El amago de declaración de la ley marcial en Corea del Sur el pasado 3 de diciembre continúa teniendo consecuencias y generando titulares. La fiscalía especial que investiga aquel episodio ha solicitado este domingo la detención del entonces primer ministro, Han Duck-soo, por su presunta implicación en aquel incidente que desembocó en una de las mayores crisis institucionales en esta democracia asiática. La acusación sostiene que Han —que ejerció el cargo hasta las elecciones del pasado junio— colaboró con el entonces presidente Yoon Suk-yeol (actualmente destituido y en prisión) en su intento de insurrección, y le imputa además los delitos de perjurio y falsificación y destrucción de documentos oficiales, recoge la prensa local. Es la primera vez que un ex primer ministro se enfrenta a la posibilidad de ser arrestado en la historia de Corea del Sur.
El grupo de fiscales dirigido por Cho Eun-seok considera que Han, como segundo al mando del Ejecutivo y vicepresidente del Consejo de Ministros, tenía el deber constitucional de frenar la declaración de la ley marcial. No obstante, según el equipo investigador, no solo no lo hizo, sino que además habría actuado como cómplice clave en la maniobra de Yoon.
“El primer ministro es el único cargo público nombrado directamente por el presidente, y desempeña la función de ayudar en la tarea de defender la Constitución como la principal institución del Estado. Han era la máxima autoridad que podía haber impedido la imposición de una ley marcial inconstitucional e ilegal”, ha señalado a la prensa la portavoz del equipo investigador, Park Ji-yeong, cita la agencia surcoreana Yonhap.
La petición de arresto contra Han se enmarca en una investigación penal general sobre el intento de imponer la ley marcial en diciembre, en la que el ex primer ministro figuraba inicialmente solo como testigo, pero a quien ahora se señala como sospechoso clave. Los fiscales que instruyen el caso detallan en su solicitud de detención, de 54 páginas, que el ex primer ministro convocó una reunión del Gabinete antes de la declaración de la ley marcial “no con el objetivo de detener la medida, sino para dar una apariencia de legalidad al proceso”. La acusación alega que Han se limitó a reunir el quórum mínimo de 11 ministros para abrir la sesión, sin garantizar que se produjera una deliberación real.
También se le acusa de haber elaborado posteriormente un documento para subsanar los errores legales de la proclamación inicial. El texto, firmado por Han y el exministro de Defensa, Kim Yong-hyun, habría sido destruido más adelante, con el objetivo de “evitar nuevas polémicas”, informa el diario Chosumbiz. El equipo de fiscales considera este hecho una prueba clave de que Han pretendía dotar la actuación del Ejecutivo de un barniz de legalidad.
La nueva acusación contrasta con un fallo del Tribunal Constitucional de marzo, cuando lo reinstauró en el cargo de presidente en funciones. Han había asumido la presidencia provisional a mediados de diciembre, después de que Yoon perdiera una moción de destitución en la Asamblea Nacional (el Parlamento). Menos de dos semanas después, esa misma Cámara también depuso a Han bajo el mismo proceso de impeachment, pero en marzo, el Tribunal Constitucional anuló aquella destitución. En su fallo, el alto tribunal evitó pronunciarse sobre la legalidad de la ley marcial y consideró que no había pruebas suficientes que respaldaran las acusaciones de la Asamblea contra Han por su supuesta complicidad con Yoon.
Han también enfrenta ahora cargos por perjurio, acusado de haber mentido ante el Tribunal Constitucional y la Asamblea Nacional al declarar que no conocía el documento de proclamación de la ley marcial. Sin embargo, en un interrogatorio el pasado día 19, Han rectificó su declaración y admitió que sí lo recibió de manos del expresidente.
Entre los motivos que alega la fiscalía para detener a Han figuran la gravedad de los delitos, el riesgo de destrucción de pruebas y fuga, y la posibilidad de reincidencia. Ahora será un juez quien decida si autoriza su detención preventiva. La vista para evaluar la petición tendrá lugar la semana que viene y, si el tribunal la aprueba, Han ingresará en prisión mientras se instruye la causa. Ese panorama también podría abrir la puerta a que la investigación se amplíe al resto de los miembros del gabinete de Yoon. En caso de que la rechace, Han seguirá en libertad, pero la investigación penal continuará y podría acabar sentado en el banquillo más adelante. No obstante, esa posibilidad supondría un revés significativo para la fiscalía, ya que restaría fuerza a la acusación y daría munición a la defensa para cuestionar la solidez de los cargos.
Esta fiscalía especial fue creada a principios de verano, tras la aprobación de una ley en el Parlamento impulsada por el nuevo presidente, Lee Jae-myung, ganador de las elecciones del 3 de junio. Se trata de un organismo autónomo dentro del sistema judicial, que tiene facultades extraordinarias para emitir órdenes judiciales, realizar registros, interrogar a sospechosos y solicitar órdenes de arresto contra altos cargos si lo considera necesario. La dirige Cho Eun-suk, una figura destacada dentro de la judicatura surcoreana, quien estuvo a cargo de la investigación del hundimiento del ferry Sewol en 2014, en el que murieron 304 personas.
El equipo busca esclarecer las responsabilidades penales del expresidente Yoon y de quienes participaron en su presunto plan insurreccional del pasado diciembre. En abril, el Tribunal Constitucional confirmó por unanimidad su destitución como jefe del Estado, lo que abrió la puerta a que la justicia siguiera adelante investigando otros cargos criminales. Desde entonces, Yoon ha sido formalmente imputado por liderar una insurrección, un delito que la ley surcoreana castiga con la cadena perpetua o incluso la pena de muerte (sobre la que existe una moratoria desde 1997). El exdirigente se encuentra en prisión preventiva mientras avanza su juicio penal por este caso.
También se encuentra encarcelada de forma preventiva la esposa de Yoon, Kim Keon-hee, pero en el marco de una investigación distinta. Kim fue arrestada la semana pasada por otro equipo especial de fiscales que indaga presuntos delitos de corrupción, manipulación bursátil y tráfico de influencias.
