El hacinamiento en las cárceles es un problema enquistado del sistema penitenciario italiano, que los últimos gobiernos no han logrado resolver por completo. El país transalpino tiene uno de los peores datos de Europa, con un nivel de ocupación de las cárceles del 122%, que indica que los centros penitenciarios tienen más reclusos de los que pueden albergar de forma segura y digna.
El Ejecutivo de Giorgia Meloni está estudiando cómo poner remedio a esta precariedad perenne en las cárceles que cada vez resulta más insostenible y que ha colocado al sistema de prisiones al borde del colapso. El Ministro de Justicia, Carlo Nordio, está barajando la posibilidad de aplicar medidas alternativas para un gran número de presos para que puedan cumplir su condena fuera de la cárcel. Según ha señalado, unos 10.105 internos con condena firme son potenciales beneficiarios de medidas alternativas a la encarcelación, como el arresto domiciliario, la libertad condicional o los trabajos a la comunidad. Son presos a los que les queda por cumplir menos de dos años de pena, que no han sido condenados por delitos graves y que no han recibido sanciones disciplinarias serias en los últimos 12 meses.
Se trata de en torno al 15% de la población penitenciaria total, que el pasado abril era de 62.400 reclusos, frente a las 50.000 plazas disponibles. Por este motivo, el ministerio ha creado un grupo especial de trabajo que en los próximos dos meses se encargará de evaluar la viabilidad de intervenir a favor de los reclusos que reúnan las condiciones para acceder a las medidas alternativas a la prisión.
El grupo especial del Ministerio de Justicia ya ha entablado contacto con los institutos penitenciarios y con la magistratura de vigilancia, que es la encargada de supervisar y controlar el cumplimiento de las condenas firmes para valorar la cuestión. Las personas que cumplen condena por delitos graves como terrorismo, delincuencia organizada, violación, tráfico de personas y secuestro quedarían excluidas de esta iniciativa, como ha explicado el ministerio en un comunicado.
Suicidios y precariedad
La difícil situación de los presos se ha convertido en una cuestión crítica en Italia tras el inaudito aumento de los suicidios de presidiarios en los últimos meses y las continuas quejas por la escasez de servicios básicos en las cárceles, como asistencia sanitaria, higiene, calefacción, aire acondicionado o agua caliente. Son problemas que se van arrastrando desde hace mucho tiempo, pero que están alcanzando límites insostenibles. En algunos lugares, como Sicilia, donde las temperaturas en verano pueden rondar los 40 grados, sin sistemas de refrigeración, reclusos y asociaciones de defensa de los derechos de los presos han exigido al Gobierno que tome medidas urgentes.
Hasta ahora, el Ejecutivo de Meloni se había mostrado más propenso a otras opciones como reforzar las prisiones con más personal, renovar las infraestructuras o construir nuevas cárceles, pero no ha logrado concretar ninguna con éxito. El ministro Nordio ha explicado que si se toma la decisión de optar por la excarcelación anticipada, una medida delicada desde el punto de vista político, requerirá tiempo y no se producirá de la noche a la mañana.
Las denuncias sobre la situación insostenible en las cárceles llegan de todas partes. El último en lanzar una advertencia ha sido el presidente de la república, Sergio Mattarella, que ha apuntado que el sistema penitenciario italiano “se caracteriza por una grave y ya insostenible situación de hacinamiento, así como por unas condiciones estructurales inadecuadas”. El jefe del Estado ha reclamado también que se realicen “urgentemente” obras de mantenimiento y renovación, “conscientes de que el espacio no puede concebirse únicamente como un lugar de detención, sino que debe incluir entornos destinados a la sociabilidad, la afectividad y la planificación de los tratamientos”.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya condenó a Italia en 2013 por saturación carcelaria, considerada una forma de trato inhumano y degradante que viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Fue la respuesta a la denuncia de algunos reclusos que denunciaron la falta de espacio mínimo, la mala ventilación y la insalubridad en las celdas.
Aunque la tasa de exceso de población carcelaria oficial es del 122%, en la práctica, como denuncian numerosas asociaciones, es superior y podría llegar al 133%, ya que de las 50.000 plazas existentes, al menos 4.500 no están disponibles por no ser habitables o por reformas prolongadas.
La asociación Antigone, que trabaja para proteger los derechos de las personas encarceladas, ha explicado que el hacinamiento está alimentado en gran medida por la reincidencia, “que representa el fracaso sistémico de la prisión como instrumento de resocialización”. Y ha recriminado que la falta de personal adecuadamente formado en las prisiones impide que se desarrollen programas y estrategias eficaces de rehabilitación, lo que acaba favoreciendo el regreso a la cárcel de los reclusos que una vez puestos en libertad no encontraron ninguna oportunidad real de reinserción.
En los últimos meses los suicidios y los actos de autolesión han aumentado de manera alarmante. En 2024, las autolesiones aumentaron un 4,1% en comparación con 2023, mientras que los intentos de suicidio se incrementaron en un 9,3%. El año pasado se quitaron la vida 91 presos, la cifra más alta nunca registrada. Entre enero y mayo de este año se han producido al menos 33 suicidios en prisión. Las instituciones en las que se produjeron más intentos de suicidio son las que están superpobladas. El hacinamiento, la falta de personal y servicios o los espacios cerrados influyen muy negativamente en la calidad de vida en la cárcel.
Antigone ha denunciado también que las cárceles están cada vez más cerradas y los presos, más aislados, ya que en los últimos años ha aumentado el número de medidas disciplinarias de aislamiento, con la consiguiente exclusión de los reclusos de las actividades comunes y de socialización. El recurso a las celdas de aislamiento es el castigo más utilizado, también para quienes participen en cualquier tipo de protesta en las cárceles, aunque no sean violentas.
Las asociaciones advierten de que el nuevo delito de revuelta carcelaria, que sanciona también las conductas de resistencia pasiva, introducido por el Gobierno de Meloni, podría agravar la situación. Antigone ha denunciado también que las celdas no están abiertas al menos ocho horas al día en el 47% de las secciones, la cifra más alta registrada en los últimos seis años, lo que significa que el 60% de los reclusos está en régimen cerrado. “Los datos muestran que no hay pruebas de que el aumento de los cierres se haya traducido en una mayor seguridad. Más bien al contrario: la represión utilizada como respuesta a los incidentes que se producen a diario en las cárceles va acompañada de un aumento de la conflictividad”, alerta la asociación.
