Italia y Dinamarca lideran una petición formal, a la que se han sumado ya otros siete países, para pedir más autonomía a nivel nacional para expulsar a inmigrantes que hayan cometido delitos. Los nueve firmantes han escrito una carta con la que quieren abrir un debate político sobre las convenciones internacionales en materia de migraciones, empezando por modificar la Convención Europea de Derechos Humanos, entre otros textos.
“Queremos abrir el debate público sobre algunas convenciones europeas y la capacidad que tienen hoy, tras varias décadas de su firma, de afrontar los grandes temas de nuestro tiempo, partiendo de la inmigración”, explicó el jueves en una rueda de prensa la primera ministra Giorgia Meloni, acompañada por su homóloga danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen. Meloni puntualizó que la intención de esta iniciativa conjunta “no es debilitar las convenciones europeas o los valores que las encarnan, sino reforzarlas” para “hacerlas más capaces para responder a los problemas” que deben gestionar.
La líder ultraderechista citó en concreto, “como ejemplo” la Convención Europea de Derechos Humanos, que se firmó en Roma en 1953, y reprochó que su aplicación en ocasiones ha impedido expulsar a inmigrantes “manchados con delitos graves”. “Ante interpretaciones así, debemos preguntarnos si los textos a los que hacemos referencia son efectivamente capaces de responder a las exigencias de los ciudadanos y a los valores que queremos defender”, cuestionó la política italiana.
A su lado, Frederiksen, cabeza del Partido Socialdemócrata danés, señaló que estaba de acuerdo con ella “en todo” y aseguró que, a pesar de las distancias ideológicas entre ambas —aunque en temas migratorios comparten los postulados más duros—, aspiran a “dar mayor seguridad a los europeos”. “No podemos garantizar la seguridad de nuestros pueblos y de Europa si no controlamos nuestras fronteras exteriores”, afirmó la política danesa. Y resaltó la urgencia de abordar una “inmigración descontrolada” a nivel comunitario.
En conjunto, reclaman más autonomía a nivel nacional para decidir cuándo expulsar a los ciudadanos extranjeros que han cometido delitos y más libertad para controlar a los que no pueden ser repatriados. “No más instrumentalización de los derechos como arma contra nuestras fronteras”, clamó Meloni. “Necesitamos más libertad para decidir cómo nuestras autoridades pueden rastrear, por ejemplo, a los criminales extranjeros que no pueden ser deportados de nuestros territorios“, afirma el texto.
Además de Meloni y Frederiksen, también han firmado la carta el canciller de Austria, Christian Stocker, y los primeros ministros de Chequia, Petr Fiala; de Letonia, Evika Silina; de Polonia, Donald Tusk; de Bélgica, Bart De Wever; de Estonia, Kristen Michal y el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda.
“Socavar los fundamentos de la UE”
Silvia Carta, de PICUM, una red de 160 organizaciones que trabajan por los derechos de los migrantes, ha considerado “triste” ver la unión de líderes de la UE “para socavar los fundamentos mismos de la UE: los derechos humanos y el Estado de derecho”. Para la responsable de incidencia política de la plataforma, este es un caso de manual de criminalización de los migrantes y de “la fusión de la migración y la delincuencia para reprimir a las personas que buscan seguridad y ganarse la vida en Europa”.
La carta no está dirigida a nadie en concreto ni a ninguna institución en particular, pero señala directamente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), cuyas decisiones cuestiona por limitar la “capacidad de tomar decisiones políticas” de los gobiernos. Anticipándose a las críticas que este ataque al poder judicial, a las convenciones internacionales y los derechos de las personas migrantes puede generar, los firmantes sostienen: “Aunque nuestro objetivo sea salvaguardar nuestras democracias, es probable que se nos acuse de lo contrario”.
Según el escrito, las decisiones del TEDH afectan a la capacidad de los dirigentes de “proteger” a la sociedad de “los desafíos” del mundo actual. “Hemos visto, por ejemplo, casos relativos a la expulsión de extranjeros delincuentes en los que la interpretación del Convenio ha dado lugar a la protección de las personas equivocadas y ha planteado demasiadas limitaciones a la capacidad de los Estados para decidir a quién expulsar de sus territorios”, se lamentan.
“Si los dirigentes se preocupan de verdad por la seguridad de las personas y la protección de las víctimas, deberían dejar de desmantelar los sistemas de bienestar y empezar a invertir en asistencia, en lugar de utilizar a los migrantes como chivos expiatorios para obtener beneficios políticos”, afirma Carta, de PICUM.
Los nueve Estados miembros que firman la carta lideran la línea dura de la UE contra la inmigración. La coalición de derechas italiana, liderada por los ultras de Hermanos de Italia, ha sido el primer Gobierno de la UE en intentar externalizar la gestión migratoria con la apertura de centros de internamiento en Albania. La justicia tumbó la iniciativa, pero el Ejecutivo de Meloni no ha abandonado la idea y espera una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el caso en las próximas semanas.
Dinamarca, a pesar de tener un Gobierno de socialdemócratas y liberales, ha endurecido las condiciones para solicitar asilo y ha planteado también deportaciones a centros en Ruanda. Polonia ha aprobado una ley que suspende el derecho a solicitar asilo en la frontera con Bielorrusia en situaciones que considera de emergencia. Varsovia, los países bálticos y Finlandia, fronterizos con Rusia y Bielorrusia, consiguieron el aval de la Comisión Europea a esa suspensión y a las devoluciones en caliente. “Necesitamos ser capaces de adoptar medidas hostiles y efectivas para contrarrestar a los Estados que intentan utilizar nuestros valores y derechos contra nosotros. Por ejemplo, instrumentalizando a los migrantes en nuestras fronteras”, apelan los firmantes, en referencia las crisis migratorias orquestadas por Minsk y Moscú.
Con unas instituciones más derechizadas que nunca y centradas en impedir las llegadas o facilitar las expulsiones de los migrantes, la petición de estos nueve países está en línea con las políticas que impulsa la Comisión Europea. En los últimos tres meses, el Ejecutivo comunitario ha presentado tres propuestas de reglamento dentro del pacto migratorio europeo que buscan facilitar las deportaciones. En la iniciativa para desarrollar un sistema común de retornos presentada en marzo, el Ejecutivo comunitario propone acelerar los procedimientos de expulsión en casos de reincidencia o comisión de delitos, permitiendo a los Estados actuar con mayor rapidez frente a quienes consideren que suponen “un riesgo para la seguridad”.
En marzo avaló además los campos de deportación de migrantes fuera de la UE. En abril esbozó una lista de países de origen seguros a los que devolver a los refugiados y limitar así las concesiones de protección internacional. En mayo, este martes, ha propuesto modificar el concepto de tercer país seguro, de forma que se pueda deportar más fácilmente a territorios que cierren acuerdos con los Estados miembros, incluso aunque el deportado no tenga ningún tipo de vínculo con ese lugar, un requisito hasta ahora obligatorio.
