En El Salvador, el presidente Nayib Bukele lo llamó hace tres años “régimen de excepción”. En Estados Unidos, Donald Trump lo nombra “estado de emergencia”. El primero se reveló contra su propia gente, el segundo contra los inmigrantes en territorio nacional. Ambos prometieron librar a sus respectivos países de presuntos delincuentes, en una guerra declarada contra las pandillas. En el ansia por detener —ahora también por deportar—, los dos gobernantes han echado mano de lo mismo: el arresto de personas sin órdenes de captura, el cumplimiento de cuotas de arrestos por parte de la policía o los agentes federales, los tatuajes como mayor prueba de vínculo con alguna organización criminal y la violación del debido proceso. El resultado en El Salvador son más de 85.000 nuevos reclusos que forman parte del sistema penitenciario con la tasa carcelaria más alta del mundo. En Estados Unidos, más de 66.000 migrantes detenidos y unos 65.000 deportados, según cifras del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Pero, aún así, hay una gran diferencia entre un país y otro, en opinión de Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW): la independencia judicial.
Aunque Goebertus (colombiana, 41 años) ha visto a mucha gente inocente presa en las cárceles de Bukele o siendo expulsada desde los centros de detención de Trump, aún deposita su fe en un sistema con separación de poderes. “En El Salvador hay una cooptación absoluta de todos los poderes públicos por parte del ejecutivo, hay una estrategia para amedrentar a la sociedad civil, a la prensa independiente”, asegura. “Hoy el proceso de debilitamiento del estado de derecho en Estados Unidos es diferente, porque hay independencia judicial, una separación de poderes, independientemente de la composición de la Corte Suprema”. Aún así, alerta: “Mucho de lo que está en juego es la posibilidad de que la administración Trump dé el paso, muy latinoamericano, de un desdén total por las decisiones judiciales, en vez de mantener las formas propias de una democracia que implica acatar fallos judiciales, incluso cuando le son contrarios”.
Durante los últimos tres años, miembros de HRW, protegiendo sus identidades, han realizado trabajo de campo en El Salvador, donde han visto y documentado de primera mano los testimonios del hacinamiento, la insalubridad, las enfermedades, la falta de atención médica o de alimentación, las golpizas, las quemaduras o las torturas de todo tipo, incluso a algunos de los 3.300 menores de edad detenidos a lo largo del régimen de excepción. Pero hasta ahora, a ningún miembro de la organización se le ha permitido el acceso al Centro del Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel inaugurada hace dos años con capacidad para albergar hasta 40.000 internos.
El CECOT no representa ahora solo la imagen del terror de miles salvadoreños encerrados, sino que es un destino posible para aquellos que se atrevan a permanecer ilegalmente en Estados Unidos. Fue el lugar que —tras un apretón de manos a Trump en la Casa Blanca y otro el Secretario de Estado, Marco Rubio, en San Salvador— Bukele puso al servicio de la administración republicana para que, a cambio de unos cuantos millones de dólares, se encierren a los supuestos miembros de la banda Tren de Aragua deportados desde Estados Unidos.
No obstante, El Salvador, y su sistema penitenciario, son mucho más que el CECOT, la prisión que en realidad está blanqueando el sistema carcelario de Bukele.
Pregunta. Se habla de la violación del debido proceso en las deportaciones a El Salvador. Pero una vez allí tampoco tienen comunicación con los familiares o abogados, ni se sabe si están vivos o muertos.
Respuesta. Nosotros tomamos la decisión de calificar el envío de venezolanos a El Salvador como una desaparición forzada, y no lo hicimos a la ligera, tenemos un proceso de revisión jurídica muy estricto. Lo hacemos porque, si bien se ha publicado un listado de nombres, ni el gobierno de Estados Unidos ni el de El Salvador han corroborado que sea el oficial. Hay casos de personas que no salen en la lista, que dejaron de estar en la base de datos de ICE y sus familiares están buscándolos. En la práctica, se cumple la definición jurídica de una desaparición forzada, que implica que luego de una detención los familiares no tienen acceso ni a su paradero ni a su situación. Luego hay un proceso de estigmatización, sobre todo con los venezolanos, porque se ha dicho que son miembros del Tren de Aragua. En 40 casos que hemos estudiado, la mayoría no tienen registros criminales, y los pocos que tienen son por normas de tráfico o temas migratorios, pero no por vinculación al crimen organizado.
