Un juez del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales ha dictado este martes una orden cautelar de emergencia para que el hotel The Bell, en la localidad de Epping, desaloje antes del 12 de septiembre a los 138 solicitantes de asilo que el Ministerio del Interior británico había ubicado en sus instalaciones. La decisión ha desatado la alarma en el Gobierno laborista de Keir Starmer, ante la posibilidad de que docenas de autoridades locales acudan a la justicia con el mismo propósito. Más de 32.000 aspirantes al estatuto de refugiados habitan 210 hoteles a lo largo del Reino Unido. La política de alojamiento, puesta en marcha por anteriores gobiernos conservadores y heredada por el actual Ejecutivo, supone un gasto diario de casi siete millones de euros, y un foco de conflicto habitual en las calles.
Grupos de ultraderecha, vecinos y organizaciones humanitarias llevaban semanas protestando, y enfrentándose unos con otros, ante las puertas del The Bell. En algún momento, la policía arrestó hasta 16 manifestantes después de que se produjeran estallidos de violencia. Como en ocasiones anteriores, la chispa fue un caso de agresión sexual. Uno de los residentes del hotel fue acusado de abusar de una menor el mes pasado.
El Consejo de Distrito de Epping Forest, la autoridad local bajo cuyo mandato opera el hotel, recurrió a un argumento técnico y legal para solicitar el desalojo de los inmigrantes que ha resultado, de momento, eficaz. Alegaron los abogados del consejo que la compañía propietaria del negocio, Somani Hotels, nunca especificó, en su solicitud original de licencia de construcción, que su actividad principal iba a consistir en alojar solicitantes de asilo por encargo del Gobierno. Se había saltado de ese modo la legislación de planificación urbanística, según ha admitido el juez Stephen Eyre.
“Se trata de una decisión importante para Epping Forest, pero también para otros consejos por todo el país, y demuestra que el Gobierno no puede saltarse alegremente las normas de planificación urbanística”, celebraba a las puertas del tribunal el presidente del consejo de Epping Forest, el conservador Chris Whitbread.
Llamadas a manifestarse
Como la famosa condena del mafioso Al Capone por un delito fiscal, el argumento de la planificación urbanística parece a primera vista una argucia legal para obtener una victoria judicial. Pero la orden cautelar del juez Eyre contiene en sus palabras toda una bomba de relojería, porque admite que “las manifestaciones legales” de los vecinos y de grupos de ultras contra “el uso del hotel The Bell para acomodar a solicitantes de asilo” han provocado “un importante grado de disrupción en las vidas de los vecinos de la zona”.
La decisión supone un estímulo para que surjan nuevos actos de protesta por todo el país frente a los hoteles que acogen inmigrantes, con la intención de provocar esa misma “disrupción” y órdenes judiciales de desalojo similares. El líder populista Nigel Farage, que lleva todo el verano recorriendo el país con un agresivo discurso contra los inmigrantes, ha animado a los ciudadanos a lanzarse a protestar frente a los hoteles donde haya solicitantes de asilo. “La comunidad [de Epping] supo levantarse y plantar cara con valentía, a pesar de que les insultaron y calificaron como ultraderechistas. Al final, ha logrado vencer”, proclamaba Farage al conocer la sentencia. Al menos los 10 consejos de distrito que hoy controla su partido, Reform UK, han anunciado su intención de seguir la senda del consejo de Epping Forest y acudir a los tribunales.
El Gobierno de Starmer se ha comprometido a poner fin a un sistema de alojamiento de inmigrantes irregulares que es una fuente continua de tensión, pero resulta difícil vaciar hoteles si no existe previamente una alternativa de alojamiento. El Ministerio del Interior caería en el riego de infringir la legislación humanitaria que prohíbe el desahucio de las personas.
Los abogados del ministerio intentaron recurrir la decisión, pero el juez Eyre impidió su intervención. Entre los argumentos que intentaron someter a la consideración del magistrado estaba su preocupación de que la orden cautelar “fuera una grave injerencia” en la obligación del ministerio de asegurar los derechos humanos de los solicitantes de asilo, y de que pudiera acabar siendo “un estímulo para nuevas protestas y manifestaciones”.
Respuesta templada
El Gobierno de Starmer ha respondido del modo más mesurado posible a la orden cautelar y a sus implicaciones. La gestión de la inmigración irregular ha sido el mayor quebradero de cabeza de Downing Street en el primer año de legislatura, y las cifras de personas que llegan de manera irregular a las costas de Inglaterra no han dejado de crecer: más de 50.000 inmigrantes han realizado esa travesía desde que el Partido Laborista llegó al poder en julio de 2024.
El nuevo Ejecutivo prometió poner fin al sistema de alojamiento en hoteles para el final de la legislatura, en 2029. La presión política y de la calle, agravada ahora con esta sentencia, convierte la situación y la fecha en algo insostenible. Starmer ha puesto en marcha una nueva agencia de control de fronteras a la que ha otorgado incluso los poderes contemplados en la legislación antiterrorista, con el propósito de combatir las mafias que trafican con personas y organizan las embarcaciones. Y ha logrado cerrar con Francia un acuerdo de intercambio de inmigrantes irregulares. Pero nada es suficiente para frenar un asunto que los políticos, como en otras partes de Europa, han decidido usar como arma arrojadiza.
“El uso de hoteles se ha convertido en algo completamente insostenible. La orden judicial deja claro que no se puede esperar hasta 2029”, ha denunciado Enver Solomon, presidente de la organización humanitaria Refugee Council. “Nuestros trabajadores son testigos de cómo las protestas y la hostilidad creciente han provocado que aquellos que huyen de guerras y de la persecución vivan aterrados en los lugares donde les obligan a residir”, ha señalado.
El Gobierno confía aún en que la sentencia del hotel The Bell sea un caso aislado. Demandas similares en los últimos años habían sido desestimadas hasta hora por la justicia británica. Pero la presión también ha llegado a los jueces, y Downing Street ha comenzado a acelerar los planes para dotar de alojamientos alternativos a los solicitantes de asilo.
