Budapest vive uno de los mayores escándalos de malos tratos institucionales de los últimos años. Las imágenes difundidas esta semana por varios medios húngaros muestran al exdirector interino del reformatorio juvenil de la calle Szőlő, Károly Kovács-Buna, empujando a varios menores contra una mesa,dándoles patadas cuando ya estaban en el suelo y humillándolos de forma sistemática.
Los vídeos proceden de las cámaras de seguridad del centro y, según la Fiscalía, documentan abusos cometidos de forma “regular” contra los jóvenes bajo su custodia. Tres días después de la publicación de las imágenes, la Policía húngara ha detenido a Kovács-Buna, que ahora se enfrenta a cargos que pueden acarrear entre uno y cinco años de prisión.
Kovács-Buna presentó su dimisión pocas horas antes de que los medios publicaran el material, alegando “presión psicológica” y “estrés”. En un primer momento sostuvo que era víctima de una “campaña de desprestigio”, pero más tarde admitió la autoría de los hechos registrados en las grabaciones. La Fiscalía General húngara también ha solicitado la detención de otros dos sospechosos, antiguos empleados del centro, y se espera una decisión judicial en las próximas horas. Ambos habrían tenido conocimiento, tolerado o participado en prácticas abusivas.
Varias detenciones e investigaciones en curso
El escándalo actual se suma a otro caso previo. En mayo, el entonces director del centro, Péter Pál Juhász, fue arrestado bajo sospecha de trata de personas y trabajos forzosos. Su esposa, quien era administradora de la institución, y otro funcionario también fueron detenidos por complicidad, según han informado medios nacionales. Esa investigación sigue abierta y destapó una primera serie de denuncias sobre explotación laboral de jóvenes internos, especialmente en actividades agrícolas realizadas fuera del recinto.
El miércoles, la Policía asumió la supervisión temporal del reformatorio de Szőlő después de que se confirmara que las víctimas eran efectivamente menores, algo que el Gobierno había negado repetidamente. El jefe de Gabinete del primer ministro, Gergely Gulyás, defendió que el lugar “no es un hogar infantil”, sino un centro de detención donde también cumplen condena “asesinos y violadores”. Sin embargo, la oposición acusa al Ejecutivo de trivializar la violencia y de ocultar información relevante sobre la situación de los menores internos.
Protesta masiva en marcha
El partido opositor Tisza calificó el caso como “una vergüenza nacional” y convocó una manifestación para el sábado en la plaza Deák de Budapest. La marcha avanzará hasta el complejo de oficinas del primer ministro Viktor Orbán, en Karmelita.
“También quienes han cometido delitos merecen protección”” declaró la formación, criticando la falta de supervisión estatal y la gestión del Gobierno en los centros de justicia juvenil. El caso ha reabierto en Hungría el debate sobre la transparencia institucional y la protección de menores en centros cerrados. Varias ONG han pedido una investigación independiente y reformas urgentes en el sistema de detención juvenil.
