El discurso cada vez más hostil de Washington sobre Groenlandia ha llevado a algunas capitales de la UE a considerar la posibilidad de recurrir a su relativamente nuevo y nunca utilizado poder económico.
El todavía no probado instrumento anti-coerción es una ley que entró en vigor a finales de diciembre de 2023 y que otorga a la UE un mecanismo de respuesta colectiva cuando se presiona a un miembro del bloque para que “tome una determinada decisión aplicando, o amenazando con aplicar, medidas que afecten al comercio o la inversión”.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ostensiblemente sorprendido de que las principales potencias europeas no asintieran de inmediato a su renovado impulso para ‘comprar’ u obtener algún tipo de control sobre Groenlandia, respondió amenazando con imponer un arancel adicional del 10% a los productos procedentes de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Países Bajos, Finlandia y Reino Unido a partir del 1 de febrero.
Si seguían resistiéndose, el arancel aumentaría al 25% el 1 de junio. Estos nuevos gravámenes se sumarían al arancel del 15% ya existente en la UE, que Ursula von der Leyen negoció laboriosamente en el verano de 2025, después de que la presidenta de la Comisión Europea persiguiera a Trump hasta su campo de golf de Turnberry (Escocia) para firmar un acuerdo.
En respuesta a la última amenaza, los ministros de Finanzas de Alemania y Francia, guardianes de las mayores economías del bloque, han salido públicamente a la palestra y han dicho que no permitirán que se utilice el chantaje económico para obligarles a cumplir las exigencias estadounidenses.
A diferencia de las anteriores amenazas arancelarias de Trump, que se disfrazaban de disputas por el déficit comercial, estas tienen una vinculación política directa o lo que el Instrumento Anti-Coerción define como presión económica para forzar un resultado geopolítico, constituyendo una interferencia indebida “con las legítimas opciones soberanas de la Unión Europea y sus estados miembros”.
El artículo 5 de la OTAN, ¿pero para el comercio?
Aunque Groenlandia no es miembro de la UE, está vinculada a uno, Dinamarca. La coerción dirigida a Groenlandia puede funcionar como coerción dirigida a las opciones independientes garantizadas de un Estado miembro de la UE, que es exactamente el escenario para el que está escrito el instrumento.
En efecto, el mecanismo se concibió para que la UE pudiera utilizar la amenaza de ruptura con todo el peso de su poder económico para proteger a uno o varios de sus miembros. Si se presiona económicamente a una capital para forzar una decisión política, no sólo se pelea con ese país, sino con todo el mercado único.
Si esto le resulta familiar, es porque es muy similar al compromiso del artículo 5 de la OTAN, según el cual un ataque contra uno es un ataque contra todos, salvo que en lugar de respuestas militares, la respuesta es una forma de guerra económica, o “guerra” por otros medios.
Y a diferencia de la OTAN, la UE es un club al que Estados Unidos no pertenece, lo que significa que una acción contra Washington en virtud del Instrumento contra la Coerción no pondría automáticamente a toda la alianza en la línea de fuego, como lo haría en última instancia una confrontación en la OTAN.
Se trata de una respuesta inusualmente dura por parte de una unión que es más conocida, y a veces ridiculizada, por sus respuestas calmadas y a veces poco contundentes ante las crisis internacionales.
Sin embargo, en muchos sentidos, es la quintaesencia de la respuesta de la UE: sus miembros son soberanos en lo que respecta a sus asuntos internos y sus ejércitos, pero el mercado único de la UE es sagrado.
Al fin y al cabo, el bloque de 27 miembros se formó principalmente como unión económica, considerando que el libre comercio era la herramienta definitiva para desalentar futuros conflictos en el continente.
Al igual que la OTAN, el instrumento no estaba pensado para ser utilizado contra aliados firmes como Estados Unidos, sino principalmente contra países como China o Rusia, que mostraban un comportamiento económico coercitivo para forzar una postura política en un país: pensemos en Pekín, que bloqueó las importaciones de Lituania en 2021 después de que Vilna permitiera que una oficina de representación taiwanesa operara en el país.
En aquel momento, tanto la UE como Lituania presentaron una demanda contra China ante la Organización Mundial del Comercio, que fue retirada a finales de 2025, cuando se reanudó el comercio. Desde entonces, Lituania ha sido uno de los principales países defensores de un instrumento “interno” contra la coacción basado en la UE.
¿Cómo funciona?
Al establecer el ámbito de aplicación de la IAC, la ley también establece una vía bastante ajustada para que una denuncia pase de alegación a acción. El proceso puede comenzar cuando la Comisión inicia un caso por iniciativa propia o a petición de un Estado miembro.
A continuación, la Comisión examina el supuesto “perjuicio” a lo largo de un periodo que no suele exceder de cuatro meses, incluido si el tercer país tiene un patrón de injerencias similares en la UE o en otros lugares, en qué decisiones políticas parece estar intentando influir y si intentó alcanzar su objetivo por otras vías antes de recurrir a la presión vinculada al comercio o la inversión.
Si constata la existencia de coacción y propone la adopción de medidas, el Consejo dispone de un plazo aproximado de dos meses, hasta 8 semanas, y como máximo 10, para determinar formalmente que existe coacción. La Comisión solicita entonces al tercer país que deje de aplicar esas medidas e intenta entablar contactos con él.
Si fracasa, “como último recurso” la UE puede adoptar medidas de respuesta destinadas a inducir al tercer país a dejar de hacerlo. Estas medidas incluyen la restricción del acceso al mercado de la UE y otras desventajas económicas en bienes, servicios, inversión extranjera directa, mercados financieros, contratación pública, propiedad intelectual relacionada con el comercio, control de las exportaciones y otras.
Las represalias se adoptan mediante un acto de ejecución de la Comisión, después de que los Estados miembros hayan intervenido mediante un procedimiento de examen. La Comisión también puede decidir solicitar “la reparación del perjuicio causado por la coacción económica, de conformidad con el Derecho internacional público”. La respuesta se da por terminada en cuanto las medidas dejan de ser necesarias.
