Si los hambrientos gazatíes quieren comer, tienen que desplazarse al sur de la Franja. Allí ha posicionado el Gobierno de Israel, entre el mar y áreas militarizadas, tres de los cuatro puntos de distribución de alimentos de la Fundación Humanitaria de Gaza (FHG), una entidad privada de origen opaco y respaldada por Estados Unidos. El cuarto se sitúa en el centro del enclave.
La ubicación no es casual y, según denuncia la ONU, responde a los planes militares del primer ministro Benjamín Netanyahu para, según sus palabras, “conquistar Gaza”. El ministro de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich, ya lo había anunciado a principios de este mes: “Gaza será totalmente destruida, los civiles serán enviados al sur, a una zona humanitaria sin Hamás ni terrorismo, y desde allí empezarán a salir en gran número hacia terceros países”.
En el momento de pronunciar esas palabras, el plan estaba en marcha. La población llevaba entonces dos meses sin recibir ayuda alguna, Israel bloqueaba desde el 2 de marzo la entrada de ayuda al enclave palestino y las reservas se agotaban. Hace una semana, el Gobierno volvió a abrir la puerta a los camiones con suministros, pero imponiendo tantas restricciones que, en la práctica, las organizaciones distintas de la FHG enfrentan muchas dificultades para llevar a cabo su labor humanitaria.
Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, ha lamentado que Israel ha impedido a las agencias del organismo distribuir cualquier tipo de ayuda humanitaria en Gaza durante los pasados tres días. “Un total de 600 camiones cargados de ayuda se encuentran en el lado palestino del paso de Kefer Shalom y no pueden salir de los almacenes por la inseguridad”, ha recordado.
Preguntado por los motivos por los que las fuerzas israelíes alegan para denegar los permisos a la ONU, Dujarric ha dicho que solo Israel puede dar sus razones, pero ha recordado que ese mismo Gobierno impide desde hace casi veinte meses la entrada a Gaza de periodistas extranjeros que puedan documentar lo que sucede.
“Las autoridades israelíes han socavado la capacidad de nuestros equipos para brindar asistencia humanitaria genuina y basada en principios que llegue a los grupos más vulnerables”, ha compartido el equipo de la Oficina de Coordinación Humanitaria (OCHA) para el Territorio Palestino Ocupado, en una declaración conjunta.
Con estas cortapisas al conjunto de actores humanitarios sobre el terreno, si los gazatíes quieren recibir ayuda, prácticamente solo tienen la opción que acudir a los puntos de la FHG.
Jonathan Whittall, jefe de esta unidad, ha sido una de las voces más críticas con este plan. “Uno de estos centros [de la FHG] está cerca del lugar donde las fuerzas israelíes asesinaron y enterraron en una fosa común a 15 socorristas. Para mí, este es un símbolo grotesco de cómo la vida en Gaza, y lo que la sustenta, está siendo borrada y controlada”, ha lamentado.
“El mensaje que se está enviando a través del establecimiento de estos centros militarizados parece ser que en Gaza la supervivencia es un privilegio, concedido solo a aquellos que cumplen un plan militar que ha sido descrito por un ministro israelí como ‘conquistar, despejar y quedarse”, ha denunciado.
En esa misma línea, un análisis de Forensic Architecture, un equipo de investigación de Goldsmiths, de la Universidad de Londres, concluye que “este nuevo sistema de distribución de ayuda es simplemente una extensión de la arquitectura existente de control espacial” de la Franja. “Las rutas establecidas para el acceso civil a estos centros de distribución de ayuda son una continuación de las rutas de incursión militar israelí, formando una red militarizada diseñada para facilitar el desplazamiento forzado y el control de la población”.
Our analysis of Israel’s so-called ‘humanitarian bubbles’ indicates that this new system of aid distribution is simply an extension of the existing architecture of spatial control.
The routes established for civilian access to these aid distribution centres (in blue) are… pic.twitter.com/X0RtDXnV5q
— Forensic Architecture (@ForensicArchi) May 27, 2025
Además de obligar a la población a desplazarse hacia el sur, a la frontera con Egipto, para poder recibir alimentos, el ejército israelí lleva a cabo una estrategia de bombardeos y evacuaciones continuas y masivas “para desmantelar y destruir por completo Gaza y no solo de neutralizar objetivos militares”, asegura Oxfam Intermón en un análisis publicado este jueves.
Según su análisis, desde la ruptura del alto el fuego el 18 de marzo, Israel ha emitido más de 30 órdenes de desplazamiento forzado —casi una cada dos días— que abarcan 68 de los 79 barrios, algunos en múltiples ocasiones. “Estos barrios, junto con la expansión de las zonas militares israelíes de exclusión, representan más del 80 % de la franja de Gaza”, advierte la ONG. “El efecto acumulativo es el confinamiento de facto de la población en campamentos superpoblados y carentes de infraestructuras. La magnitud y la frecuencia implacables de estas órdenes han hecho prácticamente imposible que la gente encuentre refugio”.
Este jueves, Israel ha exigido la evacuación y cierre del hospital Al Awda, en el norte de la Franja, ha denunciado el Ministerio de Sanidad del enclave palestino, en manos de Hamás. Hace una semana, el ejército israelí ya había ordenado evacuar este centro, el único operativo en la región norte, donde todavía permanecen 59 personas, entre pacientes y personal médico.
De acuerdo con el medio israelí Haaretz, tres reservistas exigieron que “el ejército cambie su política en Gaza para prohibir la expulsión de sus residentes”, en una petición presentada este jueves ante el Tribunal Superior de Justicia.
“Parte de la misión de la guerra, presentada por el primer ministro y el ministro de Defensa, es el traslado forzoso de los residentes de la Franja de Gaza al sur de la Franja”, han recordado los reservistas citados. Ese objetivo, subrayan, “contradice las normas morales básicas, la tradición judía y el derecho internacional, y constituye un crimen de guerra”.
“La despoblación se está produciendo en Gaza. A través de matanzas, hambre, destrucción de la atención médica, desplazamiento de viviendas y falta de agua limpia”, asevera Scott Lucas, experto en política internacional del Instituto Clinton, de la Universidad de Dublín, en un artículo en The Conversation, previo a la puesta en marcha del nuevo mecanismo de reparto de ayuda.
