La Fiscalía rumana ha solicitado el procesamiento del excandidato presidencial de extrema derecha, Calin Georgescu, por presunta tentativa de golpe de Estado durante las pasadas elecciones de noviembre, un cargo por el que podría ser condenado hasta a 13 años de cárcel. Esos comicios fueron anulados por el Tribunal Constitucional dos días antes de la jornada en la que debía haberse celebrado la segunda vuelta al detectarse una supuesta injerencia rusa. El político de 63 años ha sido acusado de “complicidad en un intento de cometer acciones contra el orden constitucional y de comunicación de información falsa de forma continua”, ha indicado este martes el ministerio público en un comunicado. Ahora, corresponde a un juez del Tribunal de Apelación de Bucarest decidir si sigue adelante o desestima el caso.
El fiscal general, Alex Florenta, confirmó luego la acusación en una rueda de prensa, en la que se subrayó la interferencia del Kremlin en esos comicios que fueron cancelados después de que informes desclasificados denunciaran la participación rusa en actividades cibernéticas destinadas a inclinar el proceso electoral en favor de Georgescu.
“El candidato a la presidencia se benefició de las acciones de guerra híbrida de Rusia”, ha afirmado Florenta con rotundidad, antes de detallar que, durante ese periodo, “se llevaron a cabo más de 85.000 ciberataques dirigidos contra la infraestructura electoral”. También “campañas masivas” de desinformación y manipulación difundidas a través de las redes sociales. Toda esta estrategia se coordinó mediante un canal de la aplicación de mensajería Telegram, ha aseverado.
Plataformas con vínculos directos con la Federación Rusa, páginas webs que difundían propaganda rusa y campañas artificiales en TikTok figuran entre los mecanismos que utilizó el excandidato presidencial, según el fiscal. Florenta incidió a su vez en que Georgescu explotó “las vulnerabilidades de las audiencias nacionales” a través de las redes sociales y mediante técnicas de ingeniería social dirigidas a segmentos de la población.
Crisis política
La inopinada victoria del ultraderechista desató un revuelo que empujó al servicio secreto a revelar informaciones que indicaban la injerencia de Moscú en su favor y, posteriormente, la anulación de los comicios, una decisión que desembocó en protestas y que generó la mayor crisis política en este país de la Europa del Este desde la caída del comunismo en 1989.
Después, la autoridad electoral secundada por el Tribunal Constitucional inhabilitó a Georgescu y le impidió presentarse a la repetición de las presidenciales en mayo. El tribunal consideró entonces que el candidato “incumplía la obligación misma de defender la democracia”, lo que acrecentó las manifestaciones que pedían que se celebrara esa segunda cita electoral. Tras recurrir sin éxito esa decisión, Georgescu anunció que se alejaba de la vida política activa para centrarse en su familia.
Sin embargo, tras la anulación de los comicios, el candidato ultra mantuvo una reunión secreta con el mercenario Horatiu Potra, que se encuentra prófugo en la actualidad en Rusia, para tratar un plan que tenía como objetivo transformar las protestas pacíficas en violentas, según la Fiscalía. En concreto, los fiscales acusan a Potra de liderar un “grupo paramilitar” formado por 21 integrantes para dirigirse con armas a Bucarest, con el propósito de incitar disturbios, algo que no lograron ejecutar pues la policía logró frenarlos antes de que llegaran a la capital rumana. Durante los registros en sus domicilios, las fuerzas de seguridad descubrieron 3,3 millones de dólares en efectivo, 25 kilos de lingotes de oro, 50 granadas, pistolas y municiones.
Georgescu, conocido como el “Mesías del TikTok”, por su fanatismo religioso y después de ser aupado por la red social china, negó inmediatamente su participación en el supuesto complot, pero admitió que visitó una granja donde su equipo se había reunido con el mercenario.
El pasado mes de agosto, la Fiscalía general anunció que había cambiado los cargos: de instigar al grupo criminal y crear “una organización de carácter fascista, racista o xenófoba” a ser cómplice por conocer los planes. Además, Georgescu, que permanece bajo control judicial- todas las semanas debe presentarse en una comisaría y se le ha prohibido abandonar el país- se enfrenta a otro proceso en un caso aparte por promover la ideología fascista, acusaciones que incluyen la glorificación del mariscal Ion Antonescu, fiel aliado del régimen nazi y de Adolf Hitler, que fue condenado a muerte por crímenes de guerra y ejecutado en 1946.
En las repetidas elecciones a la Jefatura de Estado, el candidato liberal y prooccidental Nicusor Dan finalmente se impuso frente a otro candidato de extrema derecha, George Simion, quien había tomado el relevo de Georgescu.
“La investigación presentada hoy por el fiscal general representa una prueba consistente de las acciones sistemáticas de desinformación de Rusia en Rumania en los últimos años y la influencia sustancial en las elecciones presidenciales de 2024”, recalcó Dan en su cuenta de Facebook tras conocer la noticia.
