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La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha trasladado al Consejo General del Poder Judicial una petición que califica de urgente: necesita dos juzgados centrales de instrucción más.
Los seis que existen ahora mismo llevan años desbordados. El problema no es nuevo, pero se ha agravado. Desde 1997 no se crea uno nuevo, una situación que los responsables del Tribunal consideran incomprensible dado el volumen y la complejidad de los asuntos que llegan.
Estos juzgados tramitan macrocausas de corrupción, investigaciones sobre criptomonedas, narcotráfico internacional y terrorismo. En su última reunión del 16 de enero, los jueces titulares señalaron varios factores que explican el atasco:
- El aumento constante de órdenes europeas de detención
- El crecimiento exponencial de estafas por internet y delitos informáticos
- La llegada de procedimientos de la Fiscalía Europea, donde actúan como jueces de garantías.
Todo ello ha generado lo que describen como una situación cercana al colapso.
La nueva ley agrava el problema
La reciente Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia (PDF) ha complicado aún más las cosas. Esta norma elimina la figura del juez decano, que hasta ahora asumía funciones de coordinación entre los juzgados.
Para sustituirla hace falta crear una presidencia, pero la normativa solo permite este órgano si hay al menos ocho plazas. Con seis juzgados actuales, la cuenta no sale.
El presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, impulsó el acuerdo de la Sala de Gobierno recordando que esta solicitud ya había sido enviada al CGPJ, que la incluyó en julio de 2025 en su plan de ampliación de la planta judicial. Ahora insisten en que no puede esperar más.
Falta de información y refuerzos pendientes
Los jueces de instrucción también expresaron su malestar por la falta total de información sobre cómo se va a implementar la nueva oficina judicial y qué cambios afectarán a funcionarios y letrados. El nuevo modelo organizativo suprime los juzgados individuales y crea tribunales de instancia con una oficina única de apoyo, pero nadie les ha explicado cómo funcionará en la práctica.
Mientras tanto, la Sala de lo Penal tampoco respira. El CGPJ aprobó hace poco reforzarla con tres magistrados en comisión de servicios para reducir la acumulación de procedimientos pendientes de juicio.
A finales de 2025 había al menos veinte casos esperando fecha. El Gobierno anunció la creación de 500 plazas judiciales este año, cuatro de ellas para la Audiencia Nacional, pero los jueces advierten de que sin cambios inmediatos la situación es insostenible.
