Cuando Luiz Inácio Lula da Silva, de 79 años, ganó las elecciones en Brasil por la mínima, a finales de 2022, ya avisó de que lo realmente difícil empezaba entonces. El veterano izquierdista nunca había gobernado en condiciones tan adversas. Lidera una coalición de gobierno bien voluble y los suyos están en minoría en el Congreso. En ese contexto, el presidente Lula sufrió este miércoles por la noche un humillante motín parlamentario al que se sumaron varios de los partidos con ministros en su Gabinete. Ambas Cámaras se coordinaron para anular, por primera vez desde 1992, un decreto presidencial, uno que aumentaba el impuesto a las transacciones financieras. El Partido de los Trabajadores (PT) de Lula ha advertido de que, sin esos ingresos, tendrá que recortar programas sociales.
Con el Gobierno de Brasil inmerso en una crisis fiscal y de popularidad, el Congreso eligió cuidadosamente el momento de enviar un contundente recado a Lula. Tras más de un mes de debate político sobre el decreto presidencial que incrementaba el Impuesto sobre Operaciones Financieras para aumentar la recaudación e intentar cuadrar las cuentas públicas, la Cámara de Diputados convocó súbitamente una votación del decreto cuando la actividad estaba a medio gas por las fiestas de San Juan. Sus señorías, que pudieron votar en la distancia, rechazaron por abrumadora mayoría el aumento impositivo. Para mayor escarnio, dos tercios de los noes vinieron de partidos cuya fidelidad Lula ha intentado garantizarse con ministerios. Visto lo visto, el intento ha fracasado.
A los quebraderos de cabeza que le da el Congreso a Lula, se le suman los problemas en el frente internacional. La presencia del presidente chino, Xi Jinping, en la cumbre de los BRICS, el foro creado por los países emergentes, la semana próxima en Río de Janeiro, no está confirmada. Según el diario South China Morning Post, Xi faltará a la cita porque ya se ha reunido con Lula dos veces en 2024. Su ausencia se sumaría a la del ruso Vladímir Putin, sobre el que pesa una orden de detención internacional. Los BRICS se reunirán además con los ataques militares de EE UU e Israel a uno de sus socios, Irán, todavía frescos.
Pese a algunos reveses, Lula mantiene una intensa agenda internacional. Participó en el reciente G-20 en Canadá y en unos días se reúne con sus homólogos de Mercosur.
El ministro de Hacienda brasileño, Fernando Haddad, ha expresado este jueves su desconcierto ante la derrota parlamentaria: “No sé qué ha pasado”, ha dicho en una entrevista tras recordar que hace tres semanas se reunió con los líderes de ambas Cámaras y quedó convencido de que tenían un acuerdo político para que el decreto, vital para aumentar la recaudación, fuera ratificado. “Salí de allí pensando que todo estaba bien. No solo yo, todos. No sé qué ha cambiado desde aquel domingo”, ha confesado impotente. El Gobierno sopesa recurrir al Tribunal Supremo para revertir la decisión parlamentaria.
El presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, explicó la derrota gubernamental en un tuit: “346 votos. Un recado de la sociedad; (…) el país no aguanta más el aumento de impuestos”.
Exactamente, la mitad de los brasileños desaprueban el desempeño del Gobierno, según la encuesta Datafolha más reciente, publicada este mes. Y el porcentaje de los encuestados que considera al presidente Lula “malo o muy malo” ha subido dos puntos, hasta el 40%. Un 28% lo considera “bueno o muy bueno”, y un 31% “regular”. El desapego hacia Lula avanza incluso en las regiones históricamente más fieles al líder del PT.
La humillante derrota infligida a Lula y a su Gobierno es interpretada en Brasil como la sonora protesta de los parlamentarios por la reducción este año de las llamadas enmiendas parlamentarias, jugosas partidas que el Gobierno adjudica a cada uno de ellos para que puedan gastar fondos públicos en los proyectos que individualmente determinen. Son habitualmente inversiones destinadas a sus feudos electorales con los que se aseguran la reelección.
El Gobierno de Lula, en su tercer año de mandato, lleva tiempo buscando vías para aumentar la recaudación después de anunciar en mayo un considerable recorte de gastos. Con la subida del impuesto sobre transacciones financieras pretendía recaudar 10.000 millones de reales (1.800 millones de dólares).
