Kim Keon-hee, la esposa del presidente surcoreano destituido por imponer la ley marcial, Yoon Suk-yeol, fue arrestada el martes por la noche por cargos de corrupción, manipulación bursátil y tráfico de influencias, que salpican a empresarios, políticos y líderes religiosos del país asiático. Nunca una ex primera dama había terminado entre rejas en Corea del Sur. Si bien otros cuatro expresidentes surcoreanos han pasado por prisión en la historia reciente del país, se trata de la primera vez que un matrimonio presidencial lo hace. La detención de Kim fue solicitada por el fiscal especial asignado para el caso, Min Joong-ki, al considerar que existía riesgo de destrucción de pruebas.
El encarcelamiento se produce mientras su marido cumple prisión preventiva, a la espera de que se celebre un juicio por insurrección tras su intento fallido de imponer la medida extrema en diciembre del año pasado. El Tribunal Constitucional surcoreano confirmó el cese oficial de Yoon como jefe del Estado en abril, pero el exdirigente tiene abierta otra causa por rebelión, un delito castigado según la ley surcoreana con la cadena perpetua o incluso la pena capital (sobre la que existe una moratoria desde 1997).
Kim, de 52 años, estuvo en el centro de una serie de escándalos de corrupción que habían lastrado el Gobierno de su esposo y mermado su popularidad. La semana pasada, cuando compareció ante el fiscal, la ex primera dama pidió disculpas por “preocupar a la población” y se definió a sí misma como “una doña nadie”. Kim no ha hecho comentarios sobre las acusaciones que pesan en su contra y que podrían acarrearle varios años de cárcel, pero sus abogados siempre las han negado.
Aunque durante el mandato de Yoon (2022-2025) ya circulaban denuncias y sospechas sobre la conducta de la primera dama, la Fiscalía surcoreana —bajo la supervisión del Ministerio de Justicia, que, a su vez, depende del Ejecutivo— nunca llegó a imputarla.
El bloqueo judicial se mantuvo incluso cuando la Asamblea Nacional (el Parlamento, en manos de la oposición) aprobó tres proyectos de ley para nombrar un fiscal especial que investigara de manera independiente el caso. Yoon vetó esas iniciativas (la última vez, una semana antes de imponer la ley marcial) y argumentó que se trataba de ataques con motivación política destinados a debilitar la legislatura. La investigación se activó finalmente después de que Lee Jae-myung asumiera el cargo de presidente tras las elecciones del 3 de junio.
El pasado miércoles, Kim se sometió a un interrogatorio de 11 horas, tras el cual el fiscal Min solicitó al Tribunal del Distrito Central de Seúl una orden de detención, que fue finalmente emitida el martes por la noche. Según explicó la portavoz Oh Jeong-hee, la Fiscalía pidió su arresto por riesgo de destrucción de pruebas e interferencias en la investigación. De hecho, la oficina del fiscal especial podría presentar más cargos contra Kim, ya que está investigando un total de 16 acusaciones penales, entre ellas la sospecha de que el trazado final de un proyecto de autopista se modificó para que concluyera en un terreno propiedad de su familia en Yangpyeong (en el este de Seúl) y de que sus allegados recibieron un trato preferencial en un proyecto de construcción de apartamentos en ese condado.
De momento, el fiscal acusa a Kim de obtener 800 millones de wones (casi 500.000 euros) mediante la manipulación de los precios de las acciones de Deutsch Motors, un representante de BMW en Corea del Sur. El presunto delito tuvo lugar entre 2009 y 2012, antes de que Yoon fuera elegido presidente, pero cuando asumía el puesto de fiscal general del país, lo que se convirtió en un escándalo que ensombreció más tarde su mandato. A Kim se le imputa además de interferir en las nominaciones de candidatos tanto en las elecciones parciales de la Asamblea Nacional de 2022 como en los comicios legislativos de 2024.
Entre las acusaciones formales figura también haber recibido un collar de diamantes y dos bolsos de Chanel como sobornos de un alto cargo de la Iglesia de la Unificación tras la elección de Yoon para favorecer los intereses empresariales del grupo religioso. El chamán que ha señalado la Fiscalía como intermediario es Jeon Seong-bae, conocido también por su alias Geonjin, y que según la prensa surcoreana ya no forma parte de la iglesia y se encuentra detenido.
Asimismo, el caso ha destapado un episodio ocurrido durante la cumbre de la OTAN de 2022, a la que Kim asistió junto a Yoon, y en la que lució un colgante de la firma Van Cleef valorado, según la acusación, en más de 60 millones de wones (unos 37.200 euros) y que no figuraba en la declaración patrimonial del matrimonio, tal y como exige la ley. A pesar de que Kim asegura que el colgante es una imitación comprada hace dos décadas en Hong Kong, la Fiscalía sostiene que se trata de una pieza auténtica, y que fue un obsequio de un empresario surcoreano del sector de la construcción.
