La Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó la solicitud de una iglesia de Colorado que quería estar protegida de futuras restricciones relacionadas con la pandemia en sus reuniones de culto.
En una lista de órdenes publicada el martes por la mañana, el tribunal superior rechazó una petición de certiorari en el caso de Grace Bible Fellowship et al. contra Jared Polis, gobernador de Colorado, et al.
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La negativa a escuchar el caso deja en pie un fallo del panel de la corte de apelaciones de principios de este año a favor de Polis.
Durante la pandemia de COVID-19, varios estados enfrentaron demandas legales por sus medidas de cierres, que muchos argumentaron imponían injustamente mayores restricciones a las casas de culto, ya que se permitió que algunos establecimientos seculares permanecieran abiertos.
En 2020, la iglesia Grace Fellowship de Brighton, entonces conocida como Community Baptist Church, y Denver Bible Church pudieron obtener una orden judicial que impedía al estado imponer algunas medidas de cierre que estaban afectando a las iglesias.
Grace Bible Fellowship presentó más tarde una demanda contra la Ley de Emergencia por Desastre de Colorado, la cual creían que podría usarse para imponerles futuras restricciones inconstitucionales a sus reuniones.
Durante el transcurso del litigio, Colorado levantó sus restricciones debidas a la pandemia, lo que llevó al juez de distrito estadounidense Daniel D. Domenico a concluir en marzo de 2023 que la iglesia carecía de argumentos.
Domenico calificó de “no plausibles” las afirmaciones de la iglesia sobre la futura represión gubernamental por el coronavirus, aunque también expresó cierta preocupación por las leyes de salud pública del estado.
“Vale la pena reflexionar sobre la presencia en los libros del Estado de estatutos que otorgan amplia autoridad al Gobernador y a los burócratas estatales para ordenar límites extraordinarios a las libertades de sus ciudadanos en caso de emergencia”, escribió Domenico, citado por Colorado Politics.
“Es preocupante que estos estatutos se hayan utilizado en el pasado reciente para adoptar órdenes de salud pública que probablemente discriminaban contra la actividad religiosa. Es aún más preocupante que el Estado haya argumentado en un momento, que los tribunales federales deben una deferencia casi total a sus determinaciones sobre qué medidas extraordinarias están justificadas y qué se considera una emergencia que justifica tales medidas”.
En marzo, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Décimo Circuito falló en contra de la iglesia, argumentando que “los demandantes no logran demostrar el daño requerido para la legitimación constitucional en la mayoría de sus demandas”, mientras que una de sus demandas era discutible.
La jueza de circuito Nancy Moritz redactó la opinión unánime del panel, y concluyó que las “nuevas demandas de la iglesia no son justiciables porque los demandantes no demuestran el daño requerido para la legitimación en virtud del Artículo III”.
