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La operación policial comenzó en junio del año pasado. Los agentes detectaron varios perfiles en aplicaciones de mensajería que ofertaban recetas para conseguir medicamentos que requieren prescripción médica. El método era simple pero efectivo: robaban las credenciales de médicos reales y las usaban para elaborar recetas falsas que parecían auténticas.
Los miembros de la organización no se conformaban con vender las recetas una a una. Habían desarrollado programas informáticos que permitían a los propios compradores generar sus propias recetas. Automatizar el proceso les reportaba más beneficios y menos riesgos. Los medicamentos que más se vendían eran analgésicos y sustancias anestésicas, todos ellos sometidos a control médico.
Una estructura piramidal con dos jefes al mando
La investigación reveló que la red funcionaba con una jerarquía bien definida. En la cúspide estaban los dos líderes, ambos varones, que coordinaban toda la operación. Por debajo de ellos trabajaban los informáticos, encargados de crear el software y hackear las credenciales de los sanitarios.
En un tercer escalón se situaban quienes mantenían los programas funcionando y daban soporte técnico. La base de la pirámide la formaban los distribuidores, personas que se encargaban de hacer llegar los medicamentos a los compradores finales. Algunos clientes compraban las recetas para autoabastecerse sin control médico. Otros las revendían en el mercado negro.
Ocho registros simultáneos y los cabecillas en prisión
El dispositivo policial se activó en noviembre con ocho registros coordinados en Madrid, Torrelavega, Orense, Córdoba, Alicante, Toledo, Alcobendas y Ponferrada. Las detenciones se produjeron en Madrid, Toledo, Cantabria, Orense, Córdoba, Alicante, León, Palencia, Zamora y Baleares. Hay además un investigado no detenido en Ávila.
En los registros se incautaron más de 1.000 pastillas de diversos medicamentos, 14 teléfonos móviles, más de 44.000 euros en efectivo, dispositivos de almacenamiento, tarjetas bancarias, armas blancas y réplicas de armas de fuego. A los 12 detenidos se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública, daños informáticos, falsedad documental y usurpación de identidad.
Los dos líderes de la organización ya han ingresado en prisión provisional. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones en las próximas semanas.
