Como en un juego ensayado del gato y del ratón, los agentes de la policía metropolitana de Londres han comenzado a arrestar a partir de las 13.00 de este sábado (una hora más en la España peninsular) a decenas de activistas propalestinos concentrados frente al Parlamento británico.
En un día soleado, los cientos de turistas que merodeaban por los alrededores de Westminster formaban parte de un extraño paisaje que mezclaba cientos de policías y cientos de manifestantes con banderas palestinas. Muchos de estos últimos esperaban sentados, en la explanada de césped del centro de la plaza, a que llegara la hora acordada con cartulinas blancas y rotuladores en la mano.
La una en punto, marcaba el reloj del Big Ben, todos los congregados han comenzado a escribir la misma consigna en sus pancartas: Me Opongo al Genocidio. Apoyo a Acción Palestina (I Oppose Genocide. I Support Palestine Action). Suficiente como para que los agentes hayan comenzado a arrestar, y en muchas ocasiones a llevar en volandas, a todos los que esgrimían el cartel.
El Gobierno laborista de Keir Starmer ha decidido que Palestine Action, responsable de multitud de actos de sabotaje contra intereses israelíes en el Reino Unido, sea catalogada como terrorista, y se aplique a sus miembros y a todos los que la apoyan condenas mucho más duras que las de un mero delito de daños a la propiedad pública o privada, o de sabotaje, como se ha achacado a la organización.
A mediados de junio, dos de sus activistas traspasaron las vallas metálicas de seguridad de la base aérea militar de Brize Norton, la mayor del Reino Unido, y condujeron sus motocicletas eléctricas hasta dos aviones de transporte y reabastecimiento de combustible Voyager KC. Con ayuda de extintores rellenados de pintura, tiñeron de rojo los motores de las dos aeronaves, y provocaron algunos daños en su estructura con unas barras de hierro. Todo fue grabado convenientemente y difundido en las redes.
Fue la gota que colmó el vaso. La ministra del Interior, Yvette Cooper, con el respaldo de Starmer, dio el paso de calificar la organización de terrorista, para escándalo de muchos diputados laboristas, organizaciones humanitarias y votantes de izquierda.
“Es una vergüenza absoluta, y un parteaguas en la democracia británica. Si siguen adelante con esto, será el fin de la democracia y de la libertad de expresión en este país. Es así de simple”, señala a EL PAÍS David Nissen, de 72 años, un judío originario de Londres que ha formado parte durante años del movimiento Voz Judía del Laborismo, y que se opone firmemente a la destrucción que Israel está llevando a cabo en Gaza.
La policía londinense ha movilizado para este fin de semana a cerca de 3.000 agentes, muchos venidos de fuera de la ciudad. Algunos grupos de ultraderecha tienen previsto realizar manifestaciones frente a los hoteles que dan refugio a los solicitantes de asilo. Pero el acto de protesta que más recelo causaba a las autoridades era el de apoyo a Acción Palestina.
“Todo aquel que muestre su apoyo a Acción Palestina debe esperar ser arrestado. Sugeriría de nuevo a la gente que considere la seriedad de la infracción. Un arresto bajo la Ley Antiterrorista puede tener consecuencias a largo plazo a la hora de viajar, buscar empleo o solicitar un crédito”, había advertido horas antes de la protesta el subcomisario jefe de la policía metropolitana, Ade Adelekan.
A pesar de la campaña de presión ejercida, han sido centenares los activistas que han desafiado a las autoridades. Los agentes han montado un cordón para rodearlos, y han procedido con las detenciones, que han llegado casi a 200.
“Han saboteado algunos lugares, han destrozado material y han roto ventanas. Pero no han hecho daño a nadie, y todas esas acciones no les convierten en terroristas. Y si yo vengo aquí a decir eso y a protestar contra el Gobierno, me arriesgo a una condena de 12 años. Esto es una jodida locura”, protesta Martin Drummond, uno de los primeros activistas en llegar a la plaza del Parlamento.
Muchos de ellos se sentaban, para protegerse del sol, bajo la estatua de Mahatma Gandi, o de la de la sufragista Millicent Garrett Fawcett, con su famoso cartel que despliega la leyenda “el coraje llama al coraje en todas partes”.
No se veía cara de terror en los activistas que se dejaban portar por las fuerzas de seguridad hacia alguno de los furgones aparcados alrededor de la plaza. “Vergüenza, vergüenza”, gritaban los manifestantes a la policía cada vez que uno de los suyos era arrestado y desalojado. Los agentes intentaban mantener cara de póker, pero a más de uno le resultaba complicado disimular lo desagradable que resultaba llevar a cabo la tarea impuesta por un Gobierno laborista.
“La prohibición de Acción Palestina no tiene nada que ver con Palestina, ni afecta al derecho a manifestarse a favor de los derechos de los palestinos. Solo afecta a una organización pequeña y específica cuyas actividades no reflejan a miles de personas por todo el país que siguen ejercitando sin problema su derecho a protestar”, aseguraba un portavoz del Ministerio del Interior ante la incomodidad cada vez mayor, entre las filas del Partido Laborista, por la excesiva mano dura desplegada por el Gobierno de Starmer.
Decenas de académicos e intelectuales, entre los que se encuentran Naomi Klein o Angela Davis, han reclamado a Downing Street, a través de una carta pública, que revierta su decisión de calificar de terrorista al grupo Palestine Action.
