Más de un millón de descendientes de exiliados o emigrantes españoles han iniciado ya su solicitud de nacionalidad en la red consular del Ministerio de Asuntos Exteriores al amparo de la Ley de Memoria Democrática. A estas cifras se suman otros 1,3 millones de personas que han pedido cita para presentar su documentación, aunque aún no han logrado hacerlo debido al colapso administrativo. Del millón de expedientes abiertos, aproximadamente la mitad han sido resueltos favorablemente, mientras que las denegaciones apenas alcanzan el 2%. Muchos casos, no obstante, siguen pendientes de su inscripción definitiva.
Estos datos proceden del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), órgano consultivo que representa a los más de tres millones de españoles residentes fuera del país. La demanda actual, 2,3 millones de personas, multiplica por 4,5 la registrada con la Ley de Memoria Histórica de 2007, que alcanzó las 503.439 solicitudes.
Plazos, requisitos y efectos del colapso consular
La disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática otorgó un plazo de dos años, prorrogado finalmente a tres, para pedir la nacionalidad española. Podían hacerlo los nacidos fuera de España cuyos padres o abuelos hubieran sido originariamente españoles y perdieran su nacionalidad por exilio político, ideológico, de creencias o por orientación e identidad sexual. También quedaban incluidos los nacidos de madres españolas que perdieron la nacionalidad al casarse con extranjeros antes de la Constitución, así como los hijos mayores de edad reconocidos por la ley de 2007.
El plazo definitivo se cerró el 21 de octubre con una oleada de solicitudes que superó todas las previsiones y la capacidad de gestión consular. Para evitar dejar fuera a miles de personas, se ha flexibilizado la interpretación de la norma, de forma que se considera válida la solicitud de quienes pidieron cita telemáticamente antes del cierre, aunque aún no hayan podido entregar los documentos. Fuentes del proceso admiten que, al ritmo actual, algunos descendientes podrían esperar décadas, y las personas de mayor edad podrían no llegar a ver resuelta su petición.
Cerca del 40% de las solicitudes, en torno a un millón, incluyendo las aún sin expediente formal por falta de cita, proceden de Argentina. Solo el consulado de Buenos Aires acumula unas 645.000 peticiones, seguido por Córdoba (125.000). Tras ellos destacan La Habana (350.000), Ciudad de México (165.000), São Paulo (150.000), Miami (120.000) y Caracas (40.000, aún provisionales), según datos del CGCEE.
Dos vías para obtener la nacionalidad: exilio y descendencia
La conocida como ‘ley de nietos’, integrada en la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022, establece dos vías para acceder a la nacionalidad española. La primera, de carácter histórico y reparador, beneficia a hijos y nietos de exiliados y víctimas de la dictadura franquista. Incluye a quienes dejaron España “por causas políticas, ideológicas o incluso de orientación sexual”. También abarca a los descendientes de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad al casarse con extranjeros antes de 1978.
Para quienes emigraron entre 1936 y 1955, la ley presume automáticamente el exilio, por lo que basta con demostrar la salida del país mediante documentos como pasaportes, registros civiles o inscripciones consulares. En cambio, quienes salieron entre 1956 y 1978 deben acreditar además la condición de exiliado, mediante pensiones específicas, certificados de organismos internacionales o informes de partidos, sindicatos o entidades dedicadas a la memoria democrática.
La segunda vía, más sencilla y que explica buena parte del aluvión de solicitudes, permite obtener la nacionalidad a los nacidos fuera de España con padres o abuelos originariamente españoles. Esta opción retoma la disposición adicional séptima de la Ley de Memoria Histórica de 2007. En estos casos basta con acreditar, mediante certificados de nacimiento, el origen español del progenitor o ascendiente.
