Victoria para Donald Trump en la batalla judicial derivada de los aranceles El presidente de Estados Unidos podrá seguir aplicando los impuestos a la importación decretados en su guerra comercial contra el mundo. Tras analizar el caso, el Tribunal de Apelaciones de Washington ha decidido mantener la suspensión cautelar de la aplicación de la sentencia del Tribunal de Comercio Internacional que anuló esos aranceles. El enredo judicial no ha terminado, pero Trump sigue disponiendo de su herramienta favorita de negociación al menos hasta agosto, más allá del final del plazo de 90 días de tregua parcial que dio para firmar acuerdos comerciales.
El Departamento de Justicia alegó que suspender los aranceles debilitaría unilateralmente la posición negociadora de Estados Unidos en las negociaciones comerciales, animando a otros países a tomar al país “como rehén” y “perjudicar catastróficamente” su economía. Los demandantes, mientras, subrayaron las contradicciones entre las declaraciones públicas de los miembros del Gabinete de Trump y lo que alegan ante los jueces.
El breve auto del Tribunal de Apelaciones señala que “ambas partes han presentado argumentos sólidos sobre el fondo del asunto”, pero que los precedentes aconsejan mantener la suspensión cautelar de la sentencia (y con ello, que los aranceles sigan en vigor), hasta que estudia el fondo del asunto. Eso sí, también señala que se dirimen “cuestiones de excepcional importancia que justifican un examen acelerado del pleno [del tribunal] sobre el fondo del asunto”.
La resolución da un plazo de dos días para que las partes acuerden un calendario procesal que permita que la vista oral del caso se celebre el próximo 31 de julio. Tras ello, los jueces decidirán si confirman o revocan la sentencia del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, el órgano jurisdiccional especializado con competencias en la materia, dictada el pasado 28 de mayo.
Dicha sentencia declaró ilegales los aranceles a las importaciones impuestos por Trump en virtud de una ley de poderes de emergencia. El fallo afecta a los aranceles impuestos por Trump a Canadá, México y China con el fentanilo y la inmigración como pretextos, y a los mal llamados “aranceles recíprocos”, que ahora están fijados de forma temporal en un 10% para la mayoría de las mercancías de prácticamente todos los países del mundo.
Los gravámenes del 50% al aluminio y el acero, así como los del 25% a los automóviles y sus componentes no se ven afectados. No fueron objeto de la demanda y, además, fueron dictados en virtud de otra ley, alegando motivos de seguridad nacional.
El Tribunal de Apelaciones decidió paralizar la sentencia de forma cautelar urgente mientras daba plazo a las partes para presentar sus alegaciones. Ambas partes lo hicieron y ahora los jueces dan la razón al Gobierno de Trump frente a los demandantes: un grupo de empresas y una docena de Estados demócratas.
Su fallo es provisional, pero indica que los aranceles se mantienen en vigor mientras los jueces deciden sobre el recurso acerca del fondo del asunto que el Gobierno de Trump ya ha anticipado que planea presentar. Los jueces planean decidir sobre el caso este verano tras celebrar una vista oral el 31 de julio.
El equipo de Trump llevaba tiempo trabajando en un plan B para que el presidente pudiera aprobar los aranceles por una vía que no fuese la de emergencia si no se mantenía la suspensión. El propio fallo de los jueces recordaba que la Ley de Comercio de 1974 otorga al presidente la posibilidad de aprobar aranceles por un periodo limitado de 150 días y con un techo del 15% en respuesta a desequilibrios en el déficit comercial.
Eso permitiría en cualquier caso mantener la mayoría de los aranceles actuales mientras se llevan a cabo investigaciones específicas país por país para imponer aranceles en respuesta a prácticas comerciales injustas, como permite otra disposición. Eso requeriría un proceso largo y farragoso, pero tiene mejores fundamentos legales. Es la vía que utilizó Trump durante su primer mandato para imponer aranceles a China. También podría imponer aranceles apelando a la seguridad nacional, como ha hecho con el acero y el aluminio, por ejemplo.
