El lunes 29 de julio del año pasado, una multitud de venezolanos tomó las calles de las principales ciudades del país para rechazar los resultados electorales anunciados por el Consejo Nacional Electoral. Los datos de las presidenciales celebradas el domingo 28 difundidos por el árbitro, controlado por el Gobierno, otorgaban el triunfo a Nicolás Maduro. El mandatario no presentó pruebas que lo certificaran, mientras la oposición liderada por María Corina Machado y el candidato Edmundo González Urrutia publicaron una mayoría de actas electorales que demostraban lo contrario. Así, la ilusión popular de millones venezolanos esperanzados en un cambio político se estrelló con un régimen atrincherado.
El clima de transición pacífica se respiraba en todos los rincones de aquella campaña, como atestiguaban las encuestas de mayor credibilidad. Machado, la ganadora de la consulta ciudadana de primarias celebradas a finales de 2023 —inhabilitada por las autoridades— había logrado posicionar el nombre de González Urrutia. El veterano diplomático se presentaba como el candidato encargado de encaminar el país hacia la democracia. Esa aspiración se hizo viral. “Todo el mundo, con Edmundo”, era la consigna más escuchada durante semanas por las calles del país.
Un año después, el panorama de la gobernabilidad en Venezuela sigue bajo la batuta de Nicolás Maduro por la vía de los hechos. Nada ni nadie ha podido impedirlo, ni las fuerzas antichavistas, acorraladas y obligadas a operar a menudo en condiciones de clandestinidad, ni la comunidad internacional, cuyas principales instancias rechazaron los resultados oficiales. Este domingo se han celebrado unas elecciones de alcaldes que en la práctica no plantean ninguna disputa real entre la formación de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y la oposición, que no participa. La votación se desarrolló en un clima de máxima desconfianza y baja participación, pero supuso otra vuelta de tuerca que fortalece el poder institucional del chavismo.
El acuerdo a tres bandas gestionado por Washington y Caracas, para intercambiar a los presos venezolanos deportados a San Salvador a cambio de 10 ciudadanos estadounidenses cautivos en Venezuela, de nuevo sugiere que en Washington no se están tomando muy en cuenta las opiniones y las presiones de la oposición venezolana. Ese tipo de gestos se mezcla con la decisión de abrir de nuevo la puerta a las operaciones de la petrolera Chevron en Venezuela, lo que supondría un balón de oxígeno para Maduro, y por otro lado la declaración del llamado Cartel de los Soles, a cuya cabeza el Gobierno de Donald Trump sitúa al propio Maduro, como organización terrorista. Este domingo, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó en redes sociales que “Maduro no es el presidente de Venezuela y su régimen no es el Gobierno legítimo”.
A eso se añade la persecución sistemática de la disidencia. Desde agosto de 2024, bajo el llamado de la “furia bolivariana”, el oficialismo endureció como nunca su trato con la población y sobrevino una escalada represiva que le ha cambiado el rostro al ejercicio político en el país. La famosa Operación tun tun, anunciada por el número dos del régimen, Diosdado Cabello, desde hacía tiempo como un castigo a los conspiradores, dejó de ser una amenaza figurada: 1.900 personas fueron llevadas a la cárcel por salir a protestar y poco más de 900 han sido liberadas en estos meses.
Cabello, considerado segundo hombre al mando en el régimen chavista, asumió funciones como ministro del Interior y de Justicia, con plenos poderes para tomar decisiones. Varios penales para presos comunes, como Tocorón y El Rodeo, fueron acondicionados para recibir a dirigentes políticos, activistas y exaltados, ante el hacinamiento en los lugares tradicionales.
La ONG Provea (Programa de Educación-Acción en Defensa de los Derechos Humanos) reporta que, desde el 28 de julio de 2024 han sido encarcelados 76 activistas civiles, 15 periodistas, 8 dirigentes sindicales, 8 líderes indígenas y 3 activistas ambientales. También, decenas de políticos de importancia nacional, como Juan Pablo Guanipa, Enrique Márquez, Jesús Armas, Freddy Superlano, Américo de Grazia o William Dávila. Los integrantes del Comando Con Venezuela, de González Urrutia, y la dirección nacional de Vente Venezuela, el partido que fundó María Corina Machado, han sido judicializados con especial tenacidad. Casi todos siguen hoy presos.
Mientras tanto, contingentes militares y de la policía política se pasean todavía a diario y de manera disuasiva por las calles de Caracas, con sus rostros encubiertos y su actitud amenazante. La censura se adueñó de parte de los debates de la opinión pública. La gente en las calles prefiere no hablar de política.
Maduro justificó la respuesta del chavismo denunciando un supuesto plan conspirativo organizado desde el exterior, con ramificaciones internas, diseñado para alterar la paz durante las elecciones presidenciales del año pasado. Unas elecciones que, según sostienen sus seguidores y defensores, ha ganado legítimamente. Tanto él como el fiscal general, Tarek William Saab, responsabilizan a Machado y a González Urrutia de estar detrás de este complot.
La narrativa chavista sobre la legitimidad de los resultados electorales domina el discurso oficial en cadenas de televisión y estaciones de radio del país. El Consejo Nacional Electoral no abundó en los meses posteriores en mayores explicaciones sobre lo sucedido aquella noche del 28 de julio y ninguna voz oficial se pronunció sobre la negativa del oficialismo a mostrar las actas de votación y a ofrecer escrutinios detallados por Estados y municipios.
En los primeros seis meses de este 2025, Maduro aceleró, en cambio, su proyecto con la convocatoria de elecciones legislativas y regionales en mayo y, este domingo, con la votación de nuevos alcaldes. Lo ha hecho ondeando una supuesta bandera de diálogo. Desde agosto del año pasado, el Gobierno ha ido dialogando con algunos actores civiles: universidades privadas, canales de televisión, cámaras empresariales, partidos políticos, alcaldías y gobernaciones en manos de la oposición. Sin embargo, la exigencia sobre la mesa siempre fue la misma: reconocimiento del Ejecutivo bolivariano para seguir operando en paz.
Edmundo González, que se había proclamado vencedor con más del 70% de los votos, tuvo que abandonar el país en septiembre con destino a Madrid. Hoy, en todos los puestos policiales y aeropuertos del país hay una foto con su nombre, ofreciendo una recompensa por aportar información sobre su captura. Replegada, en la clandestinidad total una vez que la represión militar disolvió el ánimo de las protestas, con sus colaboradores presos o fuera del país, Machado, la líder de la oposición, insiste en que la transición a la democracia está más cerca de lo que se piensa, y que las contradicciones internas del Gobierno tienden a debilitarlo. Con el paso de los meses, sin embargo, su discurso pierde tracción. Especialmente después de que Maduro volvió a tomar posesión como presidente, el pasado mes de enero.