P. HRW ha dicho que la administración Trump debe derogar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
R. Lo primero es que es una ley anacrónica y, además, hecha para tiempos de guerra. Jurídicamente es viable derogarla, políticamente es difícil. Tengo confianza en que existe todavía la separación de poderes en Estados Unidos. En varios niveles federales ya ha habido decisiones de ordenar la suspensión de la aplicación de esta ley. Por supuesto, será al final la Corte Suprema quien decida si es aplicable o no. Pero creo que mientras más se muestra la arbitrariedad de estos casos, más elementos debería tener la Corte para darse cuenta de que es un absurdo que esté vigente. Calificar la emigración como una invasión extranjera está lejos de ser real, no solo porque hoy en día los niveles de personas entrando por la frontera son muy bajos, sino que, en los momentos en los que más gente entraba, se trataba de personas huyendo de distintas situaciones. Eso no es una invasión extranjera.
P. Tras 100 días de Trump en el poder, ¿qué destacaría?
R. Para América Latina, destacaría el empoderamiento de los líderes totalitarios de la región. A lo largo de las últimas décadas, Estados Unidos ha tenido un rol importante en ayudar a promover la democracia, la separación de poderes en la región, la libertad de prensa. El mayor problema de lo que está pasando con Trump es que manda un mensaje a los líderes autoritarios de que todo está perfecto: violar la libertad de poderes, coaptar la libertad de prensa, restringir el espacio cívico tomando medidas para que las organizaciones no puedan operar. Eso genera un clima antiderechos muy peligroso en Latinoamérica. Lo segundo, es el tema de las deportaciones. No es que bajo Trump se esté deportando a más gente, pero sí muestra lo atroces que pueden ser estas deportaciones para supuestamente disuadir a la gente que llega en extrema vulnerabilidad.
P. Y la guerra comercial.
R. Es el uso de los aranceles como chantaje. El peso comercial de Estados Unidos en América Latina es tan grande que ha logrado extorsionar a casi todos los países. Colombia ya aceptó la entrega de datos biométricos. México estaría compartiendo información migratoria. Panamá y Costa Rica recibieron a personas de terceros países, incluso con niños. Pierde peso el multilateralismo y sube el de la relación bilateral, que es claramente a través de la extorsión.
P. Estos terceros países involucrados en los canjes migratorios, ¿son también responsables de lo que está sucediendo?
R. Se supone que un tercer país es un lugar que, según Estados Unidos, debe garantizar hacer una solicitud de asilo. Eso no está sucediendo en el caso de Panamá. Parece que Costa Rica sí va a facilitar algunos de los asilos, porque mandaron a quienes tenían familias con niños. Panamá dice que muchas personas enviadas ya se han ido voluntariamente, pero la verdad es que no les ha quedado otra opción. Pudimos hablar con varios. Tenemos el caso de una inmigrante china que llegó hasta Turquía, y la iban a hacer abordar un vuelo a China y dijo que se quedaba, que no se iba de ninguna manera. Todo sin acceso a traductores, la montaron en aviones sin saber a dónde la mandaban.
P. ¿Qué va a pasar con los ya deportados a El Salvador o a terceros países?
R. Si hay algo que pueda poner freno a la arbitrariedad del Gobierno de Trump es el sistema judicial. Estamos empujando, en alianza con otros grupos, para que se siga litigando y se empiecen a tomar decisiones judiciales que obliguen al Gobierno de Trump a gestionar la respuesta de habeas corpus, a que se publique la lista de deportados, a que se empiecen a dar pasos hacia su liberación y devolución a Estados Unidos, en el mejor de los casos.
