Keir Starmer tiene una extraña relación con Israel, la causa sionista, la lucha contra el antisemitismo y la defensa de la legalidad internacional. Hasta el punto de que sus acciones son, también, contradicciones que no acaban de convencer a nadie, y que han logrado irritar a muchos militantes y diputados laboristas. Es capaz de decretar un embargo de venta de armas, bajo la sospecha de que el Gobierno de Benjamín Netanyahu las usa en Gaza en contra del derecho internacional, y a la vez defender el derecho de Israel a dejar a los palestinos sin agua ni electricidad. Convoca a la embajadora israelí en el Reino Unido, Tzipi Hotovely, para expresar su repulsa al intento anexionista de Cisjordania, y celebra el procesamiento judicial de un grupo de rap, Kneecap, que ha cometido la osadía de desplegar la bandera palestina en un concierto. Anuncia su intención de reconocer al Estado palestino, con la carga simbólica que un gesto así arrastra, y no tiene empacho en detener a más de 700 ciudadanos por expresar su apoyo en la calle a la organización Acción Palestina.
Ha sido este último movimiento el que ha llevado a muchos críticos, en el Parlamento, en las organizaciones humanitarias, en el ámbito del derecho y desde espacios intelectuales, a acusar a Starmer —ahora más debilitado por la dimisión este viernes de su hasta ahora número dos en el Gobierno, Angela Rayner— de una deriva autoritaria y de un cierto recorte de las libertades.
“El problema específico de Starmer es que decidió seguir muy pronto de modo muy intenso a Israel en su recorrido por una senda oscura. Ha sido el único líder occidental, incluso antes de llegar a ser primer ministro del Reino Unido, en defender en público que Israel tenía derecho a poner en marcha un cruel asedio de los palestinos, que ha acabado conduciendo a una hambruna. Y ha permitido que la cooperación militar entre Israel y el Reino Unido florezca durante este genocidio”, señala con rotundidad a EL PAÍS el escritor Pankaj Mishra, cuyo reciente ensayo El Mundo Después de Gaza (Editorial Galaxia Gutenberg) ha descrito el modo en que Occidente se ha alejado del resto del mundo a la hora de afrontar la tragedia de Oriente Próximo. “Me temo que el Gobierno de Starmer será cada vez más autoritario e intentará suprimir a todo aquel que señale su complicidad con los asesinatos masivos”, añade Mishra. “Nos encontramos en una situación peligrosa, y no exagero cuando digo que Gaza ha convertido a la democracia británica en un rehén de las acciones de Israel (…) Se condenarán incidentes concretos, pero no cambiará la política de apoyo a Israel, y los manifestantes se encontrarán cada vez con una mayor brutalidad como respuesta”, advierte con resignación.
Dudas con la organización, no con las detenciones
El Gobierno laborista de Keir Starmer decidió a principios de este verano que Palestine Action (Acción Palestina), responsable de multitud de actos de sabotaje contra intereses israelíes en el Reino Unido, fuera catalogada como terrorista, y se aplicaran a sus miembros y a todos los que la apoyaran condenas mucho más duras que las de un mero delito de daños a la propiedad pública o privada, o de sabotaje, como se ha achacado a la organización.
A mediados de junio, dos de sus activistas traspasaron las vallas metálicas de seguridad de la base aérea militar de Brize Norton, la mayor del Reino Unido, y condujeron sus motocicletas eléctricas hasta dos aviones de transporte y reabastecimiento de combustible Voyager KC. Con ayuda de extintores rellenados de pintura, tiñeron de rojo los motores de las dos aeronaves, y provocaron algunos daños en su estructura con unas barras de hierro. Todo fue grabado convenientemente y difundido en las redes.
En la primera manifestación de apoyo al grupo, celebrada ante el Parlamento británico, la policía detuvo a más de 700 personas que expresaron su apoyo público a Acción Palestina. Varias decenas de ellas superaban los 70 años.
Algunas voces, como las de la escritora Sally Rooney, el guionista y cineasta Paul Laverty -el esposo de la directora Icíar Bollaín, arrestado el 25 de agosto en Edimburgo por vestir una camiseta que denunciaba el genocidio palestino- o el escritor Ronan Bennet, han cargado con dureza contra Starmer, y le han acusado de un recorte de libertades.
Otros, desde espacios más moderados y hasta conservadores, pueden defender que se catalogue como terrorista a una organización que ha causado daños considerables a espacios considerados de seguridad nacional, pero muestran su rechazo al exceso que supone la detención de todo aquel que -equivocadamente, según ellos-, quiera expresar su apoyo pacífico a los activistas de Acción Palestina.
“O bien están confundiendo el apoyo a Acción Palestina con el apoyo expreso a la causa palestina, o están respaldando de modo deliberado a un organización violenta y totalitaria en vez de implicarse en un debate democrático. Actúan de un modo estúpido, pero la estupidez no es una buena razón para encarcelar a la gente”, razona para EL PAÍS el abogado y ex magistrado del Tribunal Supremo Jonathan Sumption. “No estoy de acuerdo con la detención de aquellos que apoyan de modo pacífico a Acción Palestina, pero me temo que la ministra del Interior no tiene otra opción. Bajo la Ley Antiterrorista, se trata de una consecuencia automática derivada de la decisión -que considero acertada- de catalogar a la organización como terrorista. Es una ley defectuosa, pero no es una ley aprobada por este Gobierno”, señala Sumption. Considerado por muchos la mente jurídica más brillante del Reino Unido, su reciente artículo en el que acusa a Israel de llevar a cabo un crimen de guerra con su castigo colectivo a los gazatíes ha removido muchas conciencias en el país.
Algunos de los más críticos con Starmer buscan incluso razones psicológicas o personales que expliquen sus contradicciones, como el hecho de que su esposa, Victoria Starmer, sea judía, o que su ascenso al liderazgo del Partido Laborista fuera, entre otras razones, la consecuencia de su insistente lucha por erradicar el presunto antisemitismo que anidaba en las filas de la formación bajo el mandato de Jeremy Corbyn.
Resulta paradójico que el mismo abogado especializado en derechos humanos que defendió a los activistas que hace 20 años se infiltraron en una base aérea para intentar desactivar los bombarderos destinados a Irak, con el propósito de evitar una guerra ilegal, sea hoy el primer ministro que utiliza mano dura contra las acciones de sabotaje de Acción Palestina. Los defensores de Starmer ven sin embargo a un político pragmático y realista que se maneja de modo ágil en el espacio de la legalidad, como la única vía para encontrar soluciones a problemas concretos.
En el caso de Acción Palestina, que fue designada organización terrorista en el mismo decreto en que se ilegalizaba también al grupo supremacista blanco del Culto de los Asesinos Maniáticos, o a la banda etno-nacionalista Movimiento Imperial Ruso, la estrategia de Starmer ha podido acabar siendo un error en el que principal perjudicado sea el propio Gobierno laborista.
