La última estrella del reparto de jueces federales convertidos en protagonistas de la película de la segunda Administración de Donald Trump se llama Allison Burroughs y es titular de un tribunal de Distrito de Massachusetts en Boston. Nombrada en tiempos de Barack Obama, dato por la que se le supone una cierta filiación demócrata, fue la magistrada que el viernes pasado decretó una suspensión cautelar de la decisión de la Casa Blanca de prohibir a la universidad de Harvard continuar con su programa de intercambio de estudiantes e investigadores extranjeros.
La orden de la Administración de Trump había llegado el jueves por carta. La firmaba Kristin Noem, y en ella, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS son sus siglas en inglés) escribía: “Esta Administración responsabiliza a Harvard de fomentar la violencia y el antisemitismo y de coordinarse con el Partido Comunista Chino en su campus”. Noem añadía que, “con efecto inmediato”, unos 6.800 de esos alumnos internacionales (un 27% del total de Harvard) perdían sus visados y que les quedaban dos opciones: buscarse otra universidad o exponerse a la deportación.
Harvard denunció al Gobierno el viernes por lo que considera un “acto de represalia”, y a las pocas horas Burroughs ordenó la suspensión cautelar de la medida con el argumento de que ponerla en práctica causaría “daño inmediato e irreparable” a la universidad.
Burroughs es una veterana en los asuntos relativos a Harvard. En 2019, cinco años después de su designación, dio la razón a la universidad en un caso en el que los demandantes, un grupo llamado Students for Fair Admisions (Estudiantes en favor de una política justa de admisiones), impugnaban la discriminación positiva que universidad aplicaba a la hora de evaluar a los candidatos a ingresar en ella por considerar que violaba el Título Sexto de la Ley de Derechos Civiles de 1964. Esa política, argumentaban los demandantes, perjudicaba sobremanera a los estudiantes asiáticos, grupo étnico en cuyo seno la competencia de los candidatos es más alta que en el resto.
Burroughs, que cuando era joven aspiró a estudiar en Harvard y fue rechazada, se puso del lado de la prestigiosa universidad, porque entendió que la institución actuaba sin “ánimo discriminatorio” o “prejuicio consciente”.
El tribunal de apelaciones del Primer Circuito, con jurisdicción sobre el Nordeste de Estados Unidos y sobre Puerto Rico, validó la decisión de la instancia inferior al año siguiente. Los demandantes lograron en 2021 que el Tribunal Supremo admitiera el caso. En una decisión de seis votos —los seis magistrados conservadores— contra dos —Elena Kagan y Sonia Sotomayor, juezas progresistas—, el Supremo acabó con 40 años de discriminación positiva en la vida de las universidades estadounidenses. La única magistrada negra del alto tribunal, Ketanji Brown Jackson, recién nombrada, no votó en ese caso; Jackson se recusó por su vinculación con Harvard en aquella época.
La jueza Burroughs también estudió una demanda interpuesta por dos universidades del área de Boston, Harvard y el Massachusetts Institute of Technology (MIT), contra la primera Administración de Trump. Entonces, al principio de la pandemia, en 2020, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ordenó a los estudiantes internacionales con matrículas online abandonar el país. En ese caso, Burroughs no tuvo tiempo de emitir sentencia, porque el ICE desistió de su empeño, y esos alumnos pudieron seguir sus estudios a distancia desde Estados Unidos.
Demanda por congelar 2.200 millones
La jueza también tiene sobre su mesa el otro proceso abierto entre Harvard y Trump. En abril, la universidad demandó al Gobierno por la congelación de 2.200 millones de dólares en fondos federales, después de que esta se negara a aceptar los cambios en sus políticas exigidos por la Casa Blanca. A las pocas semanas, llegó el recorte de otros 450 millones de dólares, y el presidente amenazó con revocar el estatus libre de impuestos de Harvard.
El lunes pasado, en uno de los posts de Trump en su red social, Truth, en los que el presidente estadounidense ha ido ventilando sus cuentas pendientes con Harvard, este escribió que los funcionarios federales aún estaban esperando que las autoridades académicas les facilitaran “las listas de estudiantes extranjeros de Harvard” de los que sospechan que participaron en actividades ilegales durante las protestas propalestinas del curso pasado.
“Queremos saber, dado que hemos invertido miles de millones de dólares [en la institución académica], cuántos locos radicales, todos ellos alborotadores, no deberían ser admitidos de nuevo en nuestro país. Harvard es muy lenta en la presentación de estos documentos, ¡y probablemente con razón! Lo mejor de Harvard es que han buscado y encontrado al mejor juez (¡para ellos!). Pero no teman, ¡al final el Gobierno GANARÁ!“, escribió Trump con su habitual sintaxis enredada.
El término que el presidente empleó en inglés para referirse a Burroughs es ”judge shopping”. Literalmente, se puede traducir como salir de compras para hacerse con un juez. En su sentido figurado, se trata de una expresión que se emplea cuando un demandante busca en Estados Unidos un tribunal que cree que será favorable a sus intereses.
El rector de Harvard, Alan Garber, concedió este martes una entrevista a la cadena pública de radio NPR, otra institución que está en el punto de mira de Trump. “El dinero que se destina a las universidades de investigación en forma de subvenciones y contratos, que representa casi la totalidad del apoyo federal que recibimos, se utiliza para financiar el trabajo que hacemos a petición del Gobierno”, declaró Garber. “Reasignarlo a otros usos”, como propuso el lunes Trump, cuando amenazó con 3.000 millones más de recortes, para darle ese dinero a las “escuelas de oficios”, significa, para Garber “que ese trabajo [por el que Washington ya ha pagado] quedará sin hacer”.
La Administración de Trump anunció poco después de la emisión de esa entrevista que las agencias federales cortarían todos los contratos vigentes con Harvard. El golpe económico asciende a unos 100 millones de dólares. Después, ambas partes se personaron en el tribunal ante Burroughs. La jueza los citó de nuevo para este jueves. Entonces, continuará una pelea que ha puesto en jaque al mundo académico estadounidense y que puede acabar en el Supremo, que domina una mayoría conservadora de seis magistrados, inédita desde los años treinta del pasado siglo. Tres de ellos fueron nombrados por Trump en su primer mandato.
