Ante la clara falta de voluntad de Rusia de avanzar hacia la paz, demostrada si hacía falta con la última oleada de ataques en Kiev, Bruselas no quiere perder ni un minuto más. La alta representante para Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, le ha pedido a los Veintisiete que le envíen sus propuestas para imponer nuevas sanciones a Moscú “la semana que viene”. El objetivo de Bruselas es tener listo el decimonoveno paquete, que podría incluir inéditas sanciones secundarias, antes de que acabe septiembre.
Kallas ha animado al mismo tiempo a otros aliados, especialmente al “socio transatlántico” estadounidense, a acelerar también sus sanciones, ya que pese a las reiteradas advertencias del presidente Donald Trump a su homólogo Vladímir Putin, todavía no se han activado las medidas más drásticas que pondrían más aún en aprietos a la economía rusa.
“Las sanciones han privado a Rusia de miles de millones de euros. Las sanciones funcionan y le he pedido a los Estados miembros que manden sus propuestas la semana que viene”, ha revelado Kallas al término de la reunión informal de ministros de Exteriores de la UE en Copenhague, donde la guerra en Ucrania —y en especial las sanciones— ha ocupado buena parte de la agenda.
Durante los debates en la capital danesa, los ministros discutieron diversas posibilidades para incrementar la presión más aún sobre Moscú y frenar su maquinaria de guerra. Aunque no ha querido entrar en detalles —“estamos explorando todas las opciones”, ha indicado— la estonia sí ha confirmado que se estudia cómo impactar más aún al sector energético y quizás incluso al bancario.
También se contemplan “prohibiciones de importación” y aranceles a productos rusos, además de ampliar la lista de sancionados de la flota fantasma con la que Rusia elude las sanciones petrolíferas. Uno de los temas más candentes es el de sanciones secundarias, que penalizan a los países que ayudan a Moscú a eludir las restricciones europeas.
En el último paquete, aprobado en julio, ya se incluyeron algunas sanciones secundarias, pero eran muy específicas: se incluyó en la lista negra europea a la mayor refinería en la India de Rosneft y se señaló a varios bancos chinos. En un intento de apretar más aún las tuercas, no se descarta ya apuntar a países facilitadores.
Para ello, los ministros discutieron este sábado la posibilidad de aplicar, por primera vez desde su aprobación hace dos años, de la denominada “herramienta antielusión”, que le permite a la UE restringir la venta, suministro, transferencia o la exportación de determinados bienes y tecnologías objeto de sanciones a determinados terceros países y territorios que se considere que presentan un riesgo constante y especialmente alto de elusión. Si no se ha aplicado hasta ahora es porque está específicamente considerada una “medida excepcional y de último recurso”.
El amplio consenso sobre la necesidad de sancionar a Rusia —con Hungría como habitual voz disidente— no llega a otra cuestión que Bruselas considera acuciante abordar pero que sigue dividiendo a los Veintisiete: qué hacer con los activos congelados de Rusia. Las voces crecen en el seno de la UE para que se haga uso, en favor de Ucrania, de los activos en sí y no solo, como hasta ahora, de los intereses generados por estos activos.
No obstante, Bélgica, sede de la empresa Euroclear que alberga buena parte de esos fondos congelados, se niega en redondo a tocarlos, alegando que podría violar leyes y acuerdos internacionales, además de dañar la credibilidad financiera europea.
Aun así, Kallas, que apoya el uso de los fondos y que ha recordado que hay una gran “laguna de financiación” para ayudar a Ucrania el año que viene, ha defendido que se siga discutiendo la materia. También porque, tarde o temprano, ha recordado, habrá que decidir qué se hace con ellos porque es “inimaginable” que los activos rusos sean devueltos a Rusia incluso con un acuerdo de paz si Moscú no compensa a Kiev por la “gran devastación” que ha provocado en Ucrania.
