Un juez federal estadounidense ha rechazado este lunes la solicitud del Departamento de Justicia de desclasificar los registros del gran jurado que acusó a Ghislaine Maxwell, la conseguidora del pederasta Jeffrey Epstein, por delitos de tráfico sexual, alegando que los documentos no responden a las preguntas del público sobre sus delitos o sobre la muerte de Epstein, que se suicidó en su celda en agosto de 2019 aunque muchos republicanos defienden teorías de la conspiración acerca del suicidio.
El juez federal de distrito Paul Engelmayer, con sede en Manhattan, que revisó las transcripciones de los testimonios de los testigos ante el gran jurado y otras pruebas, ha fallado que la afirmación del Gobierno de que esa documentación revelaría nueva información significativa sobre los delitos de Epstein y Maxwell era “demostrablemente falsa”.
“Alguien del público familiarizado con el expediente del juicio de Maxwell que revisara los materiales del gran jurado que el Gobierno propone desclasificar no aprendería prácticamente nada nuevo”, ha escrito Engelmayer.
El Departamento de Justicia había solicitado la desclasificación por varios motivos, el primero de ellos aliviar la presión sobre el Gobierno del sector más radical MAGA (siglas de Make America Great Again; el movimiento de Donald Trump), que está convencido de que Epstein fue suicidado en la prisión en la que aguardaba juicio y se pregunta por qué Trump, que propaló durante meses teorías conspiratorias al respecto, asume ahora la versión oficial del suicidio. Pero también obedece a la vuelta al primer plano de la actualidad de Maxwell, única persona condenada por el caso de tráfico y corrupción de menores, y que ha empezado a entenderse con la justicia: tras entrevistarse dos días seguidos con el fiscal general, Todd Blanche, la colaboradora y expareja de Epstein ha sido trasladada a una cárcel de mínima seguridad.
Durante la campaña electoral, Trump había prometido hacer públicos los archivos relacionados con el caso Epstein si era reelegido y acusó a los demócratas de encubrir la verdad. Pero en julio, el Departamento de Justicia dijo que la lista de clientes de Epstein, que suscitaba todo tipo de teorías por la identidad y el poder de los mismos, no existía, lo que enfureció a los partidarios del republicano, hasta el punto de abrir una brecha en su base electoral y en el propio Congreso. No obstante, la fiscal general, Pam Bondi, avisó a Trump en mayo de que su nombre figuraba en la agenda del financiero.
Con el fin de apaciguar el descontento de su base de seguidores y de los demócratas del Congreso, que han visto en el caso munición política para arremeter contra él, Trump ordenó a Bondi que solicitara la divulgación del material del gran jurado sobre Epstein y Maxwell. Pero el fallo del juez Engelmayer no contribuirá a aliviar la presión: “Los materiales no identifican a ninguna persona, aparte de Epstein y Maxwell, que haya tenido contacto sexual con un menor. No mencionan ni identifican a ningún cliente de Epstein o Maxwell. No revelan nuevas fuentes de su riqueza. No exploran las circunstancias de la muerte de Epstein”.
Gracias al juez de Nueva York, Maxwell consigue un pequeño respiro porque se oponía a que esos materiales fueran desclasificados. La heredera británica, que solicitó inmunidad a cambio de proporcionar información al fiscal general adjunto, ha sido citada por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, aunque su declaración, inicialmente prevista para este lunes, ha sido pospuesta hasta que el Tribunal Supremo resuelva si procede la apelación de Maxwell, condenada a 20 años de cárcel pero que siempre se ha declarado inocente. La semana pasada, el citado comité convocó a declarar al expresidente demócrata Bill Clinton, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y a ocho antiguos altos cargos del Departamento de Justicia.
