Cuatro figuras destacadas del movimiento prodemocracia de Hong Kong han sido puestas en libertad este viernes, después de haber pasado más de cuatro años en prisión, condenadas por un delito de conspiración “para subvertir el poder estatal”. Se trata de la segunda tanda de excarcelaciones en el marco del macroproceso contra 47 miembros de la oposición hongkonesa, la mayor causa abierta hasta la fecha en virtud de la Ley de Seguridad Nacional (LSN) en la antigua colonia británica. Pekín impuso la polémica norma sobre el enclave semiautónomo en 2020 con la intención de desactivar la disidencia, un año después de que las protestas contra el Gobierno tomaran las calles de la ciudad durante meses. Una treintena de los condenados en este proceso sigue entre rejas y algunos afrontan penas de hasta 10 años de cárcel.
Entre los liberados esta madrugada, figura Sham Tsz-kit, un veterano defensor de los derechos civiles y del colectivo LGTBIQ+, y antiguo líder del ya disuelto Frente Civil para los Derechos Humanos (CHRF, por sus siglas en inglés). Esta organización fue clave en la convocatoria de las marchas masivas de 2019 y cesó su actividad en 2021, tras la entrada en vigor de la LSN.
Junto a Sham, de 38 años, también han recuperado la libertad los exconcejales de distrito Li Ka-tat (33 años), Tam Hoi-pong (45 años) y Wong Pak-yu (34 años). Según medios locales, los cuatro salieron de prisión durante la madrugada y fueron trasladados directamente a sus domicilios escoltados por un notable dispositivo de seguridad.
En declaraciones recogidas por el rotativo hongkonés South China Morning Post, Sham dijo que espera que se recuerde “a aquellos que siguen resistiendo” y que necesitará tiempo para entender “cuál es la nueva normalidad” después de este periodo apartado de la sociedad. “Siento una mezcla de emociones… Por supuesto, estoy feliz [por mi liberación], pero todavía muchos otros están sufriendo, y no puedo estar muy alegre”, ha afirmado.
La de este viernes sigue a la excarcelación de un primer grupo de condenados que tuvo lugar el pasado 29 de abril. Fueron los exlegisladores Mo Man-ching (68 años), Kwok Ka-ki (63 años), Tam Man-ho (49 años) y Fan Kwok-wai (58 años), que han cumplido una condena de cuatro años y dos meses. Mo, Kwok y Tam pertenecieron al Partido Cívico, una de las principales formaciones prodemocracia de Hong Kong hasta su disolución en 2024 bajo la presión de la LSN.
En la madrugada del 6 de enero de 2021, 55 personas fueron detenidas por haber participado directa o indirectamente en unas elecciones primarias informales que la oposición hongkonesa celebró en julio de 2020. En aquella convocatoria no oficial se emitieron unos 600.000 votos (la población de Hong Kong es de alrededor de 7,5 millones). El objetivo era buscar una candidatura unificada de cara a los comicios legislativos que el territorio debía celebrar en septiembre de ese año, pero que fueron pospuestos por la pandemia de covid-19. De aquellos 55 detenidos, 47 fueron imputados poco después, acusados de formar parte de un “plan perverso” para “paralizar” el Gobierno hongkonés y, por tanto, socavar la seguridad nacional de China.
Los conocidos como “los 47 demócratas” son un grupo heterogéneo de políticos, académicos, periodistas, sanitarios y activistas (39 hombres y ocho mujeres), de edades que en el momento del arresto comprendían entre los 27 y 68 años, y de un amplio espectro político (desde demócratas moderados hasta aquellos que abogan por la autodeterminación de Hong Kong).
El macrojuicio arrancó en febrero de 2023, pero la mayoría de los acusados habían estado en prisión preventiva desde febrero de 2021. El proceso se efectuó sin jurado y corrió a cargo de tres jueces escogidos entre un grupo de juristas designados a dedo por el Gobierno hongkonés (muy cercano a Pekín). El veredicto se anunció el año pasado: solamente dos de los procesados fueron exonerados, mientras que los otros 45 fueron declarados culpables de conspiración y castigados con penas de entre cuatro y diez años de prisión.
Promulgada tras la oleada de protestas de 2019, la Ley de Seguridad Nacional ha transformado profundamente el panorama político de la antigua colonia británica y, según sus detractores, ha asestado un golpe mortal al marco de libertades que China se había comprometido a respetar en el territorio hasta 2047. La norma ha desmantelado a la oposición, ha silenciado casi por completo la disidencia y ha forzado el cierre de los medios de comunicación independientes. Las autoridades chinas y hongkonesas defienden, en cambio, que la legislación —que castiga la secesión, la subversión, el terrorismo y la connivencia con fuerzas extranjeras— ha terminado con el caos y devuelto la estabilidad a la ciudad.
