Sólo dos meses antes de que el fundador de la Iglesia Gateway, Robert Morris, renunciara por una explosiva acusación de abuso sexual infantil, la mega iglesia resolvió una demanda en la que al menos cinco de sus pastores y un líder juvenil fueron acusados de ocultar la agresión sexual de una menor por parte de otro miembro.
La demanda inicial fue presentada ante el condado de Tarrant, Texas, en agosto de 2020 a nombre de una menor identificada como A.D. y su madre, a quien The Christian Post no nombra en este artículo. La Iglesia Gateway, Denise Edwards y el líder juvenil Logan Edwards, fueron todos nombrados como acusados, junto con Doug Vaughn y los pastores de Gateway: Kelly Jones, Rebecca Wilson, Samantha Golden, Mondo Davis y Sion Alford.
Los demandantes en el caso eran miembros de Gateway y pedían una indemnización de más de 200.000 dólares pero no más de 5.000.000 de dólares.
Al resolver el caso el 18 de abril, la Iglesia Gateway y sus pastores, quienes fueron acusados de negligencia grave e incumplimiento de su deber fiduciario para con los demandantes como miembros, no admitieron responsabilidad y declararon que solo resolvieron la demanda por un monto no revelado para “comprar paz”.
“Habiendo renunciado todas las partes al jurado, se anunció al tribunal que se había celebrado un acuerdo para resolver todos los asuntos en controversia, aprobado y recomendado por las partes y el Guardian Ad Litem, sujeto a la aprobación del Tribunal…”
“Las partes celebraron un acuerdo de transacción confidencial y liberaron en su totalidad todas las demandas del demandante contra los demandados. Se anunció además que dicho acuerdo de conciliación y liberación se estaba realizando sobre demandas en disputa contra los demandados y que los demandados negaron cualquier responsabilidad hacia el demandante”, dice la sentencia final sobre el asunto. “Los demandados aceptaron celebrar el acuerdo de conciliación únicamente para comprar la paz, sin admitir ninguna responsabilidad”.
Según los alegatos del caso, antes de la agresión sexual, la menor y su madre asistían con frecuencia a servicios de adoración y participaban en varios ministerios y funciones patrocinadas por la iglesia. El 14 de marzo de 2018 o alrededor de esa fecha, la menor fue agredida sexualmente por un miembro anónimo en la residencia personal del miembro.
En su calidad de líder juvenil en la Iglesia Gateway, el acusado Logan supuestamente se dio cuenta de la agresión sexual a través de conversaciones con el presunto perpetrador y otros jóvenes que asistían a Gateway.
Logan pasó a compartir las acusaciones con otros pastores y acusados nombrados en la demanda.
“Los acusados Samantha, Sion, Kelly, Rebecca y Mondo fueron informados de las acusaciones de agresión sexual a las que fue sometida la demandante por ser el liderazgo central de Gateway. Aunque los demandados fueron informados de las acusaciones de agresión sexual hechas por la demandante, una menor de edad, ninguno presentó una denuncia formal ante las agencias de protección infantil necesarias, las agencias de aplicación de la ley, ni siquiera se alertó… a la madre de la demandante, sobre la existencia de la supuesta agresión”, afirma la demanda.
Los pastores de Gateway y otros acusados en el caso supuestamente entablaron muchas conversaciones con el miembro acusado y sus padres. Tan pronto como la madre de la menor finalmente se enteró de lo que le sucedió a su hija, presentó un reporte ante el Departamento de Policía de la ciudad de Haltom.
Después de que la madre de la víctima hizo eso, los pastores de Gateway fueron acusados de intentar desacreditar a los demandantes.
“Los acusados, que eran pastores ordenados de Gateway, se embarcaron en una campaña concertada para ocultar, malinterpretar y desacreditar las acusaciones de agresión mientras la investigación criminal activa estaba en curso. Los acusados alentaron a otros miembros de Gateway a condenar al ostracismo (a la madre de la menor)… y la sacaron de los diversos ministerios en los que había servido diligentemente”, afirma la demanda.
La menor y su madre afirmaron que fueron obligadas a “soportar una inmensa vergüenza y angustia emocional” por parte de los acusados, que utilizaron su influencia para manchar la investigación policial.
“Debido a las semanas de ocultamiento activo por parte de los acusados, se permitió que se desperdiciaran y degradaran pruebas significativas de la presunta agresión criminal, lo que obstaculizó aún más la capacidad de las fuerzas del orden para investigar con precisión la agresión original”, agrega la demanda.
El mes pasado, Cindy Clemishire, de 54 años, informó que el fundador de la Iglesia Gateway, Robert Morris, comenzó a abusar sexualmente de ella el 25 de diciembre de 1982, cuando ella sólo tenía 12 años. Morris era un joven evangelista viajero ya casado en ese momento. Clemishire dice que el abuso continuó durante cuatro años y medio antes de que se descubriera a Morris, pero luego se le permitió regresar al ministerio.
Clemishire sostiene que los funcionarios de la Iglesia Gateway fueron informados de sus acusaciones contra Morris hace años. Sin embargo, Lawrence Swicegood reiteró en una declaración a The Christian Post que la actual junta de ancianos no sabía que el fundador de la megaiglesia había sido acusado de abuso sexual infantil.
“La Junta de Ancianos convocó una reunión especial y aceptó la renuncia del pastor Robert Morris hace varias semanas. La Iglesia Gateway está comprometida a proteger a las personas, ante todo a los niños y a los más vulnerables. El abuso simplemente no se puede tolerar”, afirmó.
“La Junta de Ancianos ha contratado al bufete de abogados Haynes and Boone, LLP para realizar una investigación exhaustiva e independiente para que se puedan comprender los hechos. Aunque este abuso ocurrió muchos años antes de que se estableciera Gateway, los Ancianos están comprometidos a encontrar la verdad y responsabilizar a las personas”, añadió.
“Lamentablemente, antes del viernes 14 de junio, los Ancianos actuales no sabían todos los hechos. La Junta de Ancianos está profundamente comprometida a caminar con integridad y encontrar la verdad. La mejor práctica es que una firma de abogados externa independiente e imparcial realice esta investigación. Esta revisión ha comenzado y la Junta de Ancianos promete su plena cooperación”.
