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La operación policial ha puesto fin a una red que llevaba dos años moviendo gases fluorados por España sin papeles. Estos compuestos se usan en aires acondicionados y frigoríficos, pero tienen un problema: calientan el planeta miles de veces más que el CO2. Por eso Bruselas controla su venta con mano dura.
Los investigadores descubrieron que el grupo operaba desde 2023. Compraban los gases fuera de los canales oficiales y los vendían en España y en otros países. Ningún envase llevaba el etiquetado que exige la ley ambiental. Las inspecciones se realizaron en Alicante, Valencia y Madrid, en locales de nueve empresas distintas. El material intervenido alcanza un valor de mercado de tres millones de euros: 4.781 botellas con 48.515 kilos de gas.
Los cinco detenidos enfrentan cargos por delitos ambientales, contrabando, estafa, fraude fiscal, blanqueo y pertenencia a grupo criminal. La investigación sigue abierta y puede haber más arrestos.
El dinero viajaba entre fronteras
Lo que empezó como una investigación ambiental derivó en un caso de blanqueo a gran escala. Las operaciones económicas de la red superaron los diez millones de euros. El dinero de las ventas ilegales pasaba por sociedades pantalla y se transfería al extranjero para borrar el rastro.
El esquema funcionaba así: creaban empresas de fachada, facturaban las ventas como si fueran legales y movían el efectivo entre cuentas de distintos países. Cuando Hacienda intentaba seguir el dinero, las pistas se perdían en transferencias internacionales. Los investigadores tardaron meses en reconstruir la red financiera que sostenía el negocio.
La Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria colaboró con la Policía Nacional durante toda la operación. Ahora toca calcular el fraude fiscal exacto y determinar cuánto gas ilegal llegó a instalarse en equipos de refrigeración. Esos aparatos podrían estar funcionando sin que nadie sepa que llevan dentro un material sin trazabilidad ambiental.
