Las cuentas no salen en muchas prisiones europeas. La población carcelaria no para de crecer y el número de reclusos supera, en muchos países, al de las plazas disponibles, incrementando los conflictos en lugares ya de por sí complicados como las prisiones. Un rompecabezas cada vez más acuciante para los gobiernos. Ante esa presión, algunos países —en los últimos tiempos, el Reino Unido e Italia— apuestan por acortar las penas de reclusos no peligrosos, la medida más recomendada por los expertos. Pero la tendencia creciente de los Estados es mirar más allá de sus fronteras para recolocar a los presos que no les caben, pese a que experiencias anteriores de países como Bélgica o Noruega no dieron los resultados esperados y a las constantes críticas que generan esas medidas.
Según el último informe anual del Consejo de Europa sobre masificación carcelaria, se trata de un “problema crítico” que afecta hasta a un tercio de las administraciones penitenciarias europeas. La media está a punto de rebasar ya los límites, con una cifra de reclusos por cada 100 plazas disponibles que aumentó de 93,5 a 94,9 en solo un año (entre enero de 2023 y enero de 2024, los últimos datos disponibles). Seis Estados tienen ya, con creces, más presos que celdas: Eslovenia, con 134 reclusos por cada 100 plazas, Chipre (132), Francia (124), Italia (118), Rumania (116) y Bélgica (113). También Croacia, Irlanda, Suecia, Hungría, Azerbaiyán, Finlandia, Turquía y Macedonia del Norte superan, aunque de forma algo más moderada, la capacidad carcelaria, mientras que muchos otros están a punto de hacerlo.
“La superpoblación vulnera gravemente las condiciones de vida de la población reclusa y los esfuerzos de reinserción de las administraciones penitenciarias”, advierte el profesor Marcelo Aebi, jefe del equipo de investigación de la Universidad de Lausana que realizó el estudio.
Ante esta situación, son varios los gobiernos europeos los que creen haber encontrado una solución trasladando el problema más allá de sus fronteras: Dinamarca ha cerrado, tras años de negociaciones, un acuerdo que le permitirá reubicar hasta 300 presos en una cárcel en Kosovo, por lo que pagará 200 millones de euros durante la próxima década a uno de los territorios más pobres de Europa. Los presos trasladados serán todos de origen extranjero y, una vez cumplida su sentencia, serán devueltos a su país de origen. Kosovo exige que los presos no sean de alto riesgo ni sufran una enfermedad mental o terminal, así como que cumplan penas máximas de diez años.
Pese a no estar en los números críticos de otros vecinos, Suecia, un país donde la espiral de violencia de bandas criminales ha provocado un repunte de las condenas en los últimos años, también quiere externalizar sus presos, sobre todo los que son de origen extranjero, igual que Dinamarca. Ha elegido Estonia, uno de los pocos Estados donde la población carcelaria ha caído en los últimos años, dejando plazas libres que está ofreciendo a algunos países nórdicos (Noruega también se ha interesado, según la prensa local). El acuerdo sueco-estonio prevé el envío de hasta 600 presos a partir del año que viene, por un precio estimado de 30 millones de euros. Países Bajos también baraja Estonia como posible destino de algunos de sus presos, mientras Finlandia se ha dicho dispuesta a estudiar esa posibilidad que el Reino Unido contempló, pero finalmente descartó, el año pasado.
Hasta el presidente francés, Emmanuel Macron, ha proclamado que “no hay tabúes” a la hora de afrontar la superpoblación carcelaria. Y Bélgica, en cuyas cárceles algunos presos han tenido que dormir en colchones sobre el suelo por falta de espacio, también valora negociar con Kosovo. Aunque si hay un país que sepa que es una solución dudosa, ese es el belga: ya lo intentó la década pasada cuando, igual que Noruega, alquiló una prisión en Países Bajos, un experimento que acabó siendo cancelado al cabo de pocos años.
“Cuando los Estados han alquilado prisiones de otros países, la experiencia ha sido negativa”, zanjó hace unos días, durante la presentación del informe, Hugh Chetwynd, secretario ejecutivo del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa. Tanto en el caso belga como en el noruego, recordó, se acumularon los problemas —más allá de los altos costes— tanto a la hora de encontrar a presos dispuestos (el programa era voluntario) como al hacer el seguimiento de la sentencia (con los magistrados en otro país) o implementar programas de reinserción tan lejos de su lugar de origen y de sus familias, un apoyo clave en el proceso.
Este tipo de experimentos “no van a resolver el problema, lo que hacen es exportarlo”, advirtió Chetwynd, para quien los nuevos proyectos son más complicados aún, dado que se trata de países con diferentes estándares legales y lenguas. También cuestiona la posibilidad de no permitir el regreso a los presos extranjeros una vez hayan cumplido su pena. “Parece más bien una medida política para intentar buscar una solución rápida a dos problemas: el hacinamiento y la cuestión de los extranjeros”, apuntó.
Es puro “populismo penal”, coincide, por teléfono, Marion Guémas, directora de I.Care, una organización de enfermeros, educadores, psicólogos y mediadores que trabajan en temas de salud en las cárceles belgas. Si para Bélgica ya fue difícil la experiencia holandesa pese a la vecindad y el compartir una de las dos lenguas oficiales (el flamenco o neerlandés), intentarlo de nuevo, más lejos y con presos de origen extranjero, lo complicará más. Sobre todo, subraya, por “una cuestión de derechos fundamentales importante, aunque no parezca la preocupación principal del gobierno: sí, hay presos sin papeles. Pero no tener papeles no quiere decir que sus derechos no deban ser respetados”, subraya. Además, “que carezcas de papeles no quiere decir que no estés vinculado al país: puedes tener presa a gente que no es belga ni tiene permiso de residencia, pero que lleva años en Bélgica y tiene pareja e hijos aquí. Tienen derecho al respeto a la vida privada y familiar”, recuerda, en referencia al artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
El Consejo de Europa es taxativo a la hora de apuntar a una solución muy distinta a construir más cárceles o alquilar celdas en otros países: “Los datos sobre la duración de las penas muestran que periodos medios de detención más cortos tienden a correlacionarse con tasas de población reclusa más bajas”.
Es lo que se está planteando Italia: aplicar medidas alternativas para que hasta unos 10.100 presos, a los que les restan menos de dos años de condena y que no hayan cometido delitos graves, puedan cumplir lo que les queda fuera de la cárcel, con fórmulas como arresto domiciliario, libertad condicional o trabajos a la comunidad. También el Reino Unido ha liberado, en el último año, a casi 3.000 presos que llevaban encerrados más de cinco años y habían cumplido el 40% de su condena.
A la par que estudia la posibilidad de alquilar de nuevo una cárcel en el extranjero, Bélgica también acaba de aprobar una ley de emergencia para aliviar por otras vías la población carcelaria. La medida prevé que la cárcel será el último recurso para las sentencias de menos de tres años, mientras que se permite una liberación adelantada tras haber cumplido un tercio de una sentencia de hasta tres años, o tras seis meses si el condenado accede a llevar un brazalete electrónico.
Este tipo de medidas requieren de una voluntad política y de una reflexión de toda la sociedad sobre los objetivos que se persiguen al encarcelar. Un ejercicio costoso y complicado —con una ingente tarea legal— que muchos prefieren no realizar. Porque al fin y al cabo, ironiza Guémas, “siempre habrá una cárcel abierta”. Quizás por eso, como señalaba el presidente del CPT, Alan Mitchell, “ningún Estado miembro del Consejo de Europa ha sido capaz aún de resolver el problema del hacinamiento en las prisiones”.
