlos en su territorio. Tras incumplir una sentencia de 2020, el tribunal con sede en Luxemburgo le condenó a pagar 200 millones de euros, una cifra que crece en un millón con cada día de retraso.
