Pasado el trago del controvertido pacto arancelario sellado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la Comisión Europea no se decide a abrir el siguiente frente comercial de envergadura que tiene pendiente: la ratificación del acuerdo de libre comercio con Mercosur. Han pasado más de ocho meses desde que su presidenta, Ursula von der Leyen, viajara a Montevideo para firmar el pacto político con los presidentes de los cuatro Estados que integran el bloque (Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil), pero los textos legales para que empiece el proceso de ratificación no llegan. El pacto, presentado como “una necesidad política” por Von der Leyen, constituye un paso clave en la estrategia que el Ejecutivo europeo ha diseñado para amortiguar el impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos.
“En unos días”, contestó de forma vaga la portavoz jefe de la Comisión Europea, Paula Pinho, el último día de junio al preguntarle cuándo iba a ponerse en marcha el proceso, que empieza por enviar los textos legales a los colegisladores de la UE, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE. Pero han pasado casi dos meses y todo sigue igual. La respuesta en los últimos días ha sido, incluso, menos comprometida. Ya no da la impresión de un horizonte temporal cercano.
No hay explicaciones acerca del motivo del retraso. “Esperábamos que los textos salieran en julio y se pusiera en marcha el proceso”, explica una alta fuente europea no presente en Bruselas que deduce que el retraso está vinculado a la duración más allá de lo previsto de las conversaciones arancelarias con Washington.
Lo que sí advierten varios conocedores de los engranajes de las instituciones europeas es que la demora amenaza con que no se cumpla el calendario marcado en principio: lograr la ratificación provisional antes de acabar este año para que entre en vigor, al menos parcialmente, antes de lograr el sello individual de los 27 Estados miembros. “Sigamos adelante y firmemos el acuerdo con Mercosur a finales de año”, instó el presidente del Consejo Europeo, António Costa, a comienzos de julio ante el Parlamento Europeo.
Hacerlo sería el avance más importante en la estrategia que ha diseñado Bruselas para aliviar las consecuencias de la subida arancelaria en Estados Unidos. Esa estrategia pasa por diversificar mercados y lograr acuerdos comerciales con otros países y regiones del mundo. Y Mercosur es el bloque comercial más grande del mundo tras la UE. Un mercado de 270 millones de personas que, sumado a los más de 400 millones de la Unión, superarían los 700 millones. Hay otras negociaciones en el horno: Indonesia, Australia, India… Pero ninguna supera la ambición de Mercosur por su contenido o por la dimensión del mercado.
“Creemos en un mundo de colaboración. España y Uruguay apoyan el acuerdo con Mercosur, vamos a crear un área de libre comercio con 700 millones de habitantes”, argumentó abiertamente el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en su reciente visita a Montevideo. “Es la mejor manera de protegernos del conflicto comercial”, añadió, cuando todavía estaba abierta la guerra arancelaria con Washington.
No solo está la dimensión económica del acuerdo; también está la geopolítica. La UE apuesta por el multilateralismo y el mundo basado en reglas. Es un camino distinto al que ha emprendido Estados Unidos, asentado en relaciones bilaterales en las que el más fuerte impone sus intereses a los del resto. Llegar a pactos con Brasil (el gran país de Mercosur) o Indonesia, e intensificar las relaciones con Canadá, Japón o Corea del Sur forma parte del plan para reducir la dependencia del gran aliado tradicional tanto en el campo comercial como en el diplomático.
Lo que sucede es que incluso la ratificación provisional —la definitiva llega cuando todos los países le dan el visto bueno— que permita una entrada en vigor parcial, como sucedió con el CETA, el acuerdo comercial con Canadá, no va a ser sencilla de lograr. La Comisión y los principales partidarios de sellar el pacto político alcanzado en diciembre, como Alemania y España, tendrán que emplearse a fondo.
Francia se ha opuesto hasta ahora frontalmente. En París sentó muy mal que Von der Leyen viajara a Montevideo cuando cayó el Ejecutivo del ex primer ministro Michel Barnier. Se vio como una jugarreta que aprovechaba un momento de debilidad. Su sucesor, François Bayrou, también dejó claro su rechazo y no le sirve el argumento de la diversificación ni el nuevo escenario geopolítico, pese a que Francia es el principal baluarte de la “autonomía estratégica” europea.
No obstante, en una conversación telefónica con su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente francés, Emmanuel Macron, se manifestó la semana pasada dispuesto a dar su visto bueno al acuerdo que por ahora ha venido frenando: “Siempre y cuando preserve los intereses de nuestra agricultura francesa y europea y beneficie a nuestras respectivas economías”, subrayó en X. De Polonia, donde también hay sector agrícola muy influyente, no se espera la luz verde.
El fiel de la balanza lo constituye Italia. De posición dudosa al principio, Roma ha ido inclinándose por el sí. “Sí al Mercosur, pero protegiendo nuestra producción agrícola”, declaró el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, el mes pasado. “Somos conscientes de la gran importancia política y económica del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Mercosur”, defendió quien fuera mano derecha del fallecido Silvio Berlusconi.
También Países Bajos puede jugar un papel importante. Antes del pacto de diciembre, su Parlamento se posicionó en contra, pese a que Holanda es un país tradicionalmente partidario del libre comercio. No obstante, es difícil predecir la posición final de La Haya porque hay elecciones parlamentarias a finales de octubre y la situación política es de enorme inestabilidad.
A la batalla del Consejo se sumará la de un Parlamento Europeo mucho más impredecible en esta legislatura. “Seguimos esperando a que la Comisión presente formalmente los textos jurídicos”, lamenta la portavoz en asuntos de Comercio del grupo liberal, Renew, Marie-Pierre Vedrenne. “Es fundamental que dispongamos de tiempo suficiente para examinar a fondo los textos antes de cualquier votación”, añade la francesa, anticipándose a cualquier presión que pueda llegar a la Eurocámara una vez se publiquen los textos. Y advierte: “Muchos grupos políticos están divididos con respecto a este acuerdo”.
El grupo popular es, sin duda, el que tiene más partidarios, como esgrime el eurodiputado sueco Jörgen Warborn, portavoz conservador de la materia. Subraya que Mercosur “es necesario” y vuelve a poner sobre la mesa el argumento geopolítico, no solo el comercial.
La postura del presidente de la Comisión de Comercio en el Parlamento, el socialdemócrata Bernd Lange, es más institucional y comprensiva con el Ejecutivo de la UE. Señala que los textos legales deben traducirse a 24 lenguas y revisarse jurídicamente. Espera que los debates, especialmente los agrícolas, se basen “en hechos y cifras y una revisión de las oportunidades que ofrece el acuerdo”. Sobre el resultado final, este veterano eurodiputado alemán cree “posible convencer a la mayoría del Parlamento de sus beneficios”. Su optimismo es compartido por muchos, aunque también creen que será difícil: de los tres grupos ultras se espera oposición, si bien en algún caso no será unánime. También Los Verdes han mostrado su rechazo; y lo mismo ha hecho La Izquierda.
