Javier Milei ha vetado este jueves, al filo del plazo legal, una ley aprobada hace diez días por el Congreso que fijaba nuevas reglas para el reparto de los llamados Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que reciben las provincias. La decisión es una nueva escalada en la disputa que mantiene el presidente ultraderechista con los 24 gobernadores argentinos, todos opositores.
Esta misma semana, luego de la derrota del partido de Gobierno en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, Milei había conformado una mesa de diálogo con los gobernadores en un intento por sumar apoyos que garanticen la gobernabilidad. El veto es un claro paso atrás en esa estrategia. La oposición en el Senado, cámara de origen de la ley, ya advirtió que tiene los dos tercios de los votos necesarios para anular la decisión presidencial la semana próxima. Si los diputados siguen sus pasos, Milei no tendrá otra opción que promulgar la norma.
El presidente ya había advertido que vetaría cualquier ley que supusiese un aumento del gasto del Estado y pusiese en riesgo el superávit fiscal. El miércoles, anuló una norma que otorgaba fondos a la atención pediátrica —un reclamo que creció tras el desfinanciamiento del Hospital Gárrahan, el más avanzado y grande del país— y otra que aseguraba dinero extra para las universidades públicas. Ambas leyes atendían el reclamo de dos sectores sensibles, especialmente golpeados por los recortes de presupuesto impulsados por Milei para reducir el déficit. La ley de los ATN, en cambio, no suponen un gasto extra, pero el presidente la interpretó como un “apriete” de las provincias, que consideran que el Gobierno nacional se está quedando con impuestos que recauda en nombre de las provincias y no reparte.
El dinero que reciben las provincias se rigen por una ley de coparticipación federal que no se ha tocado. La nueva norma afecta solo a los fondos que el Gobierno central puede repartir en forma discrecional para atender catástrofes o emergencias presupuestarias en las provincias. La nueva ley establece, en cambio, que su reparto debe ser automático. El argumento es que no pertenecen a la Nación. Los gobernadores sostienen que buena parte del superávit fiscal que tanto celebra Milei se hizo demorando esas transferencias.
Pese a los recortes presupuestarios, las provincias acompañaron con los votos de sus senadores las primeras leyes de desguace del Estado que Milei pidió al Congreso. Pero pronto los gobernadores se sintieron traicionados con el presidente, que además de no cumplir con sus promesas de financiamiento, suspendió totalmente la obra pública nacional, una de las principales fuentes de empleo en sus distritos. La relación se rompió definitivamente cuando la ultraderecha decidió ir a las elecciones legislativas nacionales de octubre con candidatos propios y rechazó cualquier alianza con los jefes territoriales, incluso los aliados.
Tras la derrota en Buenos Aires por más de un millón de votos frente al peronismo, pareció que Milei se abriría al diálogo. Esta semana formó una “mesa federal” y resucitó el ministerio de Interior, a cargo de la relación con las provincias. Los gobernadores esperaban que, como gesto de buena voluntad, el presidente no vetaría la ley de reparto de los ATN. Se equivocaron.
Ya por la tarde, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aclaró que no habría cambio de rumbo alguno. “ATN se veta. Pero no es un capricho que se nos ocurre a nosotros”, dijo Adorni. El argumento no fue el desequilibrio fiscal, sino que la ley privaba al Estado nacional de “una herramienta de acción inmediata frente a emergencias y desequilibrios financieros que requieren decisiones rápidas”.
El primer gobernador en repudiar el veto fue el de La Pampa (centro), Sergio Ziliotto, del peronismo opositor. “Por más que repitan su relato, esta ley no afecta el supuesto equilibrio fiscal. Son recursos que legítimamente pertenecen a las provincias y que el Gobierno nacional retiene y se apropia de forma ilegal”, escribió en las redes sociales.
El Senado tiene la intención de rechazar el veto en la próxima sesión, prevista para el 18 de septiembre. Un día antes, la cámara de Diputados intentará hacer lo propio con el veto de Milei a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica.
