El Tribunal Supremo de Estados Unidos concedió este viernes una victoria, otra, al presidente Donald Trump en un caso en el que se estudiaba el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Era tal vez el más importante del curso judicial, que concluyó en una jornada frenética en la que se publicaron seis fallos. Sus nueve jueces no entraron a decidir sobre la constitucionalidad del decreto que Trump promulgó en su primer día de vuelta en el Despacho Oval para acabar con el derecho a la nacionalidad de cualquier persona nacida en Estados Unidos, sobre todo para los hijos de los inmigrantes que estén en el país en situación irregular, pero sí limitaron el poder de esos jueces para oponerse a su agenda.
Lo que buscaba la Administración de Trump era que el Supremo estudiara si las resoluciones de un magistrado federal −de, pongamos, Cheyenne (Wyoming)− que contradigan una decisión ejecutiva de un presidente −por ejemplo, Trump− deben tener efectos en todo el país, como hasta ahora, o solo para quienes presentaron la demanda. Pues bien, el alto tribunal −en una decisión (6-3) de 119 páginas en la que sus miembros se muestran divididos ideológicamente; los seis conservadores a un lado, las tres liberales, al otro− decidió limitar el poder de esos jueces federales, unos 700 repartidos por todo Estados Unidos, y, como consecuencia, allanar, una vez más, la senda de la actual Administración, cuyos críticos denuncian que avanza hacia el autoritarismo.
A partir de ahora, cuando el hipotético magistrado de Cheyenne falle sobre una decisión ejecutiva debe aplicar su resolución “lo más estrechamente posible”, dice la sentencia, que considera que “probablemente esos jueces están llevando demasiado lejos el poder que les confiere el Congreso”. La opinión mayoritaria la firma Amy Coney Barrett, una de los tres magistrados nombrados por Trump durante su primer mandato. La resolución también autoriza la entrada parcial del decreto que pretende acabar con la ciudadanía por nacimiento, recogida en la Constitución, en ciertas partes del país. Da, con todo, un plazo de 30 días para eso, lo cual abre la puerta a nuevas demandas, previsiblemente colectivas, que a buen seguro llegarán.
Trump reaccionó a la sentencia poco menos de una hora después de conocerse el fallo. “¡GRAN VICTORIA en el Tribunal Supremo de Estados Unidos!“, escribió en Truth Social (las mayúsculas, como siempre, son suyas). ”Incluso el fraude de la ciudadanía por nacimiento ha sido, indirectamente, duramente afectado. Se pensó para los bebés de esclavos, nada tiene que ver con la ESTAFA de nuestro proceso de inmigración”. El presidente estadounidense se refería al origen de un derecho, reconocido en una enmienda a la Constitución promulgada en 1868, tres años después del final de la Guerra de Secesión, que puso fin a la institución de la esclavitud.
Trump aprovechó su mensaje en Truth para convocar de urgencia una comparecencia en la Casa Blanca en la que comentar el fallo, que definió ante los reporteros en la sala de prensa como una “victoria monumental para la Constitución, la separación de poderes y el Estado de Derecho”. El presidente prometió seguir “luchando” para acabar con la ciudadanía por nacimiento y para lograr forzar la mano a quienes se oponen a su agenda. Aprovechó para hablar de los inmigrantes indocumentados en su acostumbrado tono racista, y dijo que la resolución pone en su sitio a “los jueces izquierdistas radicales”, a los que definió como “una amenaza para la democracia”. “Están celebrando [la sentencia] por todo el país”, dijo, sin detallar dónde ni cómo se estaba escenificando ese júbilo. También agradeció a Barrett por escribir la opinión mayoritaria, que definió como “brillante”.
“Esos magistrados”, afirmó Trump, “me han tumbado más decisiones que en todo el siglo XX. Piénsenlo; es una locura”. Después tomó la palabra la fiscal general, Pam Bondi, que celebró, alzando la voz, el fin del “poder imperial de esos jueces liberales”.
