Dentro de un juzgado de inmigración del sur de California, la mañana parece transcurrir con normalidad. El juez Christopher McNary preside una audiencia de un inmigrante mexicano que se ha acogido a la figura del asilo para evitar ser deportado a Jalisco (México). El magistrado le niega esta posibilidad, una decisión que confirma su tendencia a decir que no. McNary, quien trabajó como abogado de ICE, el servicio de Control de Inmigración y Aduanas y Seguridad Nacional, suele rechazar siete de cada diez peticiones de asilo que llegan a su sala. El acusado aún tiene hasta finales de junio para promover un recurso que pueda frenar la repatriación.
Donald Trump ha llevado hasta las puertas de estos procedimientos su guerra contra los inmigrantes. En los pasillos de estos juzgados, 69 en todo el país, se apostan desde hace unos días los agentes federales que llevan a cabo la cruzada contra los inmigrantes de la Administración. Este jueves había al menos 20 agentes merodeando entre los pasillos de los 22 tribunales que hay en Santa Ana, un bastión conservador ubicado a una hora al sur de Los Ángeles.
“Buenos días, somos agentes de inmigración, ¿ya cerraron su caso?“, pregunta en español un agente del ICE a una guatemalteca que acaba de poner un pie afuera del tribunal.
A la mujer le toma solo instantes saber que ha sido emboscada. Hasta cuatro agentes la rodean. Están vestidos de negro. Usan gorra, lentes oscuros y una bandana que les cubre la boca. Unos metros más atrás hay policías con gas pimienta, chalecos antibalas, armas de fuego y cargadores. Son de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, una fuerza recién movilizada por el presidente junto a otras agencias encargadas de delitos financieros, análisis de armas o lucha contra el narcotráfico para reforzar la captura de inmigrantes en el interior del país. Después de un breve interrogatorio, se la llevan.
Los agentes hicieron lo mismo minutos antes con un hombre que acudió a la cita judicial junto a su familia. Sus hijos, pequeños, comparecieron ante otro juez con sus mejores prendas. La niña usaba un moño y un vestido y su hermano, unos años mayor, una camisa a cuadros. El padre portaba una camisa blanca y bien planchada. Todos salieron del edificio entre oficiales migratorios. En las dos detenciones atestiguadas por este periódico, los acusados no tenían abogados.
“En siete años como abogado, nunca había visto esto”, admite un letrado que pide no ser citado por su nombre. El abogado litigó la semana pasada en otro juzgado. Entonces no hubo rastro de la presencia de estas fuerzas del orden dentro de los tribunales. Los agentes del ICE están hoy en los juzgados de 22 Estados, de acuerdo a The Washington Post. Desde Arizona, Tennessee y Texas, donde este miércoles fueron detenidas 20 personas tras sus audiencias, hasta los bastiones liberales como Nueva York, el Estado de Washington y California. “Están cruzando líneas que antes no cruzaban”, opina el abogado.
Esta mañana de jueves, el representante legal intenta tranquilizar a sus clientes, un matrimonio de centroamericanos que lleva dos años con el trámite de asilo. “No se preocupen, los del ICE no los pueden tocar, no les pueden hacer nada”, les comenta solo salir del juzgado. El mensaje parece calar en la pareja, que clava la mirada en sus teléfonos móviles.
Las detenciones parecen concentrarse en los casos de asilados en su etapa más temprana. Estos son desechados rápidamente desde el viraje dado por Joe Biden. Al ser cerrado el proceso, los demandantes se convierten en objetivo del llamado “expedited removal” (expulsión acelerada), que permite a las autoridades deportar rápidamente a personas sin otra audiencia ante un juez.
Donald Trump prometió que al llegar al poder acabaría con la política de catch and release del Gobierno de Biden, una práctica en la que las autoridades detenían a los inmigrantes irregulares que cruzaban la frontera para después liberarlos en el país a la espera de sus procedimientos judiciales. La reciente estrategia, no obstante, se aprovecha de la buena fe del sistema. Los inmigrantes deben presentarse a sus vistas judiciales para argumentar ante un juez por qué no pueden volver a sus países. Fallar a estas citas es suficiente para que se dé carpetazo e inicien los procedimientos de deportación. Ahora acudir ante el juez encierra también el riesgo de ser detenido o repatriado.
Los abogados de inmigración han subrayado la crueldad de la nueva táctica. “Es una traición flagrante de la justicia básica y el debido proceso”, señala Kelli Stump, la presidenta de la asociación nacional de estos litigantes, AILA. “Es una corrupción total de estos tribunales de inmigración, los convierte de un foro para la justicia en un engranaje del gran aparato de deportaciones”, añade en un comunicado.
La organización aseguró este viernes que la mayoría de los detenidos son personas que fueron aprehendidas cerca de la frontera y liberadas posteriormente. Llevan en el país menos de dos años y hay entre ellos personas con aplicaciones de asilo pendientes. Entre los arrestados hay familias con hijos pequeños. En al menos un caso, dice AILA, uno de los detenidos contaba con un abogado presente y el juez había determinado seguir el proceso. Esto no importó a quienes se lo llevaron.
Las detenciones se están llevando a cabo lejos del público dentro de construcciones insustanciales como la de Santa Ana, un edificio en un parque industrial que comparte espacio con compañías tecnológicas y fiscales. En el exterior de los tribunales, tres chicos entregaban a quienes entraban a la sede judicial las llamadas tarjetas rojas, un pequeño pedazo de cartón que recuerda a los inmigrantes sus derechos. Los jóvenes son parte de la red de respuesta rápida del condado de Orange, un movimiento comunitario que intenta responder a las políticas migratorias de Washington.
Las cortes se han convertido recientemente en un foco para las protestas. Decenas de personas se reunieron en San Francisco el miércoles ante un tribunal federal para repudiar el arresto de cuatro solicitantes de asilo ocurrido la víspera. Los manifestantes aparecieron con pancartas que condenaban al ICE y en las que exigían al Gobierno “no tocar a los inmigrantes”.
“Es una clara violación de la Constitución y el debido proceso”, aseguró el miércoles durante la protesta Mili Atkinson, un letrado del colectivo de abogados local especializado en migración. En el sitio estaban también organizaciones no gubernamentales como Mission Action, que ha prometido luchar contra esta nueva política.
El Departamento de Seguridad Interior afirma a través de un comunicado que este tipo de acciones están dirigidas a “restablecer el imperio de la ley” después de que la Administración de Biden “liberara sin investigar a millones de indocumentados en las calles del país. ”Si los detenidos tienen un reclamo válido de correr riesgo en sus países, podrán continuar sus procedimientos. Si este no se encuentra, se expondrán a una deportación rápida”, afirmó el organismo el 22 de mayo.
La medida se suma a la ofensiva lanzada por la Administración republicana. Muchas de las herramientas en manos del trumpismo han hecho saltar las alarmas de los expertos en Derecho y los activistas. Entre estas se encuentran la detención y deportación de inmigrantes a terceros países, la reanudación de las detenciones familiares y el cierre de las oficinas de Seguridad Interior encargadas de vigilar que los agentes respeten los derechos humanos y eliminar la figura del defensor de los inmigrantes. En los Estados Unidos de Trump todo vale.
