La comisión de la dana en Les Corts Valencianes ha empezado este martes con la presencia de varios ingenieros que han coincidido en manifestar que el impacto de las inundaciones del pasado 29 de octubre en la provincia de Valencia, que causaron 128 muertos, hubiera sido menor, si se hubieran realizado las obras previstas en el barranco del Poyo desde hace 20 años.
Ahora bien, los expertos han sostenido que el “hormigón” tiene que ir de la mano de una buen sistema de prevención, alerta y formación de la ciudadanía, porque el “riesgo cero no existe” y tampoco se puede saber con precisión su comportamiento ante las históricas lluvias caídas, sobre todo si se agravan por efecto del cambio climático.
El proyecto del barranco del Poyo, cuyo desbordamiento provocó la mayoría de las muertes, fue elaborado por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y recibió la Declaración de Impacto Ambiental (Dia) positiva a finales de 2011 por el Gobierno aún presidido por José Luis Rodríguez, del PSOE, pero no se llevó a cabo por los ejecutivos posteriores de Mariano Rajoy (de 2011 al 2018), del PP, ni del actual, liderado por el socialista Pedro Sánchez, actual .
Las razones esgrimidas (se dejó caducar la DIA a los seis años, la crisis, la ley de l’Horta…) por las que no se acometió el proyecto han centrado buena parte de la discusión entre los parlamentarios del PP y Vox, mayoritarios, y los de la oposición, formada por el PSPV-PSOE y Compromís. Como es habitual, los diputados se han lanzado pullas y digresiones partidarias antes de formular preguntas a los comparecientes en la llamada con cierta reiteración y aliteración Comisión de investigación sobre las causas de las inundaciones causadas por la dana del mes de octubre de 2024 en la Comunidad Valenciana.
Dos de los cuatro convocados ya tenían experiencia porque han participado en el comisión de la dana del Senado, también con mayoría de la derecha: Javier Machí, decano de la demarcación del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en la Comunidad Valenciana y el arquitecto urbanista Julio Gómez-Perretta. Aunque el mando de la gestión de la emergencia correspondía a la Generalitat, al no declararse la emergencia nacional, según marca la normativa y ha reiterado la jueza instructora de la causa penal y la Audiencia de Valencia, el parlamento que sustenta al Consell, aprueba las leyes y lo fiscaliza ha sido uno de los últimos en poner en marcha su comisión (falta la del Congreso).
Y sin la presencia de las víctimas. La oposición ha sido muy crítica con la ausencia el primer día de los principales damnificados de la catástrofe en una comisión en la que el PP y Vox impusieron su mayoría y accedieron a abrir su lista a las víctimas, tras la presión política y social. Pero más tarde; primero los técnicos, que no están politizados, ha venido a decir el portavoz de la formación de extrema derecha, José María Llanos, dejando entrever que las víctimas, cuyas principales asociaciones reclaman la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, del PP, sí, como ya ha afirmado con anterioridad.
Machí ha considerado que las obras no se han hecho por “falta de voluntad”, y ha señalado que siempre encuentran “pegas” de las administraciones cuando presentan proyectos. “No podemos no actuar cuando hay un peligro”, ha afirmado este ingeniero, quien se vio afectado por la dana al residir en Algemesí, y a su juicio “las cosas no se hicieron bien antes de la tragedia” pero tampoco durante la misma, pues “hubo problemas” a la hora de “operar los sistemas, la accesibilidad y cómo informar y avisar” a la ciudadanía.
Ha abogado también por incorporar en la ley de Aguas el “salvar vidas humanas” como uno de sus objetivos, al igual que otro de los comparecientes, Federico Bonet, que también fue decano del colegio citado y trabajó en la CHJ de 2008 a 2012. Este ha defendido que España ha sido una potencia en obras hidráulicas, pero desde principios de siglo ha habido un cambio de mentalidad que reniega de este tipo de actuaciones.
Las obras hidráulicas “protegen”, como lo ha hecho el Plan Sur de València -el nuevo cauce del Turia antes de entrar en la capital-, que ha evitado la inundación de la práctica totalidad de la ciudad, o la presa de Forata, “que redujo a la mitad la avenida que llegó desde Utiel” a través del Magro. Ha desmentido el bulo de la apertura de compuertas de la presa sin avisar porque en octubre están abiertas, según marca el protocolo.
No se puede estar “veinte años sin hacer ninguna actuación” aunque se puedan entender los motivos circunstanciales, ha señalado. También ha criticado la falta de coordinación entre los miembros del organismo que gestionó la emergencia, el Cecopi (“no se pueden mirar unos a otros por encima del hombro”, ha apostillado).
El arquitecto urbanista Julio Gómez-Perretta, hijo de uno de los impulsores del nuevo cauce del Turia, ha advertido: “o hacemos esas obras o estamos condenados a repetir esta dana de forma periódica”. En este sentido, ha abogado por recuperar el proyecto por construir presas en Cheste y Vilamarxant, que ayudarían a “frenar el agua” y darían “margen de tiempo de reacción”, y por establecer sistemas de alerta temprana, como las que hay en otras cuencas.
El ingeniero Jorge Paciarotti, por su parte, ha incidido en la importancia de las obras hidráulicas en el barranco del Poyo, en cuya proyecto también participó, y que pertenece a la cuenca del Turia y por tanto es competencia de la CHJ. Pero ha incidido en que que “las infraestructuras deben ir de la mano de la prevención y el aviso. Son complementarios”.
La jueza ha calificado el envío de la alerta por parte del Cecopi a las 20.11 de “tardío” (a esa hora, la mayor parte de las víctimas había ya fallecido o se hallaban en una trampa mortal) y “erróneo”, al no instar a ponerse a salvo en altura.
