Kilmar Abrego García, el inmigrante salvadoreño convertido en símbolo de los excesos de la dura política de expulsiones de Donald Trump, podrá permanecer en Estados Unidos al menos hasta octubre. La jueza Paula Xinis, encargada de su caso, ha fijado para el día 6 de ese mes una vista en la que piensa llamar a declarar a varios cargos de la Administración republicana.
Abrego, excarcelado el viernes pasado de una prisión de Tennessee, había vuelto a quedar detenido este lunes por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, según sus siglas en inglés), cuando acudía a una citación para abordar su caso en los tribunales de inmigración en Baltimore, en el Estado de Maryland. Su abogado, Simon Sandoval-Moshenberg, había denunciado que las autoridades estadounidenses pretendían expulsar de nuevo a Abrego, de 30 años. Según el letrado, el salvadoreño podía acabar en Costa Rica, donde contaría con estatus de refugiado, si aceptaba declararse culpable de tráfico de personas. De rechazar los cargos, sería enviado a Uganda, donde temía ser detenido y víctima de torturas.
Inmediatamente después de la detención, los abogados de Abrego presentaron un recurso de habeas corpus para que no fuera enviado a ningún país antes de la celebración de un juicio en el que pudiera defenderse y, también, antes de determinar si la nación de acogida está dispuesta a aceptarlo.
La jueza Xinis ya había impuesto una orden que prohibía que Abrego fuera expulsado antes de la vista preliminar celebrada este miércoles.
Kilmar Abrego contaba con una orden judicial que prohibía que fuera deportado a El Salvador, donde podría verse expuesto a represalias, pero adonde la Administración Trump le expulsó en marzo. El inmigrante formó parte de un grupo de unas 300 personas, en su mayoría venezolanos, acusados de pertenecer al Tren de Aragua y a otras pandillas violentas. Todos ellos fueron expulsados en virtud de la ley de Enemigos Extranjeros, que data del siglo XVIII y que fue concebida para tiempos de guerra.
Un abogado del Departamento de Justicia reconoció entonces que en la orden de expulsión de Abrego se había cometido un error, y una jueza ordenó al Gobierno que le llevara de vuelta a EE UU.
La Administración Trump tardó meses en acatar aquella decisión judicial, alegando que no podía reclamar al Gobierno salvadoreño el regreso de uno de sus ciudadanos y que Abrego era un delincuente peligroso: el Departamento de Justicia le acusó primero de pertenecer a una pandilla delictiva, después de ser un maltratador y, finalmente, de introducir a inmigrantes irregulares en suelo estadounidense.
Desde su regreso en junio —tras casi tres meses en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la enorme y temida prisión salvadoreña para los miembros de pandillas delictivas—, Abrego había permanecido bajo custodia en una prisión de Tennessee por un presunto delito de tráfico de personas. Un cargo que él niega. Fue puesto en libertad el viernes, en cumplimiento de una orden judicial. El lunes, el ICE volvió a detenerle a su llegada a los tribunales para acatar la citación que había recibido.
