Consciente de que este puede ser su último verano en el cargo, el primer ministro francés, François Bayrou, no se ha dado una tregua estival y durante estas semanas se ha volcado en tratar de defender sus presupuestos para 2026, cuyo debate anticipa un otoño caliente en los escaños y en la calle. La ley, que incluye 44.000 millones de euros de recortes y medidas muy impopulares como la supresión de días festivos, se presentará en el Parlamento en octubre y debería votarse a mediados de diciembre.
El Gobierno afronta así tres meses de maratón presupuestario, seguramente aliñado con movilizaciones en la calle, pues los sindicatos ya advirtieron a mediados de julio, cuando se presentó el polémico paquete, que convocarán manifestaciones de protesta. La ley deberá presentarse en la Asamblea el primer martes del mes de octubre como tarde, según el calendario del Gobierno.
En una carta enviada esta semana en tono conciliador, Bayrou invita a los sindicatos y patronal a negociar desde el 1 de septiembre para tratar de llegar a un consenso antes de que comience el debate parlamentario. Los sindicatos le han recordado que hay puntos que no son negociables, como la supresión de dos días festivos del calendario. Bayrou propuso que fueran el Lunes de Pascua y el 8 de mayo, día en que se celebra el fin de la Segunda Guerra Mundial.
El debate en la Asamblea se anticipa agitado y amenaza con hacer caer al Gobierno. La oposición, tanto la izquierda como la extrema derecha, ha advertido que no va a aceptar estos recortes tal y como están planteados. Bayrou fue nombrado primer ministro el pasado mes de diciembre tras la censura de su predecesor, Michel Barnier, precisamente por intentar aprobar el paquete presupuestario de este año. Sin mayoría ni apoyos, Barnier tuvo que invocar el artículo 49.3 de la Constitución, que permite sacar adelante una ley por decreto, sin voto parlamentario.
El actual primer ministro se ve ahora en la misma tesitura: intentar aprobarlo a la fuerza. Sus cuentas plantean un “año 2026 en blanco”, en el que se congelará el gasto y se aplicarán los recortes de 44.000 millones de euros en áreas muy sensibles, como el empleo público. El objetivo es reconducir la abultada deuda del país, que alcanza los 3,3 billones, y el déficit hoy del 5,4% del PIB. Una cifra lejos del 3% que marca Bruselas.
Hasta ahora la supervivencia del Gobierno de Bayrou ha dependido del partido de Marine Le Pen, Reagrupamiento Nacional (RN). Es la formación que más escaños tiene y hasta ahora la líder de extrema derecha se ha abstenido de apoyar las ocho mociones de censura (casi una por mes) que se han presentado contra Bayrou. Esta vez no será así: “Con la ley en este estado, es imposible no censurar al Gobierno”, señaló Le Pen, que cree que el Ejecutivo “tendría que modificar casi todo el paquete”, para contar con el apoyo de su partido.
Los diputados vuelven a sus escaños a partir del 22 de septiembre y el debate parlamentario de las cuentas empezará a mediados de octubre. La duda es si, hasta entonces, Bayrou lo suavizará lo suficiente como para ganarse algunos apoyos.
Del lado del bloque de izquierda, que integran La Francia Insumisa (LFI), ecologistas y socialistas, no parece probable. Esta semana el diputado socialista Philippe Brun, vicepresidente de la comisión de finanzas, advirtió que el Gobierno tendría que reducir los recortes alrededor de la mitad “para abrir el diálogo”. Su formación presentará un proyecto de presupuestos “alternativo a principios de septiembre”.
De momento, y antes de que los sindicatos concreten las fechas de las movilizaciones, el 10 de septiembre ya hay convocada una jornada de bloqueo en todo el país. Organizada por un colectivo ciudadano bautizado como “Bloqueemos todo”, este llamamiento empezó a difundirse por redes sociales en julio y, según Le Monde, ha captado en pocas semanas a “militantes de la izquierda radical como de la extrema derecha y grupos antisistema”.
Del lado sindical, las organizaciones se reunirán el 1 de septiembre para coordinar el calendario de movilizaciones, aunque Fuerza Obrera (FO) ha lanzado un preaviso de huelga a partir de ese mismo día y hasta finales de noviembre.
Bayrou ha aprovechado las semanas estivales para defender su polémica ley y ha creado hasta un canal de YouTube, una vía “de comunicación directa con los franceses”. Cada semana cuelga vídeos explicando sus medidas. El jueves animó a los franceses a escribirle directamente para resolver las dudas. “No permitiré que se cree un conflicto entre los funcionarios del Gobierno, los que ostentan el poder y el pueblo francés. Porque de eso no saldrá nada bueno y sé que, sin el apoyo del pueblo francés, esta tarea será imposible”.
Según un sondeo realizado por Elabe para la cadena BFM, el 66% de los franceses cree que el plan presupuestario es necesario para reducir la deuda, aunque un 60% opina que los recortes son excesivos. Hay medidas muy impopulares casi por unanimidad, como la de suprimir días festivos del calendario, a la que se opone el 75% de los encuestados.
La censura al Gobierno podría llegar antes de que de tiempo a discutir los presupuestos. El diputado de RN Thomas Ménagé insinuó que podría ser en octubre, cuando empieza los debates. LFI, partido liderado por Jean-Luc Mélenchon y mayoritario dentro del bloque de izquierdas, también ha advertido que no le va a dar ni margen para exponer su proyecto en los escaños.
Si el Gobierno cae, el presidente, Emmanuel Macron, tendría que nombrar un nuevo primer ministro. Sería el tercero en lo que va de año. Las elecciones legislativas anticipadas de julio de 2024 dejaron la Asamblea fragmentada en tres bloques irreconciliables y Macron siempre ha insistido en que no habrá un jefe de Gobierno que represente alguno de los extremos (RN o LFI).
De hecho, tanto Barnier (de Los Republicanos) como Bayrou (Movimiento Demócrata, MoDem) pertenecen al centro conservador. A partir de ahora se complica el casting. Una opción que ya se barajó es nombrar a alguien del Partido Socialista. Otra opción es disolver la Asamblea y convocar nuevas elecciones legislativas. Puede hacerlo, pues ya ha pasado más de un año desde las últimas. Aunque, dada la división, las urnas podrían llevar de nuevo al país a la casilla de salida: la del bloqueo.
