La noticia de esta semana en El Salvador es que las peluquerías están abarrotadas. Se ha vuelto viral, con videos y memes sobre ello inundando las redes sociales. Hay una razón: el presidente, Nayib Bukele, nombró a una militar como ministra de Educación, y su primera orden ha sido que todos los niños y adolescentes deben presentarse a estudiar con la mitad de la cabeza rapada, su uniforme pulcro y decir “gracias” y “por favor” ante los adultos. Quien no lo haga —o los maestros que no lo hagan cumplir— pagará las consecuencias, ha dicho en un comunicado.
La noche del jueves 14 de agosto, Bukele anunció a través de su cuenta en la red social X un nuevo paso en la militarización de su Gobierno y nombró a la capitana Karla Trigueros al frente de Educación. “Su misión será preparar a las futuras generaciones para enfrentar con éxito los desafíos del mañana y alcanzar los más altos estándares de calidad que demandará el nuevo El Salvador que estamos construyendo”, escribió Bukele. Un día después, la militar apareció en fotografías, de uniforme, abrazando niños en las escuelas. Al cuarto día dio su primera orden.
La capitana Trigueros debe colaborar, según Bukele, en la erradicación a las pandillas. Una guerra que se libraba con los militares en las calles y que ahora llega a las escuelas. Para muchos, sin embargo, no es más que la justificación de la militarización de la educación pública.
“Dicen que están implementando medidas antipandillas, pero las pandillas son una consecuencia de la corrupción y las violaciones masivas a derechos humanos cometidas durante los gobiernos militares. Parece que el presidente Bukele no teme repetirla”, afirmó Noah Bullock, director de Cristosal, una reconocida organización defensora de los Derechos Humanos.
Desde la llegada de Trigueros al ministerio, los directores de cada escuela pública en El Salvador son obligados a recibir alumno por alumno para supervisar cada día su buen vestir y sus modales, orden y disciplina. Cientos de estudiantes han sido rechazados en la puerta de su institución y enviados a cortarse inmediatamente el cabello.
Consultados vía telefónica, seis maestros del sistema público coinciden en que las medidas podrían aumentar el orden y disciplina en las escuelas en las que se había perdido. Pero también coinciden en que no consideran necesario nombrar a una militar como ministra de Educación.
“Esto no es estrictamente nuevo. Pedir a los padres que lleven a sus hijos con el uniforme limpio y un corte de cabello adecuado es una medida de siempre. Lo que está haciendo el Gobierno ahora es amenazar con que, si no se cumple, el alumno va expulsado y el maestro pierde su plaza”, explica un profesor que imparte clases en el municipio de Cuscatlán, en la zona paracentral de El Salvador, bajo condición de anonimato por temor a ser despedido. “Lo nuevo es que ahora la educación va a ser bajo amenaza, bajo la bota militar”.
“En nuestro caso, la escuela está en reconstrucción y estamos impartiendo clases en un local prestado, una casa comunal. La calle para llegar a la escuela es de difícil acceso porque está llena de lodo. Los niños difícilmente llegan limpios. Pero no por eso los dejamos sin recibir clases”, dijo Juan Carlos Ortiz Ascencio, director del centro escolar Colonia Tazumal, en el occidente del país.
¿Pandillas en las escuelas?
El nombramiento de la capitana Trigueros se da tras casi un año en el que el Gobierno de Bukele ha amasado la idea de que su guerra contra las pandillas se ha extendido de las calles a las escuelas. Esta narrativa empezó en abril de 2024, cuando los directores recibieron la indicación de crear fichas de los alumnos que presentaran conductas “antisociales”, lo que fue interpretado por muchos como una extensión de los miles de fichajes policiales que han terminado en capturas arbitrarias.
El 2 de mayo, el ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, anunció la captura del primer alumno, Anthony C., de 17 años, por tener en sus cuadernos dibujos alusivos a la pandilla MS-13. “Otro joven que no ha sabido leer los tiempos y entender que en este país, pueblo, Gobierno y Estado ya no vamos a tolerar a ninguna organización terrorista”, escribió. El alumno fue enviado a prisión.
Dos semanas después, el 16 de mayo de ese mismo año, Villatoro anunció el arresto de seis alumnos más, cuatro de ellos menores de edad, por haber orquestado una pelea dentro de su escuela. “Todos serán procesados por el delito de desórdenes públicos”, dijo el ministro. Los alumnos fueron enviados a prisión.
El pasado 24 de junio, las autoridades capturaron a 48 alumnos de al menos cinco instituciones públicas acusadas de intentar conformar una pandilla presuntamente llamada La Raza Estudiantil. La Fiscalía los acusó de los delitos de agresiones sexuales, consumo de drogas y agresiones físicas hacia sus compañeros de clase sin presentar ninguna prueba. Y los alumnos fueron enviados a prisión.
Nadie es inocente hasta que se demuestre lo contrario
Las detenciones arbitrarias y sin pruebas no son una excepción, sino una norma de la “guerra contra las pandillas” que Bukele sostiene desde marzo de 2022. Luego de tres años gobernando con un régimen que limita derechos fundamentales, organismos defensores de derechos humanos han denunciado miles de detenciones injustificadas, violaciones y torturas dentro de las cárceles y violaciones al debido proceso. En el régimen de Bukele, nadie es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
A principios de agosto, la Asamblea Legislativa, controlada por Bukele, anunció una reforma al Código Penal que permitirá mantener por dos años más en prisión a todas las personas detenidas bajo el régimen de excepción, lo que significa que decenas de miles de personas pasarán al menos cinco años en la cárcel sin haber sido condenadas.
El nombramiento de la capitana Trigueros a la cabeza del ministerio de Educación no es el único uso que Bukele le ha dado a las fuerzas armadas. Desde su llegada al poder, el mandatario ha mostrado una marcada tendencia por el militarismo. Es usual que publique videos con miles de soldados perfectamente alineados: los ha empleado para repartir paquetes con alimentos, para manejar autobuses de transporte colectivo luego de apresar a los empresarios y confiscado sus unidades, para tomarse la Asamblea Legislativa y hasta para combatir una plaga de langostas.
