La segunda presidencia de Donald Trump estará marcada, entre otros factores, por la amenaza de colisión del poder ejecutivo y el poder judicial, con tantos reveses como espaldarazos de los tribunales a la agenda de decretos del mandatario y la continua presión de la Casa Blanca sobre la independencia de los jueces. Una corte federal de apelaciones ha dejado sin efecto este miércoles la orden de un juez que obligaba al Departamento de Estado de Estados Unidos a seguir realizando pagos en distintas partidas de ayuda exterior. Dicha orden judicial había supuesto un revés para el presidente Donald Trump, subsanado hoy por el fallo de la corte federal.
En una decisión de 2 a 1, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia ha fallado que el tribunal inferior cometió un error al ordenar a la Administración republicana que restableciera los pagos de ayuda exterior que habían sido aprobados previamente por el Congreso.
Trump impuso una pausa de 90 días en toda la ayuda exterior el 20 de enero, el mismo día que tomó posesión de su segundo mandato presidencial. Su orden ejecutiva fue seguida de medidas terminantes para desmantelar Usaid, siglas en inglés de la agencia de Estados Unidos para el desarrollo y tradicional punta de lanza de sus intereses en el exterior. Entre esas medidas para desbaratar Usaid se incluyeron el despido de gran parte de su personal y la posibilidad de integrar la agencia, antes independiente, en el Departamento de Estado.
Dos ONG que recibían financiación federal, AIDS Vaccine Advocacy Coalition y Journalism Development Network, interpusieron una demanda alegando que la congelación de fondos de Trump era ilegal y el juez federal de distrito Amir Ali, nombrado por el presidente demócrata Joe Biden, ordenó a la Administración de Trump pagar casi 2.000 millones de dólares en ayudas pendientes a sus socios humanitarios en el extranjero.
Hasta este miércoles, cuando, en nombre de la mayoría de dos jueces, la jueza Karen Henderson afirmó que las ONG demandantes “carecen de motivos para presentar sus reclamaciones” y, por lo tanto, no cumplen los requisitos para una orden judicial. Henderson, que fue nombrada para el tribunal de apelación por el republicano George H. W. Bush, dijo que el tribunal no había abordado la presunta inconstitucionalidad de la congelación de la ayuda exterior, al supuestamente infringir el poder de gasto del Congreso.
A la opinión de Henderson se sumó la de otro juez nombrado por Trump, frente al disenso de una jueza designada por Biden, que subrayó que sus dos colegas estaban permitiendo con su fallo que la Administración republicana ignorara la ley federal y, más grave aún, la separación de poderes consagrada en la Constitución. “La facilitación por parte del tribunal del comportamiento ilegal del Ejecutivo desbarata el sistema cuidadosamente elaborado de poderes controlados y equilibrados que sirve como la mayor garantía contra la tiranía: la acumulación de autoridad excesiva en una sola rama”, ha escrito la jueza Florence Pan sobre la amenaza que se cierne sobre el tradicional sistema de checks and balances, o frenos y contrapesos, sometido a una aguda presión por la segunda Administración de Trump. La de Pan no es la única opinión de la magistratura de este tenor sobre la acumulación de poder por parte del presidente, que con su modo de gobernar por decreto, y sus frecuentes choques con los jueces, ha abocado a la judicialización, si no de la política, sí de su mandato.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ha celebrado la sentencia del tribunal de apelaciones y afirmado que el Departamento de Justicia, que dirige, “seguirá protegiendo con éxito las competencias presidenciales fundamentales frente a la extralimitación [del poder] judicial”.
