La tormenta por el manejo de la Administración de Trump del caso Epstein no amaina en Washington. Este martes, el vicefiscal general, Todd Blanche, que antes fue abogado personal de Donald Trump, comunicó en X que prevé reunirse “en los próximos días” con Ghislaine Maxwell, socia del financiero pederasta Jeffrey Epstein, para el que actuaba de conseguidora de las menores de las que este abusaba (y en ocasiones, participaba de esos abusos).
Maxwell está cumpliendo una condena de 20 años de prisión en una cárcel de Florida y ha expresado su deseo de beneficiarse de un perdón de las autoridades.
“El presidente Trump nos ha pedido que publiquemos todas las pruebas creíbles”, escribe Blanche. “Si Maxwell tiene información sobre alguien que haya cometido delitos contra las víctimas, el FBI y el Departamento de Justicia escucharán su declaración”. El exabogado del presidente también dice que sigue “instrucciones de la fiscal general [Pam] Bondi”, y hace notar que “hasta ahora, ninguna Administración en nombre del Departamento había preguntado sobre su disposición a reunirse con el Gobierno. Eso cambia ahora”.
Statement from @DAGToddBlanche:
This Department of Justice does not shy away from uncomfortable truths, nor from the responsibility to pursue justice wherever the facts may lead. The joint statement by the DOJ and FBI of July 6 remains as accurate today as it was when it was…
— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) July 22, 2025
En realidad, solo dos Administraciones podrían haberlo hecho: la primera de Trump (2017-2021) y la de Joe Biden (2021-2025). Epstein murió en una celda de Manhattan en 2019 cuando esperaba ser juzgado por un delito de tráfico sexual de menores. El forense concluyó que se había suicidado y que eso fue posible gracias a una serie de fallos en su custodia: tenía demasiada ropa de cama, que pudo usar con ese fin, y la ronda para comprobar cómo seguía el preso no pasó hasta casi 12 horas.
Un informe firmado a medias por el Departamento de Justicia y por el FBI confirmó el pasado 6 de julio esa conclusión: nadie asesinó a Epstein, pese a las teorías que desde entonces han cundido de que lo mataron para evitar que tirara de la manta acerca de sus amigos ricos y famosos. Aquel documento también negaba la existencia de una lista Epstein, una nómina de hombres que supuestamente participaron de la red de tráfico sexual de menores, cuya identidad y poder habría impedido durante este tiempo que salieran a la luz.
“Verdades incómodas”
“Este Departamento de Justicia no rehúye las verdades incómodas ni la responsabilidad de buscar justicia dondequiera que los hechos conduzcan”, escribe Blanche en X. “La declaración conjunta del Departamento de Justicia y el FBI del 6 de julio sigue siendo tan precisa hoy como cuando se redactó. Es decir, que en la reciente revisión exhaustiva de los archivos que mantiene el FBI en el caso Epstein, no se descubrió ninguna prueba que pudiera fundamentar una investigación contra terceros no acusados”.
La confianza de Blanche en el trabajo de su Departamento y del FBI no la comparten los destacados miembros del movimiento MAGA (Make America Great Again) que han puesto en duda las conclusiones de ese informe, y que exigen que se sepa toda la verdad. Bondi pasó meses prometiéndoles que difundirían todos los documentos a su disposición. El cambio de idea no ha sentado bien entre los conspiranoicos a los que Trump había dicho durante la campaña electoral que haría lo propio al regresar por segunda vez a la Casa Blanca. Epstein, con quien tuvo una relación de amistad de 15 años antes de romper con él, ha vuelto como un fantasma para crearle la primera crisis interna seria de su segunda Administración, cuando se cumplen seis meses de su regreso al poder.
La semana pasada, el presidente de Estados Unidos dio instrucciones a la fiscal general para que solicitara a la juez del caso de 2019 (el segundo tras una primera condena leve en 2006 en Florida) la publicación de los documentos de la parte del proceso correspondiente a las actuaciones del gran jurado, ese grupo de ciudadanos que, en el ordenamiento jurídico estadounidense, interviene en una fase preliminar para, guiados por el fiscal, tomar testimonios, efectuar determinadas pruebas y decidir si el asunto debe seguir adelante.
Desde entonces, Trump ha continuado intentando echar el caso en el olvido, con anuncios para distraer la atención. La próxima reunión con Maxwell parece una nueva estrategia para comprar tiempo, mientras la rebelión se extiende también entre los congresistas republicanos, que piden explicaciones. Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes ya ha avisado de que no se debatirá el asunto hasta después del receso vacacional de agosto.
