En la madrugada del pasado viernes, dos activistas de la organización Palestine Action traspasaron las vallas metálicas de seguridad de la base aérea militar de Brize Norton, la mayor del Reino Unido, y condujeron sus motocicletas eléctricas hasta dos aviones de transporte y reabastecimiento de combustible Voyager KC. Con ayuda de extintores rellenados de pintura, tiñeron de rojo los motores de las dos aeronaves, y provocaron algunos daños en su estructura con unas barras de hierro. Todo fue grabado convenientemente y difundido en las redes.
BREAKING: Palestine Action break into RAF Brize Norton and damage two military aircrafts.
Flights depart daily from the base to RAF Akrotiri in Cyprus.
From Cyprus, British planes collect intelligence, refuel fighter jets and transport weapons to commit genocide in Gaza. pic.twitter.com/zzmFqGKW8N
— Palestine Action (@Pal_action) June 20, 2025
El Gobierno laborista de Keir Starmer ha anunciado su intención de aplicar a la organización las leyes antiterroristas y prohibir su existencia. La pertenencia o el apoyo a Palestine Action podrá ser castigada hasta con 14 años de cárcel, ha advertido la ministra del Interior, Yvette Cooper. La política de mano dura contra cualquier rasgo de activismo propalestino, heredada sin reparo del anterior Ejecutivo conservador, incomoda y tensiona a la izquierda británica, que no entiende la tibieza ―en el mejor de los casos― y hasta el respaldo entusiasta de Starmer a las operaciones bélicas de Israel.
“El vergonzoso atentado llevado a cabo en la madrugada del viernes 20 de junio en Brize Norton es el último episodio de una larga historia de daños criminales inaceptables perpetrados por Palestine Action. La industria de defensa del Reino Unido es clave en la seguridad nacional y este Gobierno no va a tolerar que sea puesta en riesgo”, ha proclamado este lunes en la Cámara de los Comunes la ministra Cooper, para asegurar a continuación que tendrá listas antes de la semana que viene las medidas legales necesarias para prohibir las actividades de la organización.
A unos cientos de metros de allí, varios centenares de personas se manifestaban en Trafalgar Square en apoyo de los activistas. Una larga fila con decenas de policías intentaba retener a los manifestantes e impedir que colapsaran el tráfico de la ciudad. Los organizadores de la protesta habían intentado sin éxito convocar a los suyos ante el Parlamento. Durante casi una hora, la tensión entre agentes y manifestantes ha sido intensa, con varias detenciones y mucho forcejeo.
El despacho de abogados Kellys Solicitors, que representa a los activistas de la organización desde que comenzó sus protestas y sabotajes hace cinco años, ha advertido al Gobierno laborista a través de una carta adelantada por el diario The Guardian, de que la ilegalización del grupo es “contraria a la ley, peligrosa y mal concebida”.
“Aunque algunas acciones llevadas a cabo por Palestine Action han causado daños a la propiedad privada, sus activistas no defienden ningún tipo de violencia ilegal e intencionada contra las personas. Muchas de sus acciones han utilizado métodos absolutamente convencionales de protesta con simples manifestaciones y marchas. Llamarles ‘organización terrorista’ es un giro autoritario y un abuso del lenguaje”, ha señalado la firma en su escrito. “La prohibición de la organización no tiene precedentes y constituye un ataque contra las libertades de expresión y de reunión contrario a la ley, peligroso y mal concebido”, denuncian los abogados.
Ambigüedad con Israel
El Gobierno de Starmer ha lanzado señales ambiguas y contradictorias desde que estalló la guerra en Gaza y cuando Israel la ha ido extendiendo más tarde a otros países de Oriente Próximo. El primer ministro llegó a enfurecer a las filas de la izquierda cuando justificó que el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu ordenara cerrar el suministro de agua y electricidad a la Franja, en aras del derecho a defenderse frente a Hamás. Si bien es cierto que Downing Street llegó a ordenar un embargo de venta de armas a Israel, ante la sospecha de que pudiera usarse ese material en contra de la legalidad internacional, Starmer ha mantenido siempre un nivel de tibieza en las condenas al Gobierno de Netanyahu, muy por detrás del de su ministro de Exteriores, David Lammy, más firme en sus declaraciones.
La especial obsesión del Gobierno laborista por condenar y acorralar a las organizaciones propalestinas, que en el Reino Unido han sido especialmente activistas, ha irritado a gran parte de la izquierda, muy descontenta ya con los recortes sociales aplicados en el último año y con la política seguidista de Starmer respecto a Donald Trump, que a muchos recuerda la complicidad desplegada hace dos décadas entre Tony Blair y George W. Bush.
“A pesar de que hayan condenado públicamente al Gobierno de Israel, el [Ejecutivo del] Reino Unido sigue enviando aviones de transporte y aviones espía a Gaza, y reabastece de combustible a los cazas israelíes y estadounidenses. Al atacar dos de sus aeronaves militares, hemos roto la cadena de opresión”, aseguraba Palestine Action horas después del sabotaje en la base militar.
A lo largo de sus cinco años de historia, la organización ha llevado a cabo 356 actos de ataque por todo el Reino Unido; 118 de sus activistas han sido condenados, pero otros 33 han sido absueltos. Como los miembros de otras organizaciones especialmente activas en sus protestas, como Youth Demand o Just Stop Oil, han sufrido en sus carnes el endurecimiento en la aplicación de las leyes policiales que aprobó y puso en práctica el anterior Gobierno conservador y que Starmer no ha tenido problema en continuar.
La corriente más a la izquierda del Partido Laborista, junto a activistas ajenos a la formación, ha comenzado a organizarse en contra de lo que considera señales peligrosas de apoyo a Israel. El pasado sábado, miles de personas participaron en la marcha convocada por la Campaña de Solidaridad con Palestina, y voces veteranas como las de Paloma Faith o el exlíder laborista Jeremy Corbyn, advirtieron al Gobierno actual de que podía estar cometiendo de nuevo un error que costó muy caro a la izquierda dos décadas antes.
