Cuatro policías armados, alguno vestido con chaleco antibalas, patrullan un callejón en Washington, con cara de pocos amigos, y se acercan a un hombre que fuma, sentado en la escalera de su casa. “¿Qué pasa, han recibido algún aviso por aquí cerca o algo? Esta es mi casa, y lo que estoy fumando es un cigarrillo”, dice el vecino. Tras un intercambio de frases, el agente le explica la situación: “Dile a tu gente que todos [todas las agencias de Policía] están por las calles. Desde el FBI a la policía de parques. Así que avisa: que no fumen en la calle, que no beban en la calle. Porque Donald Trump se ha cansado de esto”, profiere. La escena fue grabada por testigos y se ha viralizado en las redes sociales.
Hace casi dos semanas que el presidente estadounidense “se cansó de esto”, tomó el control de la Policía Local de Washington DC y ordenó el despliegue de la Agencia Federal de Investigaciones (FBI) y la Guardia Nacional en la capital estadounidense para mantener el orden, con el argumento de que el Distrito de Columbia se había convertido en una ciudad sin ley. “La gente no se atrevía a venir… llegaban de Iowa o de Indiana y se iban a marchar en bolsas para cadáveres”, llegó a decir para justificar su insólita medida. “El nivel de delincuencia estaba entre los peores del mundo. Qué digo: era el peor del mundo”, insistió. Ahora se ufana de que ha dado la vuelta a la tortilla y de que la violencia se ha eclipsado, y amenaza con ampliar la medida a otras ciudades de mayoría demócrata: la siguiente, había dicho, será Chicago; este domingo lanzaba un aviso a Baltimore, “fuera de control y plagada de crimen”. Pero la mayoría de los residentes consultados a pie de calle expresa su preocupación por el nuevo escenario.
Aunque es cierto que la capital padece, como cualquier gran ciudad, incidentes de delincuencia —robos de vehículos, sobre todo—, las cifras apuntan en realidad a que las cifras son las más bajas en treinta años; Washington tampoco figura en los puestos más altos en las clasificaciones de violencia en EE UU. Los oponentes de Trump sospechan que la medida busca castigar a una ciudad de clara mayoría demócrata, que siempre ha sido hostil al republicano y que no olvida las escenas del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, cuando una horda de partidarios de Trump trató de impedir la confirmación de Joe Biden como ganador de las presidenciales de 2020. En las de 2024, un 92,5% del distrito votó a favor de la demócrata Kamala Harris. El Ayuntamiento describe la iniciativa como “una crisis inventada”.
Desde el día 12 de este mes empezaron a quedar desplegados en la capital 800 soldados de la Guardia Nacional, reforzados desde entonces por contingentes de seis Estados de mayoría republicana que han doblado esa cifra. Desde el viernes pasado, están autorizados por el Pentágono a portar armas dentro de la ciudad. Ya desde el fin de semana previo a la orden de Trump, los agentes del FBI, la Policía federal, habían empezado a empotrarse entre los de la Policía metropolitana.
“Es un uso fantástico de nuestro dinero como contribuyentes”, ironiza Belle Shapiro, abogada de 42 años, mientras pasea a su labrador por el Mall, el gran parque que atraviesa el centro de la capital. A unos centenares de metros, un grupo de militares camina hacia la escalinata blanca del monumento a Lincoln, uno de los emblemas de la ciudad. “¿Me siento más segura? No. ¿Hay un problema de delincuencia en DC? Por supuesto, pero ni más ni menos que en muchos otros sitios, incluidas ciudades de mayoría republicana. ¿Hay mejores maneras de resolverlo? Desde luego. Trump no menciona que le quiere quitar fondos federales a la seguridad del distrito, ¿a que no?”
En la estación central de Washington, Union Station, junto al Capitolio, cinco tanquetas militares aparcadas a la puerta reciben a los viajeros que llegan —o a los residentes que usan esa parada de metro, y que no se acostumbran a unas imágenes propias de una película de catástrofes—. Soldados de la Guardia Nacional con aire aburrido patrullan el vestíbulo del edificio. Un puñado de manifestantes agita carteles de protesta: “Crisis Fabricada para Distraer de los Archivos Epstein” (el caso del financiero pederasta con una supuesta lista de clientes muy poderosos), se lee en uno de ellos. “¿Dónde estaba todo este despliegue el 6 de enero?”, se pregunta un transeúnte, en alusión al asalto al Capitolio perpetrado por simpatizantes de Trump en 2021.
