Ghislaine Maxwell, la conseguidora de menores para el pederasta Jeffrey Epstein, dice que está dispuesta a testificar ante el Congreso de Estados Unidos sobre lo que sabe acerca del financiero, que se suicidó en 2019 en la celda en la que aguardaba a ser juzgado. Pero la declaración sería bajo los términos de la mujer, la única persona juzgada y condenada por una trama de corrupción de menores que hoy tiene a la Administración republicana contra las cuerdas: los simpatizantes más extremos del movimiento MAGA no perdonan a Donald Trump y su gobierno que ahora asuman que la muerte de Epstein se debió a un suicidio —la versión oficial—, cuando durante años el mandatario atizó teorías de la conspiración sobre lo sucedido. El escándalo ha abierto también una brecha entre los republicanos en el Congreso.
Maxwell, que cumple su condena a 20 años en una prisión federal de Tallahassee (Florida), ha expresado este martes su voluntad de declarar a través de una carta de su abogado, David Markus, dirigida a James Comer, representante republicano por Kentucky que preside el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes. Comer había emitido una citación la semana pasada para obtener el testimonio de Maxwell el próximo el 11 de agosto en la cárcel donde está recluida.
Maxwell ha rechazado las condiciones que planteaba la citación (declarar desde prisión y sin obtener inmunidad primero). “No son un comienzo”, dice la carta de su abogado. “Nos gustaría encontrar una manera de cooperar con el Congreso si se puede establecer un camino justo y seguro a seguir”, añade. La carta plantea las demandas de la mujer, entre ellas la inmunidad.
El movimiento de Maxwell se produce días después de su entrevista con el fiscal general adjunto, Todd Blanche, que tuvo lugar el jueves y viernes pasados, y durante la cual la presa habría proporcionado a Blanche un listado con cien nombres, según informaron varios medios estadounidenses. El Departamento de Justicia le dio entonces una forma limitada de inmunidad para asegurar que aceptaba someterse a la entrevista, según ABC News y NBC News.
Esos mismos días, Trump, que ha pedido pasar página del caso Epstein, apuntó que no se había planteado perdonar a Maxwell, pero tampoco lo descartaba. El mandatario republicano solo aspira a que la polémica en torno al caso se silencie, pese a la indignación de sus bases MAGA cuando el Departamento de Justicia anunció a primeros de julio que no publicaría sus archivos. Los demócratas han aprovechado el ruido para arremeter contra la Casa Blanca, mientras Trump les devolvía el embate acusando a Barack Obama de traición para distraer la atención del escándalo.
La Administración republicana y el Congreso han recurrido a Maxwell como un posible sello de transparencia y rendición de cuentas sobre otros cómplices de Epstein que pudieran haber estado involucrados en la red de corrupción y tráfico de menores que orquestó el magnate. Antes de ser detenido en Nueva Jersey en 2019, un mes antes de quitarse la vida en la cárcel, había sido condenado en 2008 por dos delitos de prostitución en Florida, uno de ellos con víctimas menores, y su nombre había entrado en la lista de delincuentes sexuales. Por eso muchos se preguntan cómo pudo seguir abusando de menores entre 1994 y 2004, para lo que contó con la ayuda indispensable de Maxwell. Aunque la heredera británica, que abrió a Epstein las puertas de la alta sociedad internacional, se ha presentado siempre como un chivo expiatorio, sus negociaciones con Justicia y el Congreso imprimen a su perfil —hasta ahora a medio camino entre la crónica rosa y la nota roja— un cierto cariz político.
