Jair Bolsonaro ha quedado este lunes preso en su casa de Brasilia. El juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes le dictó el arresto domiciliario en una causa por presunto intento de golpe de Estado contra el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, en enero de 2023. El juez ya le había colocado al expresidente ultraderechista una tobillera electrónica el 18 de julio pasado, tras considerar que había riesgo de fuga. Ahora, Bolsonaro no podrá salir de su domicilio.
En su decisión de hace dos semanas, el Tribunal había permitido a Bolsonaro circular libremente, pero le exigió pasar las noches en su casa, no tener contactos con embajadores extranjeros y, sobre todo, abstenerse de cualquier publicación en redes sociales. Moraes destacó que el expresidente no cumplió con este último punto.
“Jair Messias Bolsonaro elaboró material para redes sociales manteniendo los mensajes ilícitos por los cuales se habían impuesto las medidas cautelares”, escribió el juez en su fallo. “La participación encubierta de Bolsonaro demostró claramente que continuó con la conducta ilícita de intentar coaccionar al Supremo Tribunal Federal y obstruir la justicia, en flagrante desacato a las medidas cautelares previamente impuestas”, continuó.
“Los partidarios políticos de Bolsonaro y sus hijos utilizaron deliberadamente los discursos y la participación del acusado, incluso por teléfono y redes sociales, para difundir ataques e incentivar a los manifestantes con la clara intención de presionar y coaccionar a esta Corte Suprema”, dice el fallo de Moraes.
Bolsonaro ya no puede recibir visitas, a excepción de sus abogados o personas autorizadas por el Tribunal Supremo. Tiene también vedado el uso del teléfono móvil. El juez pretende evitar que se repitan eventos como el del domingo pasado, cuando el expresidente habló por videoconferencia con uno de sus hijos, el senador Flavio Bolsonaro, durante una manifestación en su apoyo en Río de Janeiro.
“El incumplimiento de las normas de arresto domiciliario o de cualquiera de las medidas cautelares resultará en su revocación y la orden inmediata de prisión preventiva”, le advirtió Moraes a Bolsonaro en su escrito.
Bolsonaro está acusado de encabezar un intento de golpe de Estado para aferrarse al poder, tras perder las elecciones en 2022, e impedir que Lula da Silva gobernara. El plan contemplaba asesinar a Lula, a su vicepresidente, Geraldo Alckmin, y al juez Moraes. La asonada no prosperó, según la acusación, por la negativa de la cúpula de las Fuerzas Armadas a sumarse. El complot golpista culminó, sin embargo, en el asalto al las sedes del poder ejecutivo, el legislativo y el judicial.
El juicio contra el militar retirado ha puesto a Brasil en la mira de Estados Unidos. Donald Trump considera que su amigo Bolsonaro es víctima de una persecución política y decidió castigar al Gobierno de Lula con aranceles del 50%, los más altos aplicados en su guerra comercial. El juez Moraes, de 56 años, ha sido también personaje central del conflicto. La Casa Blanca le retiró días atrás el visado y le aplicó la Ley Magintsky, usada para castigar a violadores de Derechos Humanos.
El viernes, tras un largo silencio, Trump dijo finalmente que estaba dispuesto a negociar con Lula una reducción de aranceles. “Puede llamarme cuando quiera. Vamos a ver qué pasa, yo amo al pueblo de Brasil”, dijo en declaraciones a periodistas en la Casa Blanca. “Siempre hemos estado abiertos al diálogo”, le respondió el brasileño. La guerra comercial está dando grandes réditos políticos a Lula, que ha sabido agitar con éxito el sentimiento nacionalista de la mayor economía de América Latina.