La opinión disidente corre a cargo de Sonia Sotomayor, que define la decisión de sus compañeros conservadores de bancada como “una farsa del estado de derecho”. “Este”, escribe Sotomayor, “solo perdurará si quienes tienen la valentía suficiente en cada rama de la justicia luchan por su supervivencia. Hoy, el Supremo renuncia a su papel vital en ese esfuerzo”. Para completar la imagen de la división y los matices en el seno del alto tribunal en un asunto ciertamente polémico baste indicar que el documento incluye otras dos opiniones más: la del conservador Brett Kavanaugh y la de la liberal Ketanji Brown Jackson.
Puede resultar un asunto excesivamente técnico, un embrollo meramente procesal, pero se trata de una sentencia enormemente trascendental. No solo porque reequilibra la relación entre los poderes ejecutivo y judicial y cambia las reglas del juego de un sistema procesal a menudo incomprensible desde una óptica europea, sino también porque allana el avance de Trump por la senda de la ampliación del poder ejecutivo presidencial que ha seguido, ignorando a los otros dos poderes, durante los primeros cinco meses desde su regreso a la Casa Blanca.
En ese tiempo, el magnate republicano ha gobernado a base de decretos y órdenes ejecutivas, que en decenas de casos le han parado los jueces federales repartidos por todo Estados Unidos, un país en el que esos cargos tienen una carga más política que en otros ordenamientos jurídicos y son designados por los presidentes, demócratas o republicanos, y aprobados por el Senado. Uno de los principales focos de resistencia a esa manera de gobernar ha estado en estos meses en los tribunales federales de todo el país. Tras la decisión del Supremo de este viernes, cuando uno de esos magistrados ordene la suspensión de la aplicación de una decisión ejecutiva, esta no implicará automáticamente dejar sin efecto la decisión ejecutiva en los 50 Estados.
El actual presidente no es el primero que ha puesto en duda ese sistema en Estados Unidos. A medida que ha ido creciendo el empleo del poder ejecutivo, desde los tiempos de George Bush, hijo, con él lo ha hecho también la capacidad de los jueces federales para contrarrestarlo, así como la frustración de las sucesivas Administraciones, incluidas las de de Barack Obama y Joe Biden.
Trump aprobó el decreto que originó el caso para derogar la ciudadanía por nacimiento, que está garantizada por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, en su primer día en el Despacho Oval, pero tres jueces federales suspendieron la aplicación de la norma con efectos para todo el país.
Respaldo de las progresistas
En la vista oral del caso, las tres juezas progresistas respaldaron esas resoluciones, mientras que los miembros conservadores se mostraron partidarios de poner límites al poder de los magistrados para suspender normas a escala nacional. Algunos de ellos, sin embargo, sugirieron que en este caso lo veían justificado.
Trump decretó el final del derecho a la nacionalidad por el nacimiento en el territorio de Estados Unidos cuando los padres sean inmigrantes indocumentados o cuando la presencia de la madre en el país sea legal, pero temporal (como, por ejemplo, una visita o con un visado de estudiante, de trabajo o de turista) y el padre no sea ciudadano estadounidense o residente legal permanente.
Ese decreto va en contra de lo que ha sido durante más de un siglo la interpretación de una enmienda ratificada en 1868, que dice: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residen”. Se aprobó para poner fin a la interpretación del Supremo que excluía de forma permanente a las personas de ascendencia africana de la posibilidad de obtener la ciudadanía de Estados Unidos únicamente por motivos de raza.
En una sentencia histórica de 1898 sobre un inmigrante asiático, del caso Estados Unidos contra Wong Kim Ark, el Supremo interpretó de modo amplio la Decimocuarta Enmienda, garantizando la ciudadanía automática a prácticamente todos los niños nacidos en el país. Desde entonces, los hijos de inmigrantes nacidos en Estados Unidos han adquirido la nacionalidad independientemente del estatus legal de sus padres.
Lo que pretende Trump, como parte de su agenda anitiinmigrante y su retórica xenófoba, es cambiar esa excepción a futuro, no de modo retroactivo. El presidente estadounidense sostiene que los inmigrantes sin papeles no están sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos y, por tanto, no tienen derecho a la nacionalidad por nacimiento. Tradicionalmente, se ha interpretado que sí lo están y que los únicos excluidos son los hijos del personal diplomático o, en un supuesto hipotético, los descendientes de fuerzas de ocupación sobre suelo estadounidense.
