Hungría sigue centrando la inquietud de las autoridades de Bruselas en materia de Estado de derecho, según confirma el último informe anual de la UE, que la Comisión Europea ha hecho público este martes. “Cuando se trata de Hungría, tenemos serias preocupaciones”, ha reconocido la vicepresidenta de la Comisión para Democracia, Henna Virkkunen, al presentar el documento junto al comisario de Justicia, Michael McGrath, en Estrasburgo.
En pocos países la lista de tareas todavía por cumplir es tan larga —en materia de independencia judicial, lucha contra la corrupción, respeto a la independencia y pluralidad de los medios o protección de la sociedad civil— como en Hungría. Y en menos Estados miembros aún, la constatación de “sin avances” es tan exhaustiva como en el capítulo específico sobre el Gobierno de Víktor Orbán del informe que revisa la situación del Estado de derecho: de las ocho recomendaciones que recibió el año pasado, Hungría solo ha avanzado en una, el incremento de los salarios de los jueces. E incluso ahí hay un “pero”: faltan medidas estructurales que tengan en cuenta los estándares europeos en la materia, señala el informe.
En los demás puntos —tanto en lo referido a acciones para mejorar la transparencia judicial como en los dirigidos a evitar abusos de cabildeo y puertas giratorias, investigación de casos de corrupción de alto nivel, garantías para la independencia de los medios y, sobre todo, funcionamiento correcto y seguro de organizaciones de la sociedad civil— el diagnóstico es tajante: “Sin avances”, califica una y otra vez el documento.
El informe ha sido presentado menos de dos semanas después de que cientos de miles de personas salieran a la calle a celebrar el Día Internacional del Orgullo LGTBI en Budapest, entre ellas decenas de eurodiputados y representantes europeos, desafiando abiertamente las políticas ultras de Orbán, que intentó prohibir la marcha.
“Hay desafíos en todos los campos. Hablamos de justicia, de corrupción, de pluralismo y del sistema de pesos y contrapesos en cuestiones institucionales”, ha resumido Virkkunen. “Y es profundamente decepcionante que no podamos informar de más avances en las recomendaciones”, ha acotado McGrath, que ha recordado que no es casualidad que Hungría siga teniendo congelados, hasta hoy, unos 18.000 millones de euros de fondos europeos “por cuestiones de cumplimiento del Estado de derecho”.
“Continuamos vigilando muy de cerca la situación en Hungría”, ha insistido el comisario en una comparecencia desde la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo. En este sentido, el irlandés ha destacado también la mención específica que hace el capítulo húngaro al “ambiente deteriorado para las organizaciones de la sociedad civil y la incertidumbre legal que sigue obstruyendo más aún el espacio cívico”.
McGrath ha aludido a la marcha del Orgullo en Budapest, y ha reiterado la preocupación de la Comisión sobre la ley húngara de Transparencia en la vida pública que, de forma muy similar a la ley rusa sobre agentes extranjeros, etiqueta como amenazas a la soberanía a las organizaciones que reciben fondos del extranjero, incluso si provienen de otros Estados miembros de la UE o de instituciones europeas. De salir adelante la ley, que ha sido aplazada al otoño, ONG, empresas, universidades, medios de comunicación, partidos políticos y organizaciones religiosas pueden ser incluidas en una lista negra del Gobierno de Orbán. McGrath ha asegurado que no perderán de vista la evolución legislativa de la norma tras el periodo estival y que Bruselas no dudará en tomar más medidas contra Hungría “si fuera necesario”.
Este es el sexto informe anual elaborado por la Comisión Europea sobre el Estado de derecho en la UE y el primero publicado por el nuevo equipo de comisarios que asumieron sus cargos a finales de 2024. Aunque Hungría centra buena parte de la atención, no está sola. Le sigue de cerca Eslovaquia, país que, bajo el mandato del populista Robert Fico, vuelve a inquietar a Bruselas, si bien el Ejecutivo europeo valora el “diálogo intenso pero positivo” que mantiene con Bratislava desde hace un año, ha dicho McGrath.
La lista de cumplimiento de las recomendaciones del año pasado también está plagada de “sin avances” en el caso de Eslovaquia. Tanto en materia judicial como en la investigación independiente de casos de corrupción de alto nivel o en garantías a la “independencia editorial” de los medios públicos. Además, se lamenta el frenazo en un paso que había sido valorado positivamente hace un año: ahora “no hay más avances” en el proceso para garantizar la seguridad física y el entorno de trabajo de los periodistas. Pese a todo, la Comisión valora que los “esfuerzos continúan” para intentar avanzar en algunos de los puntos negros señalados por Bruselas.
El informe hace hincapié por primera vez en la importancia del Estado de derecho también como garantía de un funcionamiento apropiado del mercado único: “El Estado de derecho es una piedra angular de nuestra competitividad, porque da confianza y protege a los consumidores, mientras que permite a las empresas, especialmente a las pymes, trabajar en igualdad de condiciones y con predictibilidad”, ha señalado Virkkunen.
En líneas generales, los comisarios han saludado la “trayectoria positiva” de cumplimiento en muchos de los Estados miembros de las recomendaciones de 2024. Algo cada vez más difícil, ha reconocido McGrath, puesto que ya no se trata de reformas sencillas como al principio —la “fruta baja”, las ha llamado— sino que las que quedan son “más profundas, más estructurales y quizás llevan más tiempo”. Pero hay que cumplirlas y Bruselas seguirá velando por que así sea, ha aseverado.
