Todo apunta a que en la inminente cumbre de la OTAN (La Haya, 24 y 25 de junio) se oficializará un nuevo compromiso de gasto entre los 32 aliados, superando con creces el que se adoptó en 2014 para llegar en una década al 2% del PIB de cada uno de ellos dedicado a la defensa. Hoy va tomando cuerpo un nuevo techo de gasto del 5%, sacralizando arbitrariamente un esfuerzo que no responde a un cálculo basado principalmente en consideraciones militares y que, de aprobarse, va a tener un considerable coste en políticas públicas para muchos gobiernos.
El Gobierno español es uno de los que ha manifestado su resistencia a asumir dicho compromiso. Señalado por Washington como un aliado cuando menos incómodo, le va a resultar muy difícil resistir la presión estadounidense para llegar a un gasto que rondaría los 80.000 millones de euros (frente a los alrededor de 33.000 actuales). Entre los argumentos a emplear para evitar una deriva que también impulsa el plan de rearme de la Unión Europea, cabe destacar los siguientes:
― No existe una cifra mágica que garantice la seguridad, ni frente al belicismo ruso ni ante el temor de perder la cobertura estadounidense. La clave estar en fijar capacidades a alcanzar, decididas y financiadas en común (no según cálculos nacionalistas), dejando a cada aliado la decisión sobre el camino presupuestario a seguir para cumplir lo acordado.
― En un mundo afectado por amenazas muy diferentes, no siempre de naturaleza militar (basta citar la crisis climática y el terrorismo), es necesario entender que la seguridad no se garantiza únicamente con esfuerzos en el terreno estricto de la defensa militar. Por tanto, a la hora de medir dicho esfuerzo se impone la necesidad de contabilizar también otros capítulos de gasto que hasta ahora la OTAN no toma en consideración. La ciberseguridad es, obviamente, uno de esos elementos.
― El calendario para llegar hasta el nivel de gasto que finalmente se establezca no es un asunto menor. Si en Gales se fijaron 10 años para llegar al 2% (cuando solo cuatro aliados cumplían el objetivo marcado), resulta difícil entender que ahora se quiera fijar 2032 (cuando ninguno, ni EE UU, llega a ese punto).
― Se corre el alto riesgo de que, abocados a atender la exigencia decidida en La Haya, se desatienda el otro elemento fundamental de la seguridad, tanto nacional como comunitaria: la paz social. Por mucho que algunos gobiernos traten de esconderlo, es obvio concluir que el aumento del gasto en defensa va a suponer sacrificios y recortes en otros capítulos de los presupuestos nacionales. Estos recortes pueden acabar dando el golpe definitivo a unos marcos estatales basados en la idea, cada vez más cuestionada, de que hay sitio para todos y nadie va a ser dejado atrás.
España no está sola en el intento de cambiar un rumbo que, además, nos lleva a depender aún más de Washington (tanto en compra de armas como de gas). Pero quizás las cartas ya están echadas definitivamente.
