El juicio más importante de la historia reciente de Brasil entra en la fase final. El martes 2 de septiembre, a las nueve de la mañana, empiezan en el Tribunal Supremo las sesiones para dictar sentencia en el caso contra Jair Messias Bolsonaro, de 70 años. Un juicio que su aliado y presidente estadounidense, Donald Trump, ha intentado reventar con su poder presidencial. Infructuosamente.
El expresidente brasileño, militar retirado, está acusado de liderar una conspiración golpista, con planes de magnicidio, junto a varios generales. Se desconoce si Bolsonaro seguirá las deliberaciones desde su chalé, donde está en prisión domiciliaria, o si acudirá al edificio acristalado del Supremo, que cientos de sus seguidores arrasaron el 8 de enero de 2023. La cuenta atrás para el veredicto ha abierto la batalla por la sucesión en el clan Bolsonaro y la derecha brasileña. También está muy atenta la internacional de los conservadores nacionalpopulistas.
Nunca antes Brasil sentó en el banquillo a un expresidente ―o a unos militares― por un intento de golpe de Estado. De ahí la relevancia del juicio. Pero hay otros factores trascendentales, como explica Rubens Glezer, profesor de derecho constitucional de la Fundación Getulio Vargas: “Este es un test de fuerza sobre la capacidad de los tribunales para conseguir castigar a esos líderes autoritarios que intentan dar golpes de Estado. En ese sentido, la relevancia trasciende Brasil. Es profundamente importante para América Latina, pero también para el mundo. Por eso, Trump ha intervenido tan explícitamente”.
La Fiscalía le imputa a Bolsonaro cinco delitos que suman un máximo de 43 años y un mínimo de 12. El más grave, la abolición violenta del Estado democrático de derecho. Bolsonaro niega todas las acusaciones. El puntal de la denuncia es la confesión de su secretario personal.
La tradición de deliberaciones públicas y televisadas en directo convierte al Tribunal Supremo de Brasil en uno de los más transparentes del mundo. Así será, también, en este caso de altísimo voltaje político. Solo parte de los 3.000 ciudadanos inscritos para asistir en persona podrá entrar en la sala. El resto deberá contentarse con seguir en vídeo los alegatos de las defensas, los votos de los jueces a favor de la absolución o la condena y, si lo hubiera, el debate entre ellos.
Bolsonaro permanece preso en su casa, en Brasilia, con tobillera electrónica y una patrulla de policía en la puerta para evitar que se fugue y pida asilo en una embajada, como sopesó. Se enfrenta, así, a una situación que Trump logró eludir después de que sus seguidores tomaran el Capitolio. Por eso, el proceso judicial contra Bolsonaro es un espejo en el que el magnate estadounidense se mira. Lo considera una injusticia. O como él proclama, “¡una caza de brujas!, algo que conozco bien”.
La artillería pesada trumpista —aranceles a Brasil y sanciones a varios jueces del país— aparentemente no ha hecho mella en el tribunal, que sigue con su calendario. El poderoso juez Alexandre de Moraes (sancionado por Estados Unidos) y otros cuatro magistrados dirimirán el futuro de Bolsonaro en cinco sesiones entre el 2 y el 12 de septiembre.
Los que visitan a Bolsonaro, siempre con permiso del juez, han contado que está bajo de moral. Pero eso no impide al ultraderechista pensar en 2026, año de elecciones presidenciales y parlamentarias. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 79 años, al que Bolsonaro no quiso colocar la banda presidencial y a quien, según el fiscal general, pretendió derrocar y que lo mataran, busca un cuarto mandato. La duda es quién tendrá enfrente: si un gobernador de la derecha, la esposa de Bolsonaro o uno de los hijos… O quién sabe si aparecerá un outsider que nadie tiene ahora en el radar.
Cuchillos afilados
Con Bolsonaro confinado, sin poder hablar por teléfono o usar redes sociales, los aspirantes a heredar su capital político afilan los cuchillos. El favorito, el gobernador de São Paulo, Tarcisio de Freitas, prometió este sábado que, si fuera presidente, su primera decisión sería indultar a su mentor político. Un compromiso ya adoptado por otros gobernadores derechistas con aspiraciones presidenciales: Romeu Zema (Minas Gerais) y Ronaldo Caiado (Goiás). Los tres desoyen, por ahora, los cada vez más insistentes llamamientos a que rompan con el bolsonarismo y lleven a los conservadores de vuelta al sendero de la derecha tradicional. Critican el juicio —con menos efusividad que Trump, eso sí—, pero aún consideran al exmandatario más un activo que un lastre.
Aunque el Tribunal Electoral lo inhabilitó hace dos años por abuso de poder y no puede ser candidato hasta 2030, Bolsonaro ejerce como líder absoluto de la oposición a Lula. Pero con el golpe de los aranceles —una afrenta a la soberanía nacional— y la prisión domiciliaria, ha empezado a perder brillo.
El ultra pelea como puede para prolongar su vida política. El plan b de que el Congreso apruebe una amnistía no ha prosperado. Ahora negocia con su partido, el Partido Liberal, las candidaturas para asegurarse una mayoría sólida para iniciar un proceso de impeachment que saque al juez Moraes de la máxima Corte.
El patriarca también busca un hueco en la Cámara alta para su segundo hijo, Carlos, concejal en Río. El primogénito, Flávio, ya es senador. El tercero, Eduardo, diputado, es el artífice de que Trump y su administración hayan apostado a lo grande por salvar a Bolsonaro. Considerado por buena parte de sus compatriotas como un traidor por propiciar el castigo arancelario, Eduardo pretende seguir ejerciendo como diputado a distancia, desde EE UU, con escaño en Brasil, salario e inmunidad. Pero ambiciona el gran premio, ser el elegido. Y cada vez se muestra más abiertamente hostil al preferido de las bases bolsonaristas, el gobernador de Freitas. Pero hasta en la familia tiene competencia: la esposa de su padre, Michelle Bolsonaro, también se deja querer y no le va mal en las encuestas.
Brasil ha visto a unos cuantos de sus expresidentes detenidos o en el banquillo de los acusados. Basta recordar el caso de Lula, que estuvo preso por corrupción por una condena que en 2021 anuló el Tribunal Supremo. Premió al abogado que dirigió su defensa, Cristiano Zanin, con un puesto en la máxima Corte. Ahora preside la sala que juzga a Bolsonaro.
Lo inédito en la segunda mayor democracia de América es juzgar a un ex jefe de Estado por golpismo. Y otra novedad para los libros de Historia: Brasil juzga por primera vez a militares por un intento de golpe de Estado. Lo hace 40 años después de cerrar la última dictadura con una amplia amnistía.
En Brasil nadie pone seriamente en duda que Bolsonaro será condenado. La incógnita es la pena —los años que le caerán— y dónde la cumplirá: si logrará seguir en casa a causa de sus problemas de salud, si irá a una comisaría de policía (como Lula), a una prisión militar (es capitán del ejército) o incluso si, como se especula, es internarlo en la cárcel más vigilada del país, con los jefes del crimen organizado y un espía ruso a la espera de ser extraditado.