En Mount Pleasant, un barrio muy diverso y con más de un 20% de población latina, el viernes por la noche las calles parecían algo menos animadas que de costumbre. En los últimos días, patrullas a pie han ido buscando a repartidores de comida a domicilio, que solían aparcar en grupos a la espera de comandas y ahora han desaparecido de la vista. Después de que vídeos que lo mostraban se hayan viralizado, ahora no se ven agentes a pie. Pero abundan los automóviles de policía local, y no escasean grandes SUV negros de uso federal. En una avenida cercana, un vehículo de policía cruza a toda velocidad, con las luces y la sirena a todo trapo. “Todo está tranquilo, ¿qué necesidad hay de este espectáculo?“, se pregunta Leo, un residente local que ha salido a comprar leche.
Trump presume de que, desde que ha puesto el dispositivo en marcha, los incidentes de violencia han desaparecido casi por completo: “Un 87%, y no sé de dónde sacan el otro 13%… yo creo que es el 100%”, aseguraba el viernes en comentarios desde el Despacho Oval.
Algunos datos le dan la razón. Un análisis de CNN encuentra que desde el día 12 los delitos contra la propiedad en Washington se han reducido un 19%; los crímenes violentos, un 17%. Pero en cambio han aumentado un 6% los robos en viviendas, y un 14% los atracos a mano armada.
También se han disparado las detenciones de inmigrantes irregulares: unas 300 personas, o algo menos de la mitad del total de arrestos practicados, frente a doce interceptaciones en los seis meses previos en esta ciudad autodeclarada santuario para los migrantes. Ese dato hace sospechar a parte de los residentes, incluida la alcaldesa Muriel Bowser, que el verdadero objetivo de la operación no es la lucha contra la delincuencia sino la caza del migrante sin permisos. Según apuntaba la regidora en una rueda de prensa la semana pasada, la orden de colaboración emitida por el Departamento de Justicia a la Policía local “se centra casi exclusivamente en la inmigración y en los campamentos de sin techo”. “Les dejo que saquen sus propias conclusiones”, apostillaba.
La Casa Blanca lo niega: “La prioridad de esta operación sigue siendo sacar a los delincuentes violentos de las calles, con independencia de cuál sea su estatus migratorio”, indica en un comunicado.
Los datos oficiales del Departamento de Justicia contradicen la narrativa de Trump. Aunque el nivel de delincuencia se encuentra por encima de la media nacional, en los dos últimos años se ha registrado un descenso. En 2024 los incidentes cayeron un 35% y alcanzaron sus cifras más bajas en treinta años. La Administración republicana insinúa que esos datos están amañados y asegura que va a abrir una investigación.
Los datos también apuntan una oposición frontal de los residentes en Washington (700.000 en la ciudad, y seis millones en el área metropolitana, que se extiende a zonas de los Estados vecinos de Virginia y Maryland). Una encuesta publicada por el Washington Post refleja que el 79% de la población rechaza la medida. Casi el mismo número, un 78%, declara que se sentía muy o bastante seguro en su barrio antes del despliegue. Ahora, un 61% opina que la presencia de los agentes federales y los militares les hace sentirse menos tranquilos. Por contra, solo un 17% declara apoyar las medidas aprobadas por el presidente, y un 21% reconoce no sentirse demasiado seguro donde vive.
Esa oposición es visible incluso gráficamente. Un grafitti al estilo Banksy, de un guerrero urbano enmascarado que lanza un bocadillo, empezó a verse en el barrio de Adams Morgan, uno de los centro de ocio nocturno de la ciudad; ya se ha extendido a otras zonas. El dibujo es un retrato de un empleado del Departamento de Justicia, ahora despedido, que lanzó un emparedado contra un agente federal y se ha convertido en héroe de la resistencia.
Las medidas de Trump en Washington son posibles debido al estatus de la capital, que no tiene las mismas protecciones a su autonomía que un Estado. Las leyes locales permiten que el presidente se haga con el control de la policía local por motivos de emergencia nacional —la Casa Blanca alega que los niveles de delincuencia lo son—, aunque le imponen un límite de treinta días.
El presidente y su Administración, por el momento, alardean en público casi cada día de la medida. El jueves, Trump acudió al cuartel general de la operación para felicitar a los participantes, y repartirles pizza y hamburguesas. Washington ya “es una ciudad diferente”, dijo. “Y va a ser la mejor del mundo”, proclamaba.
Trump asegura que los cambios no se van a quedar ahí. Esta semana anunciaba que ha pedido al Congreso 2.000 millones de dólares para “embellecer” la capital. También ha apuntado que tiene en el punto de mira a otras ciudades de mayoría demócrata para controlarlas como a Washington. Chicago, ha precisado, será la siguiente.
El límite de 30 días también puede quedar en agua de borrajas. El presidente ha deslizado que puede examinar vías para prorrogarlo. Y que, en cualquier caso, ese plazo no afecta a la Guardia Nacional, que puede mantener desplegada el tiempo que le plazca. En su visita del jueves a los soldados y agentes lanzaba un pronóstico: “Van a estar aquí mucho tiempo”.
