El matrimonio homosexual en Estados Unidos, cuyo derecho fue ampliado hace 10 años en todo el país, puede tener los días contados si el Tribunal Supremo da la razón a una funcionaria que en su día se negó por motivos religiosos a expedir la licencia para contraer matrimonio a una pareja gay, y que fue condenada a una considerable multa por ello, además de seis días de cárcel por desacato. El caso de Kim Davis, que en 2015 era secretaria del condado de Rowan (Kentucky), tuvo algunos continuadores, como el pastelero que en 2017 se negó a elaborar la tarta nupcial para el enlace de dos hombres, aduciendo también creencias religiosas, y a quien el Supremo dio la razón un año después, durante el primer mandato del republicano Donald Trump.
Así que la apelación de Davis, que llegará al Supremo en otoño para revertir la sentencia que le impuso el pago de una multa de 100.000 dólares (85.000 euros) por daños emocionales a la pareja, más 260.000 en concepto de honorarios legales, trasciende el caso individual y amenaza con propinar un revés para la comunidad LGTBIQ+ en plena ofensiva ultraconservadora. En un auto presentado el mes pasado para pedir la revisión de decisiones de instancias inferiores —todas contrarias a esta mujer— Davis, que es republicana, argumenta que la protección de la Primera Enmienda para el libre ejercicio de la religión la exime de responsabilidad personal por haber rechazado tramitar el papeleo del matrimonio igualitario. Pero su recurso va mucho más allá.
El Supremo, de supermayoría conservadora —seis de sus miembros, frente a tres liberales—, está dando la razón a la Administración de Trump en numerosos recursos de urgencia a decisiones de tribunales inferiores, por eso lo que decida en el caso Davis será determinante para el futuro del matrimonio igualitario. Porque, en esencia, el recurso de la exsecretaria del condado afirma que la decisión del Tribunal Supremo en el caso Obergefell contra Hodges —que amplió el derecho al matrimonio de las parejas del mismo sexo en virtud de la 14ª Enmienda— fue “flagrantemente errónea”.
“Este error debe corregirse”, ha escrito el abogado de Davis, Mathew Staver, en el recurso, calificando la opinión mayoritaria del caso Obergefell de “ficción jurídica”. En junio de 2015, el Supremo estableció, por un reñido margen de votos (5-4), que las parejas del mismo sexo tienen el derecho fundamental a casarse y que los Estados deben reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en otras jurisdicciones. Es más, que el derecho al matrimonio es una libertad fundamental, inherente a la autonomía individual y protegida por la Decimocuarta Enmienda, según el fallo leído por el juez Anthony Kennedy.
Así que la actuación de Davis, que, como secretaria del condado de Rowan era la única autoridad encargada de expedir licencias matrimoniales en nombre del Gobierno, es más que un recurso: es una enmienda a la totalidad. De hecho, su petición es la primera en una década que solicita formalmente al tribunal que revoque la histórica decisión sobre el matrimonio. Davis tiene legitimidad para hacerlo, según su abogado, porque “si alguna vez ha habido un caso de importancia excepcional, el de la primera persona encarcelada por seguir sus convicciones religiosas con respecto a la definición histórica de matrimonio, es el suyo”, ha dicho Staver.
Durante una década los tribunales inferiores han desestimado las reclamaciones de Davis y la mayoría de los expertos jurídicos consideran que su intento tiene pocas posibilidades de éxito. Un tribunal federal de apelación concluyó a principios de este año que la antigua secretaria “no puede invocar la Primera Enmienda como defensa porque se la considera responsable de una acción estatal [la expedición de licencias], algo que la Primera Enmienda no protege”.
Ofensiva conservadora
Pero la apelación se produce en un momento en el que los detractores del matrimonio homosexual arrecian en su campaña para revertir el precedente de Obergefell y trasladar la legislación a cada Estado, aunque el Congreso aprobó por amplia mayoría en diciembre de 2022 una ley para blindarlo. Hace 10 años, cuando se dictó la histórica sentencia, 35 Estados tenían prohibiciones legales o constitucionales sobre los matrimonios entre personas del mismo sexo. Solo ocho habían promulgado leyes que permitían explícitamente esas uniones. Diez años después, al menos nueve Estados han presentado proyectos de ley destinados a bloquear las nuevas licencias de matrimonio para las personas LGTBQ+ o han aprobado resoluciones instando al Tribunal Supremo a derogar el caso Obergefell lo antes posible, según el grupo de defensa Lambda Legal, de ahí que la apelación de Davis pueda catalizar la ofensiva conservadora contra millones de estadounidenses.
Algo parecido a lo que sucedió con otra sentencia histórica, la del caso Roe vs Wade, que consagró constitucionalmente el derecho al aborto en 1973 y que fue derogado en 2022 por un Supremo hecho a imagen y semejanza de Trump. Como en el caso del aborto, en el que el republicano se pone de perfil para no contrariar a su base electoral —y en especial a los cristianos evangélicos— defendiendo que legislen los Estados, y no el Gobierno federal, la derogación de Obergefell podría dar la puntilla a un derecho peleado durante décadas. Hace un mes, la Convención Bautista del Sur, la mayor denominación cristiana del país, votó por abrumadora mayoría a favor de “la derogación de las leyes y sentencias judiciales, incluida la de Obergefell contra Hodges, que desafían el diseño de Dios para el matrimonio y la familia”.
Aunque una amplia mayoría de estadounidenses está a favor de la igualdad de derechos en el matrimonio, el apoyo parece haberse debilitado en los últimos años, según el instituto Gallup: el 60% de los estadounidenses apoyaba los matrimonios entre personas del mismo sexo en 2015, porcentaje que aumentó hasta el 70% en 2025, pero que se ha estancado desde 2020.
Por cierto, la pareja a la que Davis negó la licencia acabó casándose, después de que el personal de su oficina expidiera las licencias por delegación, pero eliminando su nombre del formulario. Para evitar casos similares, el Estado de Kentucky promulgó una ley para eliminar los nombres de todos los secretarios del condado de las licencias matrimoniales.
