Donald Trump apenas había debutado en su segundo mandato presidencial en Estados Unidos cuando firmó en febrero pasado una orden ejecutiva para imponer sanciones contra el personal del Tribunal Penal Internacional (TPI) que participase en investigaciones contra sus ciudadanos o Israel por crímenes de guerra. Ahora ha vuelto a golpear contra ese organismo. Este miércoles, su Administración ha anunciado medidas contra cuatro de los integrantes de ese tribunal global: dos jueces y dos fiscales.
Los afectados son los jueces Kimberly Prost, de Canadá, y Nicolas Guillou, de Francia, así como los fiscales adjuntos Nazhat Shameem Khan, de Fiji, y Mame Mandiaye Niang de Senegal, según consta en un comunicado firmado por el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio. Los cuatro, según el jefe de la diplomacia estadounidense, “se han implicado directamente en los esfuerzos del TPI para investigar, detener o llevar a juicio a ciudadanos de Estados Unidos o Israel, sin el permiso de ninguno de los dos países”.
La magistrada Prost ha participado en procesos de la Corte relacionados con crímenes de guerra. En varios de ellos se investiga a la CIA y a personal de las fuerzas armadas estadounidenses por su intervención en conflictos como el de Afganistán. Los fiscales Khan y Niang también supervisan pesquisas que incluyen a estadounidenses sobre crímenes en Kabul. Por su parte, el juez Guillou estuvo integrado en el equipo que emitió órdenes de detención contra el primer ministro Benjamín Netanyahu, su entonces ministro de Defensa Yoav Gallant y otros altos cargos israelíes —además del líder de la organización radical palestina Hamás, Ibrahim el Masri— por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en la ofensiva de ese país en Gaza.
Los cuatro afrontan ahora el bloqueo de los activos que pudieran tener en Estados Unidos, y la prohibición de transacciones (incluida la recepción de fondos) con ciudadanos o entidades estadounidenses.
En su comunicado, Rubio califica al tribunal de “una amenaza para la seguridad nacional que ha sido un instrumento de guerra legal (‘lawfare’) contra Estados Unidos y nuestro aliado cercano Israel”.
Es la tercera ronda de sanciones que Washington impone contra personal del TPI, cuya autoridad nunca ha reconocido y del que no es miembro. En junio ya había anunciado medidas contra cuatro jueces. En febrero, contra el fiscal Karim Khan, que un año antes había solicitado la orden de detención contra Netanyahu que el tribunal emitió el pasado noviembre.
“Estados Unidos ha sido claro y firme en nuestra oposición a la politización del TPI, su abuso de poder, desprecio por nuestra soberanía nacional y abuso de sus funciones judiciales”, afirma el Departamento de Estado. “La política del Gobierno de Estados Unidos sigue siendo emprender las acciones que consideremos necesarias para proteger a nuestros soldados, nuestra soberanía y a nuestros aliados de los actos ilegítimos y sin base del Tribunal Penal Internacional”, agrega.
Tanto Francia como Naciones Unidas han expresado sus protestas por la medida. El Gobierno francés ha reclamado que se suspendan las sanciones de inmediato y ha resaltado la importancia del trabajo de esta corte. “Es esencial en la lucha contra la impunidad”, ha declarado el Ministerio galo de Asuntos Exteriores.
El tribunal con sede en La Haya se fundó en 2002 y tiene jurisdicción internacional para juzgar a sospechosos de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. Pero ni Estados Unidos ni Israel —tampoco Rusia o China— son miembros ni han reconocido nunca la jurisdicción del organismo. Ante los llamamientos de Rubio contra la corte, la TPI ha instado a sus países miembros a defenderla. “Pedimos a los Estados integrantes y a aquellos que comparten los valores de la humanidad y el Estado de derecho que apoyen de modo firme y consistente a esta Corte y su trabajo, desarrollado con el único interés de las víctimas de delitos internacionales en mente”, ha declarado.
La animadversión de Trump contra el TPI viene de lejos. Ya durante su campaña presidencial el año pasado había advertido que aprobaría nuevos castigos. En 2020, durante su primer mandato como presidente, el magnate ya dictó una orden ejecutiva separada imponiendo prohibiciones de viaje y la congelación de activos contra la entonces fiscal jefe, Fatou Bensouda. En diciembre pasado, la presidenta del tribunal, la jueza Tomoko Akane, advirtió que la imposición de sanciones estadounidenses “socavaría rápidamente las operaciones del tribunal en todos los casos y situaciones, y pondría en peligro incluso su propia existencia”.
