El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha rechazado la demanda del Gobierno de México contra los fabricantes de armas de fuego, a los que consideraba responsables últimos de la violencia de los cárteles de la droga y de facilitar el tráfico ilegal de armas hacia el país. “Dado que la demanda de México no alega de manera plausible que los fabricantes de armas demandados ayudaron e incitaron a los distribuidores de armas a vender ilegalmente armas de fuego a traficantes mexicanos, la PLCAA [Ley de Protección del Comercio Legal de Armas] impide la demanda”, dice el fallo unánime de los nueve magistrados del Supremo, seis de ellos conservadores y tres progresistas.
El Gobierno mexicano demandó a Smith & Wesson Brands, Barrett Firearms Manufacturing, Beretta, Glock, Colt y otros fabricantes y distribuidores para hacerlos responsables de los daños infligidos por los cárteles de la droga mexicanos. La principal cuestión a debate era si la producción y venta de armas de fuego en Estados Unidos equivale a “ayudar e incitar” el tráfico ilegal de las mismas porque las empresas que las fabrican y comercializan supuestamente saben que algunos de sus productos son objeto de tráfico ilegal. Los jueces se ponen del lado de los fabricantes e impiden que las acciones legales contra ellos avancen.
“La denuncia de México no alega de manera plausible que los fabricantes demandados hayan ayudado e incitado a los comerciantes de armas a vender ilegalmente armas de fuego a traficantes mexicanos”, dice la sentencia redactada por la jueza progresista Elena Kagan. “No nos cabe duda de que, tal y como afirma la demanda, algunas de estas ventas tienen lugar y que los fabricantes son conscientes de ello. Sin embargo, México no ha alegado adecuadamente lo que debe: que los fabricantes ‘participan en’ esas ventas ‘como en algo que desean llevar a cabo’ y ‘pretenden, con [su] actuación, que se lleve a cabo”, como exigiría la doctrina legal.
El Supremo subraya que la demanda no señala ninguna transacción delictiva específica en la que los demandados presuntamente hayan prestado ayuda. No dice, por ejemplo, que un fabricante en particular ayudó a un comerciante de armas determinado, en un momento y lugar concretos, a vender armas a un traficante mexicano determinado que no estaba legalmente autorizado a comprarlas en virtud de una ley específica, indica Kagan. En cambio, formula una acusación más general: que todos los fabricantes ayudan a un número indeterminado de comerciantes de armas sin escrúpulos a realizar numerosas ventas de armas de fuego en violación de diversas prohibiciones legales.
El carácter sistémico de esa acusación aumenta la carga de la prueba de México y el Supremo dice que, para que la acusación prospere, debe estar respaldada por alegaciones plausibles de “asistencia generalizada, sistémica y culpable”, cosa que no ocurre.
Los jueces, además, señalan que la estructura comercial del sector pasa por intermediarios mayoristas, lo que deja en precario la acusación de que los fabricantes venden a algunas tiendas de armas en concreto que facilitan el acceso a los cárteles de la droga. “Al afirmar que los fabricantes suministran intencionadamente armas a distribuidores sin escrúpulos, México nunca reconoce que los fabricantes no suministran directamente a ningún distribuidor, sea este sin escrúpulos o no. En su lugar, venden armas de fuego a distribuidores intermediarios, cuya independencia nunca ha cuestionado México”, dice el fallo.
El Gobierno mexicano ha rechazado la decisión del Supremo estadounidense y asegura que seguirá agotando los recursos “legales y diplomáticos” disponibles para combatir el tráfico ilícito de armas desde Estados Unidos. “México ha presentado argumentos sólidos que demuestran el daño que las empresas fabricantes de armas ocasionan a nuestro país, y seguirá en su lucha contra el tráfico de armas y la responsabilidad de las empresas que fabrican y permiten que el flujo de armas siga alimentando la violencia y nutriendo a los grupos delictivos que atentan contra la paz y la seguridad de las familias mexicanas”, señala el comunicado difundido por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.
El Supremo sí admite que México ha alegado, con suficiente plausibilidad, que los fabricantes podrían hacer más de lo que hacen para averiguar quiénes son esos distribuidores deshonestos y, a continuación, cortarles el suministro de armas, pero dice que esa actitud es “indiferencia”, más que “asistencia”.
México también argumentaba que las prácticas de diseño y comercialización de las armas de los fabricantes estaban dirigidas a hacerlas atractivas para los cárteles, incluidos los rifles de asalto o armas de gran calibre. El Supremo no lo niega, pero no extrae de ello consecuencia jurídica alguna. “Esos productos son totalmente legales y los adquieren muchos consumidores comunes. No se puede acusar a los fabricantes de colaborar en actos delictivos solo porque a los miembros de los cárteles mexicanos también les gustan esas armas. Lo mismo ocurre con las armas de fuego con nombres en español o con gráficos que aluden a la historia de México”, dice el fallo.
Según México, las empresas estadounidenses de armas de fuego han llevado a cabo una serie de prácticas comerciales durante décadas —desde la venta de rifles semiautomáticos hasta la fabricación de cargadores con capacidad para más de diez cartuchos, pasando por la no imposición de diversas restricciones de venta— que han creado una oferta de armas de fuego que posteriormente se introducen de contrabando a través de la frontera y que, en última instancia, son utilizadas por los cárteles para cometer delitos. México aspiraba a lograr miles de millones de dólares en daños y perjuicios, y también reclamaba una amplia medida cautelar que impusiese nuevas medidas de control de armas en Estados Unidos.
El tribunal de distrito había desestimado el caso en virtud de la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), que generalmente prohíbe las demandas contra empresas de armas de fuego basadas en el uso indebido de sus productos por parte de delincuentes. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito revocó esa decisión con una sentencia que permitiría que el caso siguiese adelante. Los fabricantes de armas recurrieron al Supremo, que admitió el caso a trámite.
México optó por abrir otros frentes en su ofensiva judicial e interpuso a finales de 2022 otra demanda en Arizona contra cinco distribuidores de armas. Ese proceso va por un carril separado, aunque el fallo del Supremo en contra del Gobierno mexicano podría sentar un precedente legal y condicionarlo. “Las dos demandas presentadas por México, tanto en Massachussets como en Arizona, han permitido dar visibilidad al grave impacto del trasiego de armas de fuego a nuestro territorio”, añade la cancillería mexicana en su mensaje tras el fallo.
