Pese a la amenaza de Donald Trump de imponer nuevos aranceles a Europa si no modifica su reglamento digital, Bruselas ha lanzado este jueves el proceso legislativo necesario para retirar buena parte de los aranceles a los productos industriales estadounidenses y sellar así legalmente el acuerdo comercial con Estados Unidos cerrado hace una semana. Se trata del primer paso de un procedimiento probablemente largo que Washington exigía para dar por bueno el pacto. Sobre todo, también, para incluir de manera retroactiva a los automóviles —uno de los sectores de mayor interés para Europa en los intercambios con Estados Unidos— en el tope de 15% acordado para una amplia gama de productos y que por el momento se mantiene en el 27,5%.
De acuerdo con esa exigencia, el Ejecutivo europeo ha aprobado ya formalmente las propuestas legislativas necesarias para reducir los aranceles a Estados Unidos a cambio de que Washington no eleve la penalización a las importaciones europeas por encima del 15% acordado.
Según ha anunciado el comisario de Comercio, Maros Sefcovic, se trata en realidad de dos medidas: una servirá para eliminar los aranceles sobre los productos industriales estadounidenses y proporcionar un acceso preferencial al mercado europeo para una serie de productos pesqueros y agrícolas no sensibles de EE UU. La segunda, según un comunicado al respecto, propone prolongar el trato libre de aranceles para la langosta, para incluir también la langosta procesada.
“El acuerdo entre la UE y EE UU es un paso hacia la estabilidad y la base para una verdadera cooperación en desafíos compartidos, como el acero. Su total implementación es clave”, ha destacado Sefcovic, principal negociador del acuerdo, en las redes sociales.
Ahora, tanto el Parlamento Europeo como el Consejo (los Estados) deberán aprobar las propuestas para que puedan entrar en vigor. No obstante, este paso ahora dado es suficiente como garantía hacia Estados Unidos.
Washington había condicionado la rebaja arancelaria a los automóviles y sus piezas a que Europa introdujera formalmente la legislación, como se ha hecho ahora, para eliminar sus gravámenes sobre todos los productos industriales —incluidos los vehículos estadounidenses— y concediera acceso preferente a una gama de productos agrícolas, ganaderos y pesqueros, entre ellos el cerdo, el bisonte, los lácteos y tipos de marisco. Se trata, básicamente, del primer punto de los 19 que conforman la declaración conjunta aprobada el jueves 21, en el que se certifica que la UE “tiene la intención de eliminar los aranceles sobre todos los productos industriales estadounidenses y proporcionar acceso preferente al mercado para una amplia gama de productos” alimentarios. Para ello, agrega la declaración, la UE “adoptará inmediatamente las medidas necesarias para ampliar la Declaración conjunta de los Estados Unidos y la Unión Europea sobre un acuerdo arancelario anunciado el 21 de agosto de 2020 con respecto a la langosta (que expiró el 31 de julio de 2025), junto con una definición ampliada del producto para incluir la langosta transformada”.
Según había indicado la Casa Blanca, la exigencia impuesta buscaba asegurarse de que la UE “acomete su parte”. Sefcovic aseguró por su parte la “intención firme” de Bruselas de lanzar ese proceso antes de que acabara el mes ya que, explicó, tenía la palabra de Washington de que así los nuevos aranceles a los coches “se aplicarán de forma retroactiva desde el 1 de agosto”. EE UU es el segundo mayor mercado de exportación de automóviles de la UE tras Reino Unido. Según datos de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), en 2024 se exportaron 750.000 vehículos por 38.900 millones de euros.
Dado que no habrá reunión del Colegio de Comisarios —el organismo que debía dar su visto bueno a la propuesta— hasta la semana que viene, ya en septiembre, se ha optado por el denominado “procedimiento escrito”, por el que los comisarios aprueban por escrito una nueva iniciativa, siempre y cuando “el servicio jurídico y todos los servicios consultados durante la fase de planificación y propuesta estén de acuerdo”.
Proceso tumultuoso
Con todo, este no es más que el comienzo de un proceso que se vaticina tumultuoso. El presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, Bernd Lange, que ya advirtió de las “asimetrías” del pacto cuando fue cerrado, de palabra, por Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Escocia a finales de julio, ya ha advertido de que no hay garantías de que el acuerdo sea respaldado en la Eurocámara.
“No estoy seguro de que el Parlamento apruebe la propuesta”, advirtió esta misma semana en una entrevista con Euractiv. “No veo muy claro por qué se justifica que los productos fabricados con acero y aluminio que van de la UE a Estados Unidos estén sujetos a aranceles del 50%, pero no estén sujetos a ningún arancel cuando van de los Estados Unidos a la UE”, indicó. Ya en julio había advertido de que buscaría asegurarse de que “nada de nuestro derecho a regular, desde los servicios digitales hasta la fijación de precios del carbono, se haya visto comprometido a cambio de este acuerdo”.
Pero eso es precisamente lo que ahora ha empezado a suceder.
Ante las críticas a un acuerdo comercial que muchos consideran supone una “sumisión” de Europa a EE UU, Bruselas ha defendido el pacto como una garantía de que no sufrirá nuevos vaivenes arancelarios, lo que proporciona “estabilidad y previsibilidad” a las empresas. La propia Von der Leyen lo ha calificado de un acuerdo “fuerte, si bien no perfecto”.
Una afirmación que, no obstante, se ha vuelto a tambalear esta misma semana, después de que el presidente estadounidense amenazara con “aranceles sustanciales” adicionales contra aquellos bloques y países, como la UE y varios de sus Estados miembros, aunque no los haya mencionado explícitamente, que mantengan una legislación sobre el espacio digital que Trump califica de “discriminatoria” para los gigantes del sector, en su gran mayoría estadounidenses. Todo ello cuando, precisamente, uno de los argumentos de Bruselas para defender el controvertido pacto comercial era que no tocaba, de modo alguno, la legislación digital europea, desde hace tiempo en la mira de Washington.
Trump y buena parte de su equipo se oponen sobre todo a dos legislaciones europeas pioneras para moderar el contenido de las plataformas, evitando abusos, contenidos ilegales y la expansión de la desinformación, así como garantizar una competencia justa: la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Mercados Digitales (DMA). La nueva amenaza de la Casa Blanca también apunta a países como España y Francia que aplican la denominada tasa Google a las grandes empresas digitales —buscadores, plataformas o redes sociales—, con ingresos superiores a los 750 millones de euros anuales en todo el mundo.
Tras conocer la nueva andanada de Trump, la Comisión Europea defendió el “derecho soberano” de la UE y sus miembros a regular actividades económicas en su territorio y aseguró una vez más que precisamente por eso estas normas ni siquiera habían estado en la mesa de negociaciones, una afirmación que ahora pierde visiblemente valor.
