Los 316 trabajadores surcoreanos detenidos la semana pasada por las autoridades de inmigración de Estados Unidos durante una macrorredada en una planta de Hyundai, en el Estado de Georgia, han aterrizado este viernes en el Aeropuerto Internacional de Incheon (oeste de Seúl), donde han sido recibidos por sus familiares con pancartas, abrazos y lágrimas contenidas. La operación de repatriación pone fin a un episodio que ha generado una profunda brecha en la relación de los dos países aliados. El propio presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, ha abierto un interrogante sobre la viabilidad de futuras inversiones surcoreanas en suelo estadounidense ―“las empresas inevitablemente dudarán”, dijo el jueves―, pese a los compromisos asumidos en el marco del reciente pacto comercial con la Administración de Donald Trump.
“¡Estoy de vuelta! ¡Soy libre!”, ha clamado uno de los repatriados a su llegada, según relata la agencia surcoreana de noticias Yonhap. Los reporteros presentes han contado que los trabajadores estaban visiblemente cansados pero felices. El Ministerio de Exteriores surcoreano ha pedido mantener su privacidad y ha instado a los medios a difuminar sus rostros para evitar que sean identificados.
El 4 de septiembre, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) irrumpieron en la planta de baterías eléctricas que los gigantes surcoreanos Hyundai y LG Energy Solution están construyendo en Ellabel, en el Estado de Georgia. En la redada fueron detenidas 475 personas, entre las que había 317 surcoreanos (307 hombres, uno de los cuales ha optado por quedarse en EE UU, y 10 mujeres). Eran técnicos especializados enviados desde Corea del Sur para instalar maquinaria, poner a punto los equipos e instruir al personal local, perfiles difíciles de encontrar en el mercado laboral estadounidense. La mayoría estaban empleados por proveedores de LG.
Washington, sin embargo, justificó el operativo y sostuvo que muchos de estos trabajadores habían entrado al país con visados que solo permitían estancias breves de negocios o de turismo, que habían sobrepasado el tiempo de permanencia autorizado o que trabajaban sin la documentación adecuada.
La indignación creció en Corea del Sur cuando los agentes estadounidenses difundieron un vídeo en el que los arrestados aparecían siendo cacheados, esposados y con grilletes en los tobillos antes de ser trasladados a un centro de detención. Esas imágenes reforzaron la percepción de que el operativo había sido desproporcionado contra ciudadanos de un socio estratégico y un inversor importante en la economía estadounidense.
Algunas personas se han desplazado este viernes al aeropuerto seulense precisamente para mostrar su rechazo al trato dado por los oficiales estadounidenses. En uno de los carteles se mostraba una caricatura de un agente del ICE con una máscara de Donald Trump y cadenas en la mano. “Somos amigos, ¿verdad?”, reza el texto, en inglés. Otra pancarta decía: “Indignación pública por la detención de 300 coreanos, engrilletados y tratados como criminales. ¿Por qué deberíamos seguir invirtiendo en Estados Unidos después de esta puñalada por la espalda?”.
La redada obligó a Seúl a desplegar una ofensiva diplomática urgente. El ministro de Exteriores, Cho Hyun, voló a Washington para reunirse con el secretario de Estado, Marco Rubio, y exigir que los trabajadores fueran liberados sin que ello afectara a futuros viajes. En paralelo, altos ejecutivos de Hyundai y LG se desplazaron a Georgia para tratar de contener la crisis.
En declaraciones a Bloomberg, el presidente y director ejecutivo de Hyundai, el español José Muñoz, calculó que se producirán dos o tres meses de retrasos en la construcción de la planta, que forma parte de un complejo industrial con una inversión de 7.600 millones de dólares y que tenía previsto entrar en funcionamiento a finales de año.
Tras días de contactos, ambos gobiernos acordaron que el regreso de los detenidos se produjera en forma de salida voluntaria en lugar de deportación, como vía para minimizar las consecuencias legales para los trabajadores. De los 317 surcoreanos arrestados, solo uno decidió quedarse en Estados Unidos, donde pretende iniciar el proceso para intentar regularizar su situación. En el vuelo chárter de repatriación de Korean Air, procedente de Atlanta, también han viajado 10 ciudadanos chinos, tres japoneses y un indonesio detenidos.
El jueves, el presidente surcoreano elevó el tono y advirtió de que el incidente ha dejado a las empresas de su país en una situación de “extrema confusión” que puede “afectar seriamente” a los planes de “inversión directa en Estados Unidos”. Lee recordó que es una práctica habitual que las compañías surcoreanas envíen personal para poner en marcha sus fábricas en el extranjero. El Ministerio de Exteriores surcoreano ha pedido al Congreso estadounidense que apoye la creación de un nuevo tipo de visado para este fin. “Si eso ya no está permitido, levantar plantas de producción en Estados Unidos será cada vez más difícil y las empresas se preguntarán si merece la pena”, deslizó Lee durante una rueda de prensa.
Sus palabras caen como un jarro de agua fría y llegan unas semanas después de que Seúl pactara con Washington un paquete inversor de 350.000 millones de dólares a cambio de una rebaja arancelaria del 25% al 15%, un acuerdo que aún está pendiente de concretarse y sobre el que ahora acechan nubarrones.
